La campaña política debería centrarse en las necesidades básicas de nuestro pueblo, en lo programático y no en la mecánica electoral. Una costumbre reiterada en nuestro país es “pintar de negro al adversario” para poder brillar con luz propia, recurriendo a la mentira y a la calumnia con tal de ganar adeptos. Es decir, la campaña no es POR la propuesta programática y las cualidades del aspirante, sino CONTRA el “enemigo político”, por tanto, estimular las bajas pasiones, el odio y hasta eliminarlo de la escena política. La polarización es la consecuencia con el socorrido eslogan: Petro Castro Chavista que convertiría a Colombia en otra Venezuela, a lo que se responde desde la otra orilla: “Uribe paraco, el pueblo está berraco” con sus falsos positivos, su complicidad con el narcotráfico y sus esguinces a la ley.
En el Centro Político difuso, aparecen un conjunto de voces que van desde la llamada Coalición de la Esperanza, Alianza Verde, Nuevo Liberalismo, sectores liberales y Senadores de la U, que con muchos egos inflados también aspiran a la presidencia. Pese a los llamados a la unidad y con buenos líderes como Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo y el ex ministro Alejandro Gaviria, hoy más que nunca el panorama se enrarece pues no faltan los fundamentalismos maximalistas que descalifican a quien no es de su grupo político. Una propuesta que busque la unión debe respetar al otro, entendido como distinto y no señalamientos como: “el peor Ministro de Salud”, el neoliberal fulano y mucho menos engañar a los estudiantes universitarios con afirmaciones ligeras al señalar a la ley 30 del 92, como un experimento privatizador de la educación. Por el contrario, dando cumplimiento a la Constitución del 91, estableció la Autonomía Universitaria, las bases de financiación para la universidad pública, y creo el Sistema de Universidades Estatales (SUE), entre otros. No es casual que, a uno de los mejores candidatos para unificar el Centro izquierda se le da un portazo cuando buscaba puntos en común para ingresar a la Coalición de la Esperanza: “quiero seguir trabajando en la construcción de un centro político incluyente que represente el cambio y que, al mismo tiempo, se oponga a la agenda del Centro Democrático anclada en el pasado y a las falacias de la izquierda radical y mesiánica” (El Tiempo, 29-10-2021).
Como sería distinto el panorama si los problemas del país fueran la prioridad y no la mecánica política de viejos caciques y pequeñas ambiciones para convertir esta campaña en un debate inteligente y constructivo, con un futuro esperanzador que eduque al ciudadano y profundice sobre las cuestiones básicas de la gente: La crisis moral que vivimos, la estructura agraria que concentra en unos pocos las mejores tierras, la Paz y los Acuerdos de La Habana, el mercado laboral que incremento el desempleo, las secuelas de la pandemia, la migración, la corrupción y el narcotráfico. Con razón ya desde “La Misión de economía y humanismo (1958)” dirigida por el francés Joseph Lebret apuntaba a los problemas agrarios y la perdida de ética de la clase dirigente, que en palabras del visionario Maestro Gerardo Molina sostenía: “La clase política se conecta en cierto punto con la crisis moral que nos aflige. Cuando Gaitán hacía objeto de su cólera aquella casta, lo hacía en el convencimiento de que ella había creado una escala de valores, según la cual los hombres no ascienden por el mérito, la eficiencia y la rectitud sino por la destreza en transitar por los atajos de la corrupción y de la intriga. La crisis moral que hace treinta años estaba en lo hondo de las cavilaciones de Gaitán ha alcanzado hoy su plenitud por el desarrollo de un capitalismo que toca los lindes malolientes del monopolio y por el avance espectacular de la llamada clase emergente que esparce sin continencia sus dineros mal habidos” (1978). Muy poco podríamos agregar cuarenta años después.
El último informe del Banco Mundial “Hacia la Construcción de una Sociedad Equitativa en Colombia” (27-10-2021), enfatiza el alto nivel de desigualdad como obstáculo al crecimiento, incrementa la pauperización y descomposición social de nuestro país. “El país registra uno de los niveles más altos de desigualdad de ingresos en el mundo; el segundo más alto entre 18 países de América Latina y el Caribe (ALC), y el más alto entre todos los países de la OCDE”. Estas disparidades se inician desde la vida temprana por la carencia de oportunidades de calidad en desarrollo infantil, educación y servicios de atención médica. Las características del mercado laboral con altos niveles de informalidad, bajos salarios incrementan más las brechas sociales, que hacen de Colombia uno de los países donde la desigualdad se mantiene entre varias generaciones. También se expresa entre regiones siendo más dramática entre afrodescendientes, minorías indígenas y población rural. El COVID-19 disparo más alto las disparidades existentes y amenaza con prolongarse sino se toman medidas decisivas de política pública para mitigarlas. El cambio climático golpea a los más vulnerables y las políticas tributarias y de transferencias tienen un modesto impacto para corregir los desequilibrios sociales.
Como una expresión de la desigualdad ya comentada, en la OCDE, somos los primeros; los segundos más altos en 18 países de América Latina. El coeficiente Gini (una medida estándar de desigualdad) alcanzó 0,53 en 2019 y se incrementó al 0.54 en 2020. Para mayor comprensión, mientras en la República Eslovaca el país más equitativo con un coeficiente de Gini del 0.24, el 10 % de la población más rica gana tres veces más que el 10 % más pobre; en Colombia el 10 % de la población más rica es once veces mayor que la del 10 % más pobre. El COVID-19 empujó el coeficiente de Gini y arrastró a 3,6 millones de colombianos a la pobreza. (Ver gráfico Coeficiente Gini de Colombia, en relación con otros países y brechas de pobreza).
Las disparidades del mercado laboral hacen que el acceso a buenos empleos solo cubre al 40% de colombianos que tienen un empleo formal, una de las tasas más bajas de América Latina. Según la Gran Encuesta de Hogares del DANE (2020), 10.2 millones de personas, es decir, el 51.1% de toda la fuerza laboral tenían como ingresos el equivalente a un SMM o menos. De hecho, el 30.6% de dicha población, esto es 6.1 millones recibieron hasta la mitad del mínimo vigente ($438.900), mientras el 20.5% ganó entre medio y un salario mínimo.
El problema es más complejo cuando observamos el nivel educativo de la población laboral. El año pasado el 40% no contaba con ningún tipo de educación básica primaria, el 35% son bachilleres, el 11.2% son técnicos y tecnólogos y solo el 13.8% alcanzaron educación universitaria. Los nuevos trabajos con un alto componente de educación virtual pueden excluir a muchos, debido a la lentitud de adoptar nuevas tecnologías entre los grupos más vulnerables, situación agravada por la pandemia. El Informe sostiene que con una “clasificación de 109 entre 141 países, Colombia tiene una de las disparidades más grandes del mundo en el uso de tecnología entre grupos socioeconómicos: aunque el 73 % de las personas en el 60 % superior usa Internet, esa cifra es solo del 53 % entre los del 40 % inferior”. Todo lo cual demanda con urgencia una política inclusiva orientada a los grupos más vulnerables (población rural, afrodescendientes e indígenas).
Una mirada a las regiones ratifica la desigualdad territorial entre las más ricas y las más pobres de nuestro país. En efecto, las disparidades espaciales coinciden con altos niveles de necesidades básicas e insatisfechas cuya expresión en el caso de vivienda se evidencia cuando 5,1 millones de hogares con vulnerabilidad habitacional en Colombia, 4.4 millones se localizan en áreas urbanas. Si analizamos al sector rural la desigualdad se agrava por factores de violencia política, narcotráfico y paramilitarismo. El informe sostiene que “Colombia se encuentra entre los primeros cinco países más desiguales del mundo, en términos de concentración de tierras (Cuesta y Pico, 2020): el 81 % de la tierra privada se concentra en el 1 % superior de las fincas, el más alto entre los 15 países de la región, y significativamente más alto que el promedio regional del 52 %” (Guereña, 2017).
Los anteriores factores de desigualdad que incrementan la pobreza deben ser la base de cualquier propuesta programática que trascienda la actual campaña electoral y justificaría la necesidad de un Bloque Histórico que según Gramsci, “la clase obrera debería ser la dirigente, buscando el apoyo de otras clases o grupos subalternos. El intelectual orgánico es el partido, que al contrario de la vieja Socialdemocracia no se encierra en el economicismo, sino que subraya la importancia del momento político y, con él, la lucha por la hegemonía en el seno de la sociedad civil”. Este escrito hace un siglo, para las condiciones actuales reclama un liderazgo fresco que haga posible un cambio de estructura y un nuevo Pacto Social.
*Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia
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