El sistema político de un país democrático debe tener como labor esencial e impostergable desarrollar un sistema de valores. Debe este sistema construir una axiología que responda a lo que considere valioso, estimable y digno de procurar en bien del pueblo, de acuerdo con los principios democráticos. También debe tener claridad sobre los antivalores que pueden afectar al sistema democrático frente a los cuales no se puede en manera alguna ser neutral, posición que exige una vigilancia epistemológica que abandone los prejuicios y preconceptos de los sofistas de la antidemocracia.
En el período electoral que ha sido abierto en Colombia con miras a las elecciones locales de octubre, el país debe aumentar una vigilancia que asegure los principios axiológicos que rigen al sistema político-electoral. Lo importante en períodos de este tipo es procurar la realización de los fines de la democracia; es decir, los fines y metas de libertad, igualdad ciudadana y ciudadanía activa, participación libre y justicia social. Pero, así mismo, evitar la práctica de disvalores que la afecten profundamente tales como el clientelismo, la compra de votos, la trashumancia de electores, el fraude, la politiquería, la despolitización, la apatía ciudadana y otros vicios que la corrompen al lado de los delitos y faltas electorales.
En la creación de un determinado sistema axiológico, el sistema político debe procurar la mayor objetividad en la determinación de sus valores en el sentido de que la estimación hecha sobre ellos les asegure una existencia propia y no sometida a contravaloraciones “subjetivas” que desvirtúen la esencia democrática. Se hace necesario en consecuencia que la tabla de valores constitucionales tenga cierta “fijeza” filosófica y política, sin negar de plano la posibilidad de adaptarlos al cambio y a la historicidad, tarea que exige una pedagogía democrática que acepte como fundamental someterlos a una necesaria jerarquización según el orden de su importancia y de tal manera que la gradación incite a una «toma de posición» de los ciudadanos para que escojan el valor y luchen contra los antivalores. Es de anotar, que desde hace ya cierto tiempo para las elecciones locales y regionales de este año vienen presentándose denuncias de posibles fraudes y manipulaciones que podrían empañarlas.
Los valores democráticos se expresan a través de una axiología constitucional y electoral que se manifiesta como un deber ser, como la búsqueda de unos fines y unas metas percibidas como estimables, como valiosas para la sociedad. En esta perspectiva queda naturalmente excluida una visión normativista de tipo kelseniano que niegue o no tenga en cuenta la cosmovisión de tipo liberal que ha sido expresada en varios textos históricos cuales, para dar solo unos cuantos nombres: la constitución norteamericana de 1788; la declaración francesa de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789; la constitución alemana de 1949 que, por ejemplo, en el artículo 21 dispone que los partidos alemanes contribuyen al desarrollo de la voluntad del pueblo; la constitución española de 1978 texto que en los artículos 1º y 6º estatuye que España es un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político así como que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y a la manifestación de la voluntad popular y son el instrumento fundamental de la participación política.
En un sistema democrático los valores político-jurídicos son el resultado de la estimación positiva del contenido de las normas que pertenecen al ordenamiento constitucional y legal. Se destacan en una democracia de tipo liberal los valores de justicia, bien común, libertad, igualdad, solidaridad y seguridad. En el caso de Colombia en la Constitución política se ha construido una tabla axiológica republicana que privilegia los valores y principios de poder soberano, unidad de la nación, vida, convivencia, trabajo, justicia, igualdad, conocimiento, libertad y paz. Valores que han sido encuadrados dentro de un marco jurídico democrático y participativo que tiene como fin principal realizar y garantizar un orden político, económico y social justo. De este conjunto de valores constitucionales surgen los valores del derecho electoral del país como democracia, igualdad, libertad, representación, participación, pluralismo, libertad de opinión y de asociación, equidad, respeto, imparcialidad y honestidad, transparencia, eliminación de todo tipo de discriminación electoral, confiabilidad en los resultados, igualdad de oportunidades.
Los valores electorales consagrados por el ordenamiento constitucional colombiano son fruto del desarrollo de la estructura orgánica y filosófica establecida en la carta a través de los órganos de poder que ejercen de forma separada pero armónica las tres funciones básicas de un sistema democrático de legislar, gobernar y administrar justicia a fin de garantizarle a la nación la no instauración de un poder despótico que acumule las tres. Sin embargo, no bastan los textos escritos para mantener la democracia, sino que se hace necesario para que ella sea una realidad una participación ciudadana activa, diversidad de asociaciones y un contrato social que sea renovado periódicamente para asegurar el cambio pautado y pacífico de los gobernantes.
La axiología electoral colombiana parte del punto de vista de considerar que todos los ciudadanos son jurídicamente iguales y titulares de derechos esenciales de libertad en sus diferentes manifestaciones de libertad física de los electores, libertad de expresión libre de las ideas por candidatos y partidos, libertad de reunión de estos, libertad de asociación para la conformación de partidos, libertad de conciencia para creer y profesar una ideología, libertad religiosa y de culto, de residencia electoral y de locomoción en períodos de elecciones. Protegido por estos postulados de libertad, el voto toma el carácter de un derecho fundamental que adquiere un valor democrático como resultado de ser consagrado en calidad de universal, libre, igual y secreto. De estas características surge entonces una consecuencia fundamental y es que el período de los gobernantes en el desempeño de sus cargos está fijado de antemano a fin de garantizar la alternabilidad en el ejercicio del poder.
Los valores y principios fundamentales del sistema político colombiano desarrollados en la Constitución política y en el Código electoral pueden ser agrupados de esta manera: revalorización de los derechos y atributos del individuo elector (i); igualdad y libertades individuales de la persona natural (ii); igualdad de oportunidades para candidatos y partidos por medio del sufragio pasivo (iii); libertad física, libertad de expresión de las ideas, de reunión, de asociación, de conciencia, de residencia y locomoción (iv); Estado democrático de derecho dividido en ramas separadas que se controlen mutuamente, con designación democrática de los gobernantes, alternabilidad y ejercicio democrático del poder, ciudadanía activa y participativa, indispensable pluralismo político y social, partidos libres (v); Elecciones libres y sin ningún tipo de discriminaciones mediante sufragio activo de voto universal, libre, igual, secreto y publicidad del escrutinio (vi); interpretación restrictiva del régimen de inhabilidades e incompatibilidades (vii); eficacia del voto, en cuanto que toda disposición electoral debe interpretarse de la forma en que se le dé validez al voto libre del elector (viii); imparcialidad, dado que ningún partido o candidato puede obtener ventaja sobre otro en eventos electorales (ix); proporcionalidad en la representación de partidos y grupos políticos en proporción a los resultados obtenidos en las votaciones (xi); opinión pública libre, ilustrada e informada en un ambiente de plena libertad (x); justicia individual y social (xi).
La axiología electoral colombiana se refiere entonces a los valores fundantes, los principios y prácticas que rigen el quehacer electoral del país y del cual son principios capitales: la democracia y su consolidación por medio del impedimento del falseamiento de la voluntad popular como protección de la soberanía nacional (i); la conservación del acto electoral como presunción de legalidad iuris tantum sobre todos los actos de las autoridades electorales cuya invalidez se debe probar suficientemente (ii); el principio de unidad del acto electoral consistente en considerar en términos generales lo electoral como un único acto donde caben diversos procedimientos y trámites que coherentemente desarrollados permitan la expresión de la soberanía popular de un Estado democrático (iii).
Determinada la tabla de valores democráticos fundantes del sistema político colombiano se establece que valores y principios ahora llevados con mayor precisión al campo de lo electoral deben tener como fin último legitimar el sistema político mediante elecciones libres.
Para proteger la actividad eleccionaria libre y sin manchas se han establecido los siguiente principios: principio de preclusión y calendarización, que establece la obligatoriedad de ajustarse a plazos señalados preferentemente por textos superiores (i); principio de economía electoral que exige continuidad en el servicio público electoral, simplicidad, eficiencia y sana administración de los recursos públicos (ii); principio de seguridad jurídica, que predica no modificar las reglas electorales existentes sino después de realizada una votación con el fin de no generar incertidumbre a partidos, movimientos y candidatos (iii); principio de participación política como derecho fundamental de elegir y ser elegido (iv); principio de equidad en los procesos electorales a fin de garantizar igualdad de oportunidades entre partidos, movimientos y candidatos (v); principio de deber de las empresas que presten servicios de propaganda electoral o de encuestas de garantizar igualdad de condiciones y de trato a candidatos y partidos que participen en las justas electorales (vi).
La axiología electoral procura alcanzar la perfección o por lo menos lo perfectible tal vez no con la pretensión del Estado perfecto de un Platón pero, sí por lo menos, con el propósito firme de lograr un Estado justo que no sea ajeno a la idea de aproximarse a un modelo ideal de organización de la República, ente político que debe ser organizado según una idea de justicia que no sea confiada solo a filósofos-gobernantes sino igualmente a ciudadanos activos, veedores de la preservación del interés general. Es de ellos de quienes se espera que en las elecciones de este año de 2019 sean activos, participativos, honestos, democráticos y veedores de la pulcritud de las tres etapas básicas del proceso electoral la preelectoral, la electoral propiamente dicho y la postelectoral.
Como el acto de elegir desarrolla un comportamiento que puede ser vivido como una relación de poder entre gobernantes y gobernados, autoridad y obediencia, decisión y acatamiento, o como un constreñimiento que logre obtener obediencia, el sistema político debe garantizar que el voto sea plenamente libre si se tiene en cuenta que es gracias a él que las sociedades modernas logran o tratan de formar un consenso libre y voluntario ajeno a toda coacción. No obstante, algunas formas de coacción son legítimas como cuando, por ejemplo, se consagre el voto obligatorio, se le imponga al ciudadano colaborar en los eventos electorales así sea transitoriamente, se le señale como una obligación moral o política defender los valores del sistema democrático, o se le dé únicamente la posibilidad de actuar a través de representantes o delegados y no por medio de los mecanismos de la democracia directa.
Falsea la concepción de sufragio democrático y elección libre el fenómeno de la corrupción electoral. Se considera como esta a todo acto o procedimiento que atente contra el legítimo y libre ejercicio del derecho de sufragio que llegue a producir una alteración y adulteración de la auténtica voluntad de los electores, un falseamiento de los resultados electorales, o una conspiración contra la “pureza del sufragio” que lesione los valores fundamentales de la democracia, la libertad del elector y la veracidad o fidelidad del escrutinio.
La corrupción electoral deslegitima el poder y atenta contra el régimen democrático representativo al lesionar gravemente la credulidad en la institución del sufragio, contrariar la voluntad mayoritaria de los electores, perjudicar a candidatos y partidos políticos, afectar la honestidad política y producir desconfianza en las instituciones electorales del país.
El comportamiento electoral debe estar determinado por los valores de una cultura política democrática que invite a participar activamente como virtud cívica o deber ciudadano y no por el temor a represalias. El buen ciudadano no es indiferente o apático en materia de participación electoral porque una cultura del abstencionismo electoral como simple e inane posición política y no como una militancia válida de expresión del voto en blanco puede terminar siendo solo una posición política de aprobación del estado de cosas existente...
Es sobre los valores y principios electorales enunciados que deberá versar la estricta vigilancia de las autoridades penales, electorales, disciplinarias, fiscales y de veeduría ciudadana e internacional en las elecciones de octubre para evitar la comisión de delitos y faltas que afecten la pureza del evento, que truquen los resultados matemáticos de las urnas, perviertan la aplicación correcta de las fórmulas electorales de conversión de votos en escaños o cargos uninominales, que den lugar a revueltas por indebida o ilegal proclamación de vencedores, o por la negación de las garantías procesales de rigor.
Seamos guardianes de estos valores y principios en bien de la democracia más antigua de América latina, sobre todo para honrar una independencia ya bicentenaria y en vías de fortalecerse como resultado de los acuerdos de paz en curso.
