En junio de este año se tiene previsto realizar un congreso de la industria de la pornografía en Cartagena, a lo cual han reaccionado muchas personas y entidades. El alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, ha manifestado que no se les otorgarán los permisos a los organizadores del evento. De la misma forma, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, no está de acuerdo con este congreso y apoya al alcalde Duque.
Por otro lado, los promotores han manifestado que el congreso no es de pornografía, sino una “rueda de negocios” en donde se lucha contra el abuso de niños y niñas, y contra la prostitución. A esta iniciativa se han unido Esperanza Gómez y Alejandra Omaña, quienes lo apoyan diciendo que la industria para adultos merece su espacio.
Incluso Piedad Bonnett, la reconocida poeta, novelista y profesora de la Universidad de los Andes, en su más reciente columna en El Espectador se ha unido a las voces que piden que se haga el evento argumentando que la intención de prohibirlo forma parte de “un regreso a la prédica sobre la moral y las buenas costumbres, […] que asienta su visión de mundo en las creencias religiosas más anacrónicas.”
Y Bonnett tiene algo de razón, existen personas con creencias religiosas que están en contra del evento, incluso un grupo cristiano en Cartagena hizo una “arrodillatón” para pedir su cancelación. Lo que ignora Bonnett es que existen activistas y organizaciones cuyas motivaciones para estar en contra de la explotación sexual, tanto prostitución como pornografía, no están basadas en la moral cristiana tradicional. Más bien apoyan sus razones en argumentos muy bien estructurados bajo otro tipo de moral: la de los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, principales víctimas de la explotación sexual.
Por ejemplo, ¿sabe Bonnet que las personas explotadas en la pornografía también han sido explotadas en la prostitución?, ¿que la pornografía es la principal herramienta por la que se instala la cultura de la violación y la explotación sexual?, ¿que más del 80% de las escenas pornográficas contienen violencia física y psicológica hacia las mujeres?, ¿que los hombres que pagan por explotar sexualmente niñas y niños en “playas y plazas” son consumidores habituales de pornografía, y que un muy buen ejemplo de estos consumidores es Rafael Uribe Noguera?
En contra de la censura, Bonnett argumenta que “el porno existe y existirá siempre, y basta con que se regule la entrada a la feria de personas adultas.” Ese es el mismo argumento falaz de quienes pretenden regular la prostitución, pero quienes combatimos las violencias basadas en el género y la discriminación sabemos que reglamentar la violencia no puede ser la vía adecuada para combatirla. Bajo esa lógica regulemos entonces la violencia intrafamiliar, bastaría con que el marido le pegue menos duro y con menos frecuencia a la mujer.
Piedad Bonnett y quienes piensan como ella deben enterarse que Cartagena, desde que se hizo evidente la situación de explotación sexual asociada al turismo hace más de diez años, viene trabajando fuertemente en comprometer a los sectores públicos y privados para construir un entorno protector frente a la explotación sexual de niñas y niños.
Sin duda estos esfuerzos deben mantenerse, y bajo los argumentos aquí expuestos la actitud de las autoridades corresponde con las políticas públicas existentes; dicha actitud no es autoritaria ni moralista, y mucho menos moralizante. La función de las autoridades es promover y mantener ese entorno protector en el que las violencias cometidas contra estas poblaciones no sean impulsadas y toleradas para seguir enriqueciendo negocios multimillonarios que se lucran promoviendo la violencia contra mujeres, niñas y niños.
