La medida de aseguramiento ordenada por la Sala de Instrucción de la Corte Constitucional contra el expresidente y senador Álvaro Uribe ofrece muchas interpretaciones y enfoques, unos más objetivos que otros.
La acción judicial es considerada por algunos como una movida de ciertos núcleos de poder para hacer a un lado un personaje que se tornó incómodo y una especie de rueda suelta en el mecanismo de dominación política hegemónico. Una ficha generadora de mucho ruido. Bien puede ser que sectores de la elite norteamericana, europea y colombiana estén coincidiendo en tal decisión como lo indica la fuerte incidencia del expresidente Santos, dueño de un importante espacio de poder en las palancas centrales del régimen político colombiano y en el campo político nacional.
No creo que exista un control absoluto de la determinación de los magistrados de la corte como para inferir que los jueces actúan como simples marionetas de agentes subrepticios de las cúpulas dominantes en un enfoque que refleja una visión instrumental del Estado.
Un análisis así desconoce la trascendental acción histórica, política y judicial del senador Iván Cepeda, de otros dirigentes políticos como Gustavo Petro, y la movilización de importantes núcleos de la sociedad y de las víctimas de la violencia paramilitar y militar orquestada por Uribe Vélez y su rosca asesina.
Adicionalmente, se debe considerar la tendencia prevaleciente en la sociedad en la actual coyuntura nacional. La medida de aseguramiento contra Uribe está encadenada a un conjunto de eventos de gran impacto en el curso histórico de la nación. Desde el 2018 hace presencia en la vida pública un actor multitudinario muy potente que desbarajustó y desarticuló los esquemas seculares de la dominación oligárquica.
Me refiero a la votación de los sectores alternativos e independientes en la elección presidencial del 2018, que alcanzó los 12 millones de votos; al formidable apoyo por la consulta anticorrupción, que obtuvo casi 13 millones de sufragios; al gigantesco paro cívico del 21 de noviembre del 2019, que puso en jaque al gobierno de Iván Duque, resquebrajando su capacidad de gobierno; y a los impactos del proceso de paz. También se debe anotar que la amplia campaña por redes con el documental Matarife ha sido un factor decisivo en lo que está ocurriendo contra Uribe.
Por eso resulta un error banalizar o subestimar la determinación judicial de la corte que afecta a Uribe Vélez, a quien le esperan más de 62 procesos penales por su presunta implicación en la muerte de Jesús María Valle Jaramillo, un destacado líder antioqueño de los DD. HH.; las masacres del Aro y La Granja; la organización, junto a su hermano Santiago, del grupo paramilitar los 12 apóstoles, y otros temas más complejos.
La propia ejecución de la detención domiciliaria en la hacienda El Ubérrimo admite la realización de una amplia campaña política de denuncias para impedir las maniobras y artimañas del encausado, que podría pretender alterar pruebas, escaparse con abogados tramposos y con acciones violentas realizadas por los pistoleros de las bandas fascistas (que han mostrado su poder de juego en días recientes desde lujosas camionetas). Hay que impedir que Uribe convierta El Ubérrimo en un lugar como La Catedral de Pablo Escobar o en el Ralito de los paramilitares, desde donde urdieron toda clase de acciones criminales.
En ese trazo hay que entender la iniciativa planteada por el presidente Iván Duque y el uribismo más virulento para pasar a un ataque ofensivo contra el poder judicial. Tanto Duque como la senadora Paloma Valencia han perfilado iniciativas encaminadas a sustraer a Uribe de la red judicial que lo atrapó, tal vez por varias décadas, con sus contundentes fallos judiciales. Ciertamente este caso se prolongará por años y repercutirá en una recomposición de las fuerzas políticas por la crisis terminal que puede sufrir el uribismo como una “pieza política” de la ultraderecha que ha sido parte estructural de la dominación política oligárquica, heredera de los sectores más regresivos de la historia colombiana (hegemonía conservadora, leopardos, laureanismo, chulavitas, ospinismo, alvarismo).
La constituyente judicial de la senadora Paloma Valencia es un recurso desesperado que pretende una ingeniería fascista del sector judicial del Estado para crear una sola corte y eliminar la JEP, en la idea de facilitar la impunidad de los cerebros de la violencia que ha dejado casi nueve millones de víctimas, casi medio millón de muertos y cientos de desaparecidos. Todo como consecuencia de la acción de los grupos paramilitares y de los militares.
La constituyente uribista es un complemento de las medidas autoritarias expedidas al amparo de la reciente emergencia que otorgó facultades extraordinarias al presidente Duque para afrontar la crisis sanitaria y económica derivada del coronavirus. De lo que se trata es de consolidar un régimen dictatorial para bloquear la emergencia popular que busca cambios de fondo en la sociedad.
Frente a tal proyecto es que proponemos retomar la iniciativa de convocar una constituyente soberana para la paz que recupere los contenidos avanzados del acuerdo alcanzado para terminar el conflicto con las Farc, como expresión de la resistencia agraria y popular. Una constituyente de esas dimensiones debe retomar cada uno de los ejes centrales del tratado de paz y plantearse una profunda reforma del Estado para construir un nuevo modelo político acorde con las demandas democráticas de la sociedad.
Una constituyente por la paz debe proyectar un nuevo régimen estatal que recoja aspectos como los que sugiere Javier Tolcachier en su columna Hacia un nuevo paradigma de Estado. Según el autor, “los futuros Estados deben poner en duda y contrarrestar la concentración de la riqueza, que indudablemente conspira contra la libertad de opción de las mayorías". Así mismo, “el derecho de todo ser humano a existir debe ser garantizado a través de un ingreso o renta universal, pensado no solo como base de subsistencia para las mayorías excluidas sino también ampliando la autonomía para decidir a cada persona en situación de dependencia".
En esa línea, Tolcachier también agrega:
La garantía social de existencia, afirma, y la nivelación socioeconómica entre sectores, asiento necesario para la igualdad de oportunidades vitales, es un paso ineludible hacia la reducción del dolor que produce la carencia y para una mayor libertad de elegir el tipo de vida que se quiere.
La redistribución de riquezas que se requiere, agrega, debería ser encarada, a pesar del sufrimiento infligido por la expoliación neocolonial y la explotación oligárquica, no desde un espíritu revanchista destinado a fracasar, sino desde la exigencia de reparación histórica que ensanche la senda hacia la reconciliación social.
Lo mismo debe decirse, plantea, sobre la necesidad de desmonopolizar la comunicación. Una democracia verdadera no puede admitir la espantosa concentración de los medios de difusión, que ejercen de hecho el control social a través de la manipulación informativa.
Por otro lado, sugiere, la nueva institucionalidad debe transformar el concepto actual del Estado como detentor del monopolio de la violencia para que éste pase a tener un carácter conciliador, de mediación y armonización de los conflictos, abandonando el rol de padre controlador y castigador.
(...)
El mundo que hoy adviene es un mundo de diversidades, por lo que las nuevas revoluciones constitucionales deben apuntar a conformarse alrededor de la convergencia de esta diversidad.
La idea del Estado-Nación surgió de la premisa de absorber la diferencia y de forjar un espíritu uniforme, con un proyecto que pretendió forzosamente la adopción de una identidad común, negando facetas culturales propias preexistentes. Está a las claras que pese a la presión uniformizante, el factor cultural de los sometidos y los dominadores continúa existiendo y pretender su inexistencia impide comprender y acometer adecuadamente las tensiones que genera.
En este sentido, el reconocimiento de la plurinacionalidad es un gran avance. Sin embargo, también debemos reconocer que hay una interculturalidad manifiesta, lo que permite pensar en forjar una nueva identidad común que recoja lo mejor de cada cultura, que fomente el diálogo y la paridad entre culturas, sin imposiciones supremacistas.
De la misma manera añade:
Este transcurso solo puede ser guiado por ideales de paz y no violencia entre los pueblos. Por ello es imperativo dar pasos decididos hacia la desmilitarización.
En la historia latinoamericana, las fuerzas armadas, lejos de haber sido un resguardo de soberanía, han fungido como un poder de desestabilización interno. Las transnacionales, en la lógica de la penetración neoliberal, se han hecho con los recursos naturales, han endeudado a Estados y poblaciones; las plataformas digitales extraen y usan los datos personales, explotan a distancia a los trabajadores condenándolos al precariado; los recursos que deberían servir para mejorar la salud y la educación son evadidos y fugados al exterior de los países. Es evidente que ninguna institución militar es efectiva para defender la soberanía arrebatada.
Por lo demás, tanto la policía como los ejércitos educan a sus componentes en una lógica de disciplinamiento, lo que es poco compatible con las prácticas democráticas. La realidad es que ejércitos y policía se nutren habitualmente de los sectores excluidos de la sociedad, por lo que es posible pensar que, a través de la construcción de sociedades inclusivas, equitativas y protectoras, las personas ya no quieran reprimir, matar o morir en conflictos bélicos que sirven siempre a los intereses del poder.
Un nuevo paradigma de Estado transformará las actuales fuerzas armadas en Cuerpos de Paz, promoviendo su desarme progresivo, estrategias de protección civil no violentas y una democratización en su conformación, apuntando incluso a la elección directa de sus autoridades.
(...)
Quiero también referirme, dice Tolcachier, a un aspecto de máxima centralidad en la configuración de una imagen futura y es el tema de la descentralización. Descentralización que debe trascender el carácter administrativo para pasar a ser una transferencia de poder real a la base social.
Hoy existe en el mundo una tendencia a la desestructuración de formas anteriores y a la reconfiguración de la organicidad en nuevas matrices. Es posible entonces aprovechar esta tendencia mayor de manera consciente y elaborar estrategias para la transferencia creciente del poder de decisión y acción a las comunas, los municipios y los territorios como paso ineludible para recuperar la soberanía arrebatada por una superestructura estatal cada vez más alejada de la base social.
Esta reconfiguración institucional, para no caer en una atomización secesionista y conservar un carácter de conjunto, debe pensarse en términos federativos, en las que los municipios puedan expresar las necesidades particulares de sus habitantes y colaborar con otros en la búsqueda de soluciones y proyectos compartidos.
La imagen del poder comunal no solo permite una mayor incidencia democrática y un contralor más efectivo por parte del pueblo mismo, sino que también coloca el tema de la reconstitución del tejido y los lazos en la misma base social como un primario.
La recomposición de las relaciones humanas en el seno de la comunidad reviste máxima importancia estratégica ya que provee una respuesta existencial certera a la indefensión y el desarraigo al que nos condena el individualismo. Respuesta que, por su parte, colabora como barrera al avance de integrismos retrógrados, los que utilizan la condición humana y el sentido de pertenencia como uno de los principales canales para ganar adeptos.
En la transición hacia sociedades de poder descentralizado, proponemos forjar fuertes alianzas entre lo público y lo comunitario, que valoricen y potencien la enorme energía popular que es la que, en definitiva, sostiene a nuestras sociedades.
Pongo a consideración estos elementos sugeridos por Tolcachier para que en una constituyente para la paz se recojan con los ejes fundamentales del acuerdo de paz con las Farc, en su versión consensuada en la mesa de La Habana, que contempla una profunda reforma agraria, una democracia ampliada, la sustitución voluntaria de los cultivos de coca y una verdadera justicia para las víctimas.
