En una decisión sin precedentes, el Congreso de la República aprobó en el pasado período legislativo que las pasantías o prácticas universitarias sean acreditadas o aceptadas como experiencia profesional, cuando un egresado aspire a ocupar un cargo en una determinada empresa ─esto será reglamentado por el Ministerio de Trabajo y la Función Pública─, lo que acaba de una vez por todas con la disculpa “peyorativa” de las empresas que no se les da trabajo a nuestros estudiantes porque no tienen “experiencia”.
La medida está dentro de un proyecto de ley que promueve la inserción educativa, laboral y productiva de los jóvenes ─que está pendiente de la sanción del presidente Iván Duque─ y pretende ni más ni menos que las nuevas generaciones ingresen cuanto antes al mercado laboral, quienes sin duda tienen más agilidad y herramientas que las de antes ─incluido el acceso y dominio de las tecnologías─ para el diagnóstico de problemas y la formulación de soluciones, cuando unas prácticas universitarias ─coordinados con tutores especializados─ son incluso más estructurales que el desempeño en otro cargo como profesional.
La iniciativa legislativa ─presentada por el senador John Besaile y el representante Daniel López─ va más allá al establecer que pueden acreditar estas prácticas o pasantías los estudiantes de “educación técnica, tecnológica, universitaria, educación para el trabajo y desarrollo humano, formación profesional integral del SENA”, siendo aún más audaz cuando fija que también se vale como experiencia profesional “la participación en grupos de investigación debidamente certificados por la autoridad competente (tesis de grado)”, lo que significa ni más ni menos que va a estimular el quehacer científico de los estudiantes, que actualmente descartan el trabajo de grado y prefieren asistir a determinadas horas de seminarios para poderse graduar sin ningún contratiempo.
La conciliación o unificación de los textos aprobados en Cámara y Senado acogió una proposición de José Vicente Carreño Castro (representante de Arauca) para que se distribuya equitativamente en todos los departamentos del país el 10% de incentivos y apoyos directos del Ministerio de Agricultura que con esta iniciativa se van a destinar para proyectos de jóvenes emprendedores agropecuarios.
A la proposición de Carreño se adicionó en Senado que “la reglamentación deberá observar criterios de diferenciación a favor de grupos vulnerables como los jóvenes víctimas del conflicto, las jóvenes mujeres cabeza de hogar y los jóvenes en condición de discapacidad”, lo que vendría a afianzar que ese 10% de incentivos y apoyos del Ministerio de Agricultura para jóvenes emprendedores agropecuarios tenga especial énfasis en estos grupos poblacionales, incluidos los jóvenes afrodescendientes de las distintas partes del país.
El senador John Basaile destaca además que este proyecto de ley crea un Observatorio Nacional de Juventud ─en coordinación con el DANE─ para “consolidar y unificar” la información estadística sobre este sector de la población, que permita la efectiva formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, con el fin de garantizar no solo una atención integral a los mismos, sino además proporcionar herramientas y espacios para su desempeño y aporte a la sociedad.
