Hay cierto consenso en admitir que la moral general es la ciencia de los actos humanos regidos por los conceptos o preceptos de deber y obligación, rectitud, libertad y escogencia, fines y medios, premio, ideal, bien, soberano bien, perfección, valor de lo verdadero y de lo bueno (axiología), razón o racionalidad, sentimiento, adecuado y otros calificativos muy cercanos entre sí. En efecto, en toda ética se da el profundo afán de sentar pautas imperativas de deber ser en los aspectos de cumplimiento; “categóricas”, diría Enmanuel Kant. En estas pautas va envuelto lo que es considerado Bueno para encauzar y dirigir al hombre en la realización personal y como miembro de la sociedad al tener en cuenta los resultados de la conducta desarrollada, las motivaciones que la impulsan y los fines alcanzados.
En lo relacionado con la imperatividad de lo ético, tenemos que es de su esencia la contingencia y la posibilidad de ser violada. Por imperativo moral debe ser evitado el desconocimiento del precepto. Es por estas consideraciones por lo que la escuela “eticista” o de la “eticidad” procura encontrar lo esencial de las exigencias en una moral material de los valores a los que debe aspirar el hombre concentrando en la fuerza del carácter, el sentido de la obligatoriedad, así como en las calidades de exigencia y validez per sé, pero con independencia de la practicidad. Cabe aquí una pregunta, ¿existe al lado de la moral general, una ética electoral? Sí, es respuesta categórica porque en materia de conformación y legitimidad de un sistema político la ética debe regir durante todo el proceso. La moral electoral es la ciencia de los actos humanos realizados para lograr la conformación del poder por medio de procesos eleccionarios limpios, transparentes, auditados y bajo un pluralismo que conduzca a fortalecer la democracia por ver en ella un producto digno de estima y siempre perfectible en calidad. La democracia hay que perfeccionarla día a día.
El hombre “elector” es un animal racional dotado de una capacidad de “entendimiento” que le permite conocer lo que está en juego en los eventos políticos disputados, pero reglados. Igualmente, el hombre elector está dotado de una “voluntad” que le permite escoger aquello que considere legítimamente conveniente, tanto para él como para la sociedad. De un elector se espera que al momento de votar sea “racional” en sus escogencias para que en el acto de optar proceda en concordancia con la naturaleza racional de que ha sido dotado a fin de que la decisión que adopte sea fruto del conocimiento intelectual y consecuencia de ser consciente de la responsabilidad ética de lo que esté en juego en la disputa. Así mismo, se espera de él que el trascendental acto ciudadano de elegir sea libre y voluntario en el sentido de ir acompañado de un esfuerzo intelectual por comprender el fin de lo que está en la baza; es decir, que al votar —acto consciente—, el depositante del voto debe proponerse como fin determinado, expresar la voluntad con miras al logro de alcanzar un fin que puede ser de interés personal, de conveniencia social o de partido, o de los tres reunidos. Se deduce que el acto de votar debe ser “responsable”, luego previsivo de las consecuencias. Debe ser “libre” y no dictado por ignorancia voluntaria. Debe ser depositado sin coacción, miedo o violencia para que pueda ser calificado de “responsable”. La amenaza que produzca miedo en el elector para determinarlo a votar en un sentido no querido por él es el resultado de una causa injusta; también lo es, por ejemplo, si se le impide votar en cualquier otra forma no deseada. El engaño, la violencia, el fraude, la suplantación de identidad y la corrupción de elector son conductas lesivas de la democracia de un país. Colombia debe erradicarlas para las elecciones locales y regionales de este año. Mejor, debe erradicarlas para siempre.
La ética electoral estudia la conducta humana del hombre que “opta” y “decide” en materia política en la conformación del poder de su país en cuanto a lo que se considere correcto o incorrecto, bueno o malo, moral o inmoral, virtuoso o perverso, deber o discrecionalidad. De esto se deduce que la ética electoral es la práctica y disciplina académicas que estudia la moral electoral de las acciones que sean relevantes para la transparencia, seriedad y rigor de los procesos electorales. La aspiración de deber-ser que se predica y exige en lo relacionado con las elecciones radica esencialmente en que se realicen de manera libre a fin de poder dictaminar si lo actuado ha sido bueno o malo, correcto o errado en la conformación del poder de una sociedad durante la disputa de lo político-electoral, área en la cual y para efectos de esta nota se emplearán indistintamente los conceptos de “ética electoral” y “moral electoral” con miras a no entrar —por razones de espacio— en disquisiciones de escuelas, doctrinas y autores.
Para el buen entendimiento de la ética electoral es conveniente situarla en las áreas propias de la moral general, esencialmente en los de la metaética, la ética normativa y la ética aplicada. Se podría intentar una aproximación, de la siguiente manera.
La metaética electoral
Estudia el origen, naturaleza y significado de los conceptos éticos y/o morales en lo relacionado con el fenómeno social y político de la conformación del poder a través de procesos y técnicas del orden eleccionario. Igualmente estudia la naturaleza de un lenguaje específico, de las afirmaciones y juicios determinados acerca de las “buenas” o “malas” elecciones; de los resultados “correctos” o “incorrectos” de las proclamaciones que deban darse; de la aplicación “exacta” de las fórmulas de conversión de votos en curules o cargos uninominales, entre tantas complejidades de lo electoral. Es decir, que el estudio debe versar sobre si se están o no valorando éticamente los procesos electorales para poder hacer afirmaciones del tipo “estas elecciones fueron transparentes”, “estas elecciones sí han legitimado el poder”, en ellas las “fórmulas electorales de conversión de votos en curules se han aplicado correctamente”. El juicio de eticidad de un evento electoral supone la confrontación moral sobre cómo fueron realizadas las elecciones (el ser) y no solo en confrontación con la normativa electoral sino también en relación con los principios admitidos por la democracia de tipo liberal (deber ser), esencialmente en lo relacionado con el problema del libre albedrío del elector sin que el analista esté obligado a hacer grandes consideraciones de neutralidad normativa o valorativa, porque la democracia de corte liberal en materia electoral es propia de países que se reclamen de la cultura occidental y hagan de ella el imperativo de ética política.
La ética normativa electoral
Con ella se procura formular normas o estándares que regulen la conducta humana del hombre elector desde el punto de vista de si ha actuado o no correctamente con relación a los principios y normativas de la democracia liberal, que son los que justifican los sistemas de normas y principios encaminados al logro de consecuencias favorables para el desarrollo de los pueblos en aspectos tan importantes como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Son estos valores los que terminan convirtiéndose en “deontología” al señalar los deberes que deben ser cumplidos para que se pueda afirmar de los obligados que han actuado moralmente, es decir, que han actuado como ciudadanos “virtuosos” en sentido aristotélico. La ética normativa electoral es “consecuencialista” en el sentido de ser teleológica por emprender la búsqueda de fines bondadosos para el sistema político-electoral democrático para que los resultados de los procesos eleccionarios le generen a la sociedad el mayor bien posible con la optimización de los valores ofrecidos por la metaética electoral no solo a los electores sino también a funcionarios y organizaciones electorales en general. Como resultado de estas tareas se verá reiterado el ideal de democracia universal en la aspiración de que los actores electorales realicen el óptimo democrático que resulte como consecuencia del bien generado en conveniencia de la sociedad y felicidad de los ciudadanos. En esta categoría no está demás decir que quedan incluidos por igual los actores enfrentados en la lucha por el poder. De los imperativos expuestos se puede afirmar que hoy en día son casi universales y categóricos para la democracia de corte liberal, aseverándose prácticamente inexistentes en las regiones de dictadura. La ética electoral en el modo de normativa aspira a hacer de los ciudadanos seres virtuosos en el cumplimiento de los deberes ciudadanos, personas apegadas a las reglas de la moral ciudadana y responsables de las consecuencias de sus actos. De esto se deduce que actuar el ciudadano de manera “correcta” en materia electoral, es lo propio de uno que sea realmente “virtuoso” por cumplir con sus deberes cívicos y ser consciente de que con su actuar se proporciona a sí mismo la excelencia personal (areté), la sabiduría política del hombre político (phronesis) y la felicidad de vivir en una polis organizada por los principios y práctica de la democracia (eudaimonia).
La ética electoral aplicada
Examina las controversias morales específicas de los eventos electorales, en los aspectos más concretos y controvertidos del quehacer en la materia, en función de una “deontología profesional”. En especial en lo que diga relación con las diversas actuaciones en los procesos eleccionarios por sus ejecutores cuales funcionarios, jurados de mesa, testigos electorales, encuestadores, escrutadores, etc. A todos ellos es imperativo aplicarles el principio de libertad de elección y rechazar toda acción que lo conculque; por ejemplo, se impone expulsar el constreñimiento a elector o a funcionario electoral debido a que todo aquello que afecte el libre albedrío del elector es inmoral, amén de delictuoso. La opción electoral debe ser, se recaba, plenamente libre y responsable dado que se trata de la deontología exigida a los actores de los eventos electorales, vistos como un conjunto de prácticas y discursos que sirvan para orientar a que se actúe de conformidad con los valores y las normas que se hayan determinado para, de esta manera, mostrar al conjunto de la ciudadanía unos valores que son de estricta referencia.
La ética profesional exigida a los actores de la actividad electoral se encuentra expresada en los códigos legales que regulan la actividad profesional, funcionarial y de las asociaciones partidistas bajo la forma de una ética normativa que ofrece principios y reglas de cumplimiento obligatorio. Desde esta óptica, la ética aplicada a lo electoral es un punto de vista de filosofía práctica o de la acción que realiza el examen de cuestiones concretas de la vida privada y pública en lo relacionado con el juicio moral que debe recaer sobre las diferentes etapas de los eventos electorales con miras a que en ninguna de ellas puedan darse conflictos éticos negativos o antivalores, como los que se están viendo en nuestro país en la fase preelectoral de octubre. En consecuencia, lo electoral debe estar guiado por la transparencia para no defraudar la confianza ciudadana en asunto tan importante como la provisión del poder. Se deduce que la ética electoral es un pilar de la democracia en tanto que con ella se guía a las distintas partes del proceso electoral con el fin de garantizar la celebración de unas elecciones libres, transparentes y honestas.
En el caso de Colombia de vieja data es clamor de la opinión pública que las elecciones sean honestas para purificar no solo el sistema político en sus diferentes aspectos, sino también las costumbres electorales en general; entonces, se deduce e impone que las elecciones de octubre estén regidas, como toda elección democrática, por principios morales que introyecten en las mentes de los ciudadanos los principios de una ética de responsabilidad para que ellos se realicen como ciudadanos ejemplares, que asumen las consecuencias previsibles de la calidad de electores convencidos de las bondades y necesidad de la preservación de los valores electorales republicanos. Pero, lo que se predica de los electores también se tiene que aplicar a los funcionarios de la organización electoral en sus dos componentes de Consejo Nacional Electoral y Registraduría Nacional del Estado Civil dado que ambos cuerpos están obligados a respetar los principios de neutralidad, imparcialidad, respeto al derecho y administración sana, técnica y eficiente. En consecuencia, cada actor de los procesos electorales debe asumir las respectivas obligaciones legales y abrazar los compromisos de rigor, frente a las posibles consecuencias de sus acciones sea en el plano individual o el colectivo. Lo había dicho Alexis de Tocqueville, el plano municipal es el que más educa al ciudadano para que este no caiga en el despotismo del poder central y es por esta razón que pedía se ampliara el sufragio a nivel municipal. En la Colombia de hoy en día el sufragio y la libertad municipal están en inminente riesgo debido a la delictuosa trashumancia electoral, delito que afecta la conformación de los poderes locales y regionales.
En las elecciones de octubre será necesario velar estrictamente para que los organismos de control, las fuerzas del orden, la organización electoral, las veedurías ciudadanas, los testigos de los partidos, los observadores internacionales y en general la propia ciudadanía protejan la vida democrática con el propósito de que la participación ciudadana sea activa, haya respeto del pluralismo, de la paz política y ciudadana, del ejercicio libre y consciente de los derechos ciudadanos constitucionales y legales así como del cumplimiento estricto de las obligaciones de este orden, en aplicación del principio de reciprocidad mediante el cual se exige reconocimiento de la pluralidad, la diversidad de opiniones y creencias, renuncia a la intolerancia y a la agresión entre partidos y candidatos; esto en razón a que la lucha política es un enfrentamiento reglado que no admite el aplastamiento de las minorías por las mayorías dado que las primeras tienen el derecho constitucional de volverse mayoría en el siguiente enfrentamiento en las urnas. Debe darse también el respeto de los resultados electorales, la tolerancia en los ganadores, el libre juego gobierno-oposición y la alternabilidad en el poder para que la contienda política sea civilizada, pacífica y sin autoritarismos que lesionen las libertades fundamentales de los colombianos en las respectivas patrias chicas.
Lo político-electoral de una disputa por el poder debe propender por el respeto de los procesos electorales, y proteger de manera especial el cumplimiento de los siguientes postulados éticos: Concebir las elecciones como algo valioso para la vida social y política del país (i); Estimular en cada elector el convencimiento de que la práctica electoral facilita el logro de la libertad, la justicia y la paz (ii); Hacer que en cada ciudadano se desarrolle el sentimiento de que lo electoral debe estar regido por la decencia y el honor, con exclusión del fraude, el engaño y la corrupción (iii); Luchar porque la acción electoral se dé en medio de prácticas honorables que aseguren la pureza (iv); Estimular en los gobernados la creencia y sentimiento de que la acción electoral es una necesidad moral para el buen logro de la institucionalidad de la sociedad política (v); Desarrollar una pedagogía que estimule en el ciudadano la conciencia sobre el valor que tiene su participación en propio bien y en el de la colectividad a la que pertenece (vi); Politizar al ciudadano para que su participación sea reflexiva, ética y responsable, así mismo politizar al candidato para que asuma el poder con plena conciencia de que lo ha logrado mediante el voto libre, responsable y reflexivo de sus electores.
En materia de lo electoral la obligación ética le exige al demócrata luchar para que se den comportamientos éticos en los distintos funcionarios, etapas y procesos del evento electoral. De esta manera: Hacer que los delegados y los fiscales electorales asuman con responsabilidad y lealtad sus funciones, sin traicionar al mandante (i); Velar porque el derecho electoral esté regido por ideas morales de igualdad, justicia, real representación, legalidad, neutralidad, disciplina jurídica y bien común (ii); Velar porque las elecciones se desarrollen sin ofensas personales, agresiones físicas o desajustes sociales (iii); Ver en los procesos electorales verdaderas justas democráticas que permitan acceder al poder sin violencia, fraude o constreñimiento de los electores (iv); Velar porque las autoridades electorales sean imparciales, honestas y garantes de la paz social y el libre juego de las ideas sin persecuciones, odios, exclusiones o menoscabo de la personalidad de los electores dado que las autoridades electorales deben actuar con honradez electoral y dignidad de funcionarios; todo esto se multiplica en mayores exigencias en el caso de los magistrados de la máxima autoridad electoral quienes deben actuar con honor, probidad, grandeza de ánimo, vocación de servicio y moralidad, altruismo, justicia, honradez y despojados de pasión partisana (v); Velar porque la participación ciudadana se realice dentro del principio de solidaridad social y de acto de moral social (vi); Exigir en los receptores de votos, miembros y jurados de mesas y colegios electorales, un sentido de alta responsabilidad, confianza y honor (vii); Velar porque el acto de la propia votación inspire confianza en el elector, le haga tomar conciencia del “peso” de su acto y le dé el sentir de estar participando en la creación de una vida social mejor; es por esto que en el votante hay que estimular un sentido de la urbanidad y la observancia de la moral social (vii). Queda muy en claro que si se llega a respetar estos principios y comportamientos éticos, el método electoral logrará el sueño de ser una de las grandes conquistas de la humanidad.
La democracia colombiana, enferma de corrupción electoral y corrupción política, debe embarcarse en la urgente tarea de hacer surgir un nuevo elector que no separe la moral de la política, para que se fortalezcan las instituciones con criterios éticos que no acepten, como ocurre hoy en día con vergonzosa frecuencia, la victoria electoral a cualquier precio como el único criterio válido en política. Frente a la ética de responsabilidad electoral no puede triunfar la falsa moral del éxito a través del atajo, el fraude, la trampa, el trasteo de votos, la compra de votos, el soborno a jurados de mesa, funcionarios y autoridades del orden electoral. Acciones estas que se constituyen en delitos y faltas electorales que lesionan los valores del sistema político-electoral colombiano, que indudablemente está en crisis ética por las dos formas más frecuentes de corrupción, la política y la electoral.
El político corrupto gana, pero hace que el país pierda. El político corrupto destruye la ética de la sociedad por el desmesurado apetito de ganar a como dé lugar, sin consideración de los medios empleados al desconocer los principios de solidaridad, justicia, igualdad, moralidad y libertad. Egoísmo, irresponsabilidad, codicia, deshonor y fraude suelen ser sus motivaciones. En materia electoral el corruptor de conciencias permite que el ciudadano ejerza su libertad, destruyéndola. El elector que vende el voto se traiciona a sí mismo y con su acto podrido arrastra la sociedad al abismo de la ilegitimidad del poder conformado a través de un evento manchado por la corrupción, la codicia y la inmoralidad. Cuando falla tanto la ética política como la electoral, se llevan consigo la sociedad al desastre no solo en asuntos de moral social sino también en numerosos aspectos de la vida en comunidad porque ambas son enfermedades que muy rápido hacen metástasis a todo el sistema. Para las elecciones de octubre en las etapas previas y posteriores estemos muy atentos y prontos a denunciar los actos de corrupción política y electoral de que tengamos conocimiento. En ello nos va el rescate de una democracia que se hunde cada vez más en el cieno de lo inmoral y lo delictuoso. Se trata de una urgencia.
