María Corina Machado es la candidata única de la oposición venezolana con un triunfo arrasador. Pero está inhabilitada para postularse a cargos de elección popular durante 15 años. Ese es el gran interrogante sin resolver tras las elecciones del domingo 22 de octubre.
La primera vez que la Contraloría General de Venezuela (CGV) incapacitó a Machado fue en 2015 con el argumento de no haber incluido en su declaración patrimonial unos bonos que recibía siendo diputada. Ella lo niega. A esa acción que concluyó en el 2016 siguió otra el 30 de junio este año cuando la Contraloría, encabezada ahora por el jefe del Consejo Nacional Eectoral (CNE), Elvis Amoroso, la inhabilitó 15 años porque, según dijo, la líder de Vente Venezuela defendió las sanciones de Estados Unidos a Venezuela.
En ese momento el presidente de Colombia, Gustavo Petro se manifestó en sus redes sociales sobre la inhabilidad de Machado diciendo "es claro que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano(a)". Fue el primer cuestionamiento a Maduro tras la reactivación de relaciones.
Las inhabilitaciones políticas por vía administrativa están hoy en el centro del debate porque han sido utilizadas desde la década del 2000 para sacar de camino a los rivales políticos. Son claramente inconstitucionales y contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) por la que el Estado venezolano ya ha sido encontrado responsable internacionalmente.
La CADH consagra el derecho de toda persona a ser elegida “en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”. Dice también que toda restricción a los derechos políticos –en caso de ser el resultado de una sanción- debe ser emitida por un juez competente en un proceso penal.
La Corte lo ha señalado en dos sentencias: una, en la del político venezolano Leopoldo López, y otra en la del político colombiano Gustavo Petro. En el caso de López, las autoridades venezolanas no solo desacataron la decisión de la Corte IDH en 2011, sino que entre 2002 y 2015, la CGV inhabilitaron a 1.401 funcionarios y exfuncionarios públicos, críticos del dgobierno. Y en las elecciones del 2021 eliminó a 20 opositores de Nicolás Maduro.
María Corina Machado encuentra un escenario en el que ha entrado Estados Unidos como actor protagónico en las negociaciones de la oposición y el gobierno. El 17 de octubre Gerardo Blyde, jefe de la delegación negociadora de la opositora Plataforma Unitaria -de la que la candidata no hace parte-, confirmó que uno de los puntos del acuerdo firmado en Barbados contemplaba “una ruta para que los inhabilitados y los partidos políticos recuperaran sus derechos con celeridad”.
Dos días después, el jefe de la delegación oficialista, Jorge Rodríguez, señaló públicamente que “una persona inhabilitada no podrá participar en los venideros comicios presidenciales”, cerrando una vez más esa posibilidad. Con las sanciones de por medio en esta etapa, el tinglado de las inhabilitaciones se mueve con una candidata que supera ampliamente en popularidad al presidente Nicolás Maduro.
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