Una discusión sobre la situación creada por la demanda del alcalde a constructores, interventoría y aseguradores del proyecto de construcción de la presa Hidroituango por un monto cercano a los diez billones de pesos ha generado, como cualquier decisión sobre políticas públicas, contradicciones, intereses y discusiones; entre muchas de ellas, fuera de las discusiones técnicas, están las políticas, que exige que tomemos posiciones y las manifestemos públicamente. En primer término creo que debemos partir de los siguientes criterios:
- Debemos definir si estamos de acuerdo en que el proyecto culmine logrando su objetivo final. Este proyecto partió del Plan Energético Nacional de Largo Plazo de acuerdo a las demandas futuras proyectadas, la capacidad instalada y las coberturas que requería el país en la medida que se avanzara con la interconexión eléctrica nacional que para la época, años sesenta, no existía y se elaboró una ruta crítica condicionada a las necesidades del país en las primeras décadas del siglo 21.
El plan energético identificó la factibilidad y necesidad de represar el río Cauca que ofrecía posibilidades para la construcción de una gran hidroeléctrica que permitiera satisfacer las demandas, regular los caudales y ofrecer riego para el desarrollo agropecuario de una amplia región.
Esta nueva obra comenzó en 2012 y contemplaba 225 metros de altura para contener 3.720 millones de metros cúbicos de agua y según la ruta crítica de la obra se terminaría, en una primera etapa, en diciembre de 2018. La construcción de las obras principales se otorgó al Consorcio CCC Ituango, a cargo de las compañías antioqueñas Conconcreto y Coninsa Ramón H, y la compañía brasileña Camargo Correa.
En el proceso se cometió el error de taponar dos túneles de catorce metros de diámetro, sellarlos con concreto y no con compuertas lo que hubiera evitado la emergencia.
Cuando se presentó la emergencia se habían invertido 12 billones de pesos en una obra que debería en el mes de diciembre (2018), generar 2.400 megavatios por año, el 17% de la energía total del país.
Si bien la obra contó con estudios previos de expertos en diferentes campos del conocimiento, en su desarrollo se han presentado múltiples fallas, dificultades, imprevistos, impactos negativos sobre la naturaleza, las comunidades, la infraestructura y poner en vilo a más de 120 mil habitantes de las riberas del río Cauca, región que comprende cuatro departamentos; a la vez, debemos entender que toda obra de infraestructura genera impactos negativos sobre la naturaleza, el medio ambiente, algunos grupos sociales que reciben impactos negativos pero a la vez generan beneficios que deben redundar en mejores condiciones de vida y de trabajo, debemos apoyar el progreso, que este proceso sea para toda la sociedad y no en beneficio de los dueños de los medios de producción. Estas son realidades que para nosotros el criterio de la verdad lo debemos encontrar en los hechos y no en la ideología o en la política.
- Si estamos de acuerdo en que la presa sea un hecho esto es lo que debemos apoyar y no tomar partido a favor del alcalde o del grupo empresarial antioqueño. Los impactos que ha generado la crisis de Hidroituango ponen de manifiesto las contradicciones entre un grupo empresarial que no solo ha estado al mando de EPM, sino que es uno de los más grandes del país, de la política regional, de las políticas públicas, de los presupuestos y de la burocracia de la ciudad; que ha tenido múltiples negocios con las administraciones municipales; que además se apropia del ahorro regional y del ingreso de los trabajadores a través de la banca, las obras públicas y privadas, del suministro de bienes y servicios por medio de sus empresas en diferentes campos por su parte el alcalde tiene intereses políticos. Él sabe que no cuenta con el visto bueno del empresariado antioqueño ni del uribismo, tiene ambiciones presidenciales y compromisos con otros grupos nacionales. Recordemos que fue el viceministro de las TIC en la administración nacional y vio la oportunidad de enfrentar al GEA. Así mismo, el GEA con responsabilidades en la obra, en el aseguramiento y el suministro de bienes y servicios al proyecto, ante la demanda del alcalde busca la forma de desligarse de las demandas.
- Creo que nuestra política debe ir en la defensa del proyecto, exigir investigaciones sobre los errores, incumplimientos y reparaciones a las comunidades afectadas, apoyar la demanda iniciada por el alcalde que se encuentra en una primera etapa de conciliación y en especial oponernos a cualquier manifestación de privatización total o de cualquiera de sus funciones. Exigir la reorientación de sus políticas que hasta ahora han sido orientadas a la generación de utilidades, de ser una de las empresas más rentables abandonando su objeto como es el de prestar servicios públicos eficientes, con la más amplia cobertura y favorable económicamente para sus usuarios. Debemos defender a las organizaciones de sus trabajadores y apoyar sus exigencias de mejorar sus condiciones de vida y de trabajo y ojalá en un futuro logremos constituir veedurías sobre los proyectos que nos interesen.
- La crisis, sus orígenes y manifestaciones, sobrepasan el interés regional. Todo lo que ocurra tiene repercusiones nacionales. Debemos identificar las contradicciones y las consecuencias ya causadas, ver cuál va a ser la posición del GEA sobre la administración de Quintero. De hecho, la renuncia de la junta directiva y la destitución del gerente de Ruta N, la manifestación de la Cámara de Comercio de apoyo a la junta renunciada y los apoyos de cientos de empresarios tendrán consecuencias futuras, no solo en la política regional sino sobre las relaciones con la administración municipal.
En relación a los problemas técnicos y las responsabilidades de diferentes sectores comprometidos con los hechos, estos deben ser resueltos en primer lugar por la ciencia y la tecnología, y los problemas legales por las instituciones a las que le correspondan. No podemos convertirnos en ingenieros ni en investigadores. No tenemos las capacidades y no puede ocurrir como lo que hoy existe, que todos somos expertos en pandemias, en epidemiología, en infectología, siempre encontraremos diferentes visiones y opiniones, confiemos en la ciencia.
Ahora bien, de conformidad con los anteriores criterios de Luis Fernando Rivera, en su artículo: Notas sobre el alcalde Daniel Quintero, el Grupo Empresarial Antioqueño e Hidroituango (19 de agosto de 2020), presentamos las siguientes consideraciones sobre la crisis de EPM y las propuestas para superar el interregno presentado con las demandas. Al analizar la situación es conveniente tener en cuenta, además, los siguientes elementos de juicio: la crisis de Hidroituango durante la gobernación de Luis Pérez y la alcaldía de Federico Gutiérrez, en 2018.
Los resultados electorales en las elecciones de 2019 en Antioquia y Medellín, donde el uribismo no alcanzó la gobernación ni la alcaldía.
El aseguramiento judicial al gobernador por el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de La Paz, en el tramo La Cruzada, entre Remedios y Caucasia, y la casa por cárcel al expresidente Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno a testigos.
La propuesta de facultades extraordinarias del alcalde Daniel Quintero al Concejo de Medellín para reformar la estructura administrativa de la alcaldía y cambiar el objeto social de EPM.
Y, por último, la demanda de EPM contra contratistas, interventores, aseguradoras y diseñadores de Hidroituango por valor de 9.9 billones de pesos.
Estos dos últimos hechos (cambio de objeto social y demanda), según afirman los miembros de la corporación, no fueron consultados a la junta directiva por parte del alcalde ni del gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, lo que sirvió de motivo para presentar su renuncia.
A esto hay que agregar la renuncia de la junta directiva de Ruta N, porque, según afirman, el alcalde nombró otro director del organismo sin consultar con los miembros de la Junta.
Estos son los hechos que se han venido presentando, además de la incursión en el negocio multimillonario en el mercado de la generación y transmisión de energía, en este caso con la compra de Mar 1, Electricaribe, que funciona en cuatro departamentos de la costa atlántica, a quien salvó de la quiebra el gobierno de Santos y que ahora pretende adquirir las EPM.
Estos elementos han llevado a la presentación de renuncia de las juntas directivas de EPM de Ruta N, por considerar que ni el alcalde ni el gerente de EPM las tuvo en cuenta en sus decisiones, quedando como unos convidados de piedra, aduciendo además falta de un manejo equilibrado de la corporación, arrogancia, falta de experiencia, y desconocimiento del gobierno corporativo y de la ciudad por parte del alcalde de Medellín.
Obviamente la calentura no está en las sábanas. Nos parece que este es un problema eminentemente político antes que técnico y administrativo, y por supuesto, tiene que ver también con el manejo de la corrupción y del detrimento patrimonial del departamento y de la ciudad con los contratos, interventores, y aseguradores en Hidroituango, donde se está jugando el monto de 9.9 billones de pesos con las demandas (10 billones de pesos).
De manera que la fiebre de los miembros de las juntas directivas que renunciaron, no es simplemente porque el alcalde y el gerente hayan desconocido la necesidad del visto bueno para pedir las facultades extraordinarias para el cambio de objeto social de la empresa, ni para la demanda por 9.9 billones de pesos, (10 billones), ni tampoco por el cambio inconsulto del director de la junta directiva de Ruta N.
Estos son en el fondo chivos expiatorios y justificaciones de una inconformidad mucho más profunda que no se atreven a manifestar públicamente. El aseguramiento de casa por cárcel del gobernador Aníbal Gaviria, seguido por el del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el Ubérrimo; el profundo malestar por parte del Grupo Empresarial Antioqueño, uno de los más grandes dueños del departamento y de Colombia, uribistas a morir la mayoría y proclives a al uribismo los demás, que ahora están pidiendo la cabeza del alcalde de Medellín con la revocatoria del mandato por parte del director de la Andi, y las asonadas vociferantes de sus fanáticos “patriotas”, heridos en el alma por la pérdida de la gobernación y de la alcaldía, seguida por el aislamiento en el Ubérrimo de su comandante en jefe, que ahora están pasando factura de cobro como retaliación por la victoria de Daniel Quintero en las elecciones locales del 2019, tachandolo de alfil castrochavista de Gustavo Petro.
Está bien la crítica de la opinión pública, no sólo a la autorización para entrar el Esmad en la Universidad contra los encapuchados, sino también de pedir facultades extraordinarias para cambiar el objeto social de EPM, como si el concejo municipal no tuviera la capacidad de ejercer el control político institucional para controlar el desarrollo administrativo de la segunda ciudad de Colombia, sobre todo en lo que tiene que ver con el patrimonio público de la joya de la corona.
No se puede olvidar cómo EPM se ha venido convirtiendo en otro Grupo Empresarial EPM, abandonando en gran medida a los habitantes del departamento, de la ciudad y del área metropolitana, a pesar de su desarrollo en las tecnologías de la información y las comunicaciones, dejando a un lado a las comunidades desplazadas, informales y marginadas de la ciudad, dedicándose fundamentalmente a los negocios de la generación y transmisión de energía, en busca de ganancia por encima de las necesidades de muchas comunidades marginales, despojadas y desplazadas por la violencia, como está ocurriendo en Ituango, y como ha sucedido antes, durante, y después de la construcción de la Hidroeléctrica, donde tienen injerencia los grandes capitales del Grupo Empresarial Antioqueño.
Ya es hora de llegar a decisiones y conclusiones de los entes de control, como la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales; del control político del Congreso de la República, la Asamblea Departamental, el Concejo de Medellín; de las Veedurías Ciudadanas, el Sindicato de Trabajadores (Sintraemsdes), de establecer las denuncias y las responsabilidades penales, administrativas, políticas y disciplinarias, de quienes tuvieron y tienen en sus manos el poder de tomar decisiones frente el proyecto de Hidroituango, y frente a los negocios con Electricaribe, lo mismo que con las transacciones millonarias de la multilatina en Chile, Costa Rica y Panamá, negocios donde se han presentado serias denuncias de detrimento patrimonial de las EPM y por supuesto de la ciudad de Medellín.
Como decía anteriormente, la fiebre no está en las sábanas. Es hora de que la bancada progresista en el Congreso de la República asuma el debate a fondo de control político a los gobiernos, gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas que han tenido que ver con la crisis actual de la joya de la corona. La opinión pública y las víctimas de este conflicto están esperando con expectativa la actuación con celeridad de los organismos competentes.
Si para algo hace falta reformar los estatutos de las EPM es precisamente para cambiar su composición social, para que la sociedad civil y los trabajadores tengan poder de decisión y control en las políticas de la entidad, y que no sea solo el Grupo Empresarial Antioqueño el que impone su punto de vista.
Hace falta conformar un gran frente amplio, social y político, para la defensa de las Empresas Públicas de Medellín, contra los intentos de privatización y por la solución en derecho del grave daño patrimonial causado al departamento y a la ciudad por contratistas, interventores, aseguradoras y diseñadores de Hidroituango.
