Al cumplir más de diez meses de la pavorosa pandemia de COVID-19, ya es posible comenzar a hacer el balance de cómo los gobiernos han gestionado los recursos para salvaguardar la vida de la población. Se puede afirmar que al gobierno de Iván Duque lo condenan los números e indicadores, que se oponen a los parlantes que amplifican el discurso oficial, que busca apaciguar los ánimos de una población víctima de la temida enfermedad, pero también de las políticas neoliberales que concentran esos recursos en las multinacionales, el capital financiero transnacional y los todopoderosos. Según el Centro Johns Hopkins de Ciencia e Ingeniería de Sistemas, a corte del 23 de enero de 2021, Colombia ocupa el lugar número 12 —entre 192 países— con 50.982 personas fallecidas y 11 en contagiadas con 2.002.969, ubicándose entre los peores gobiernos que han manejado dicha pandemia.
Además, mientras en todo el mundo el promedio de personas contagiadas por cada millón de habitantes es de 12.374, para Colombia esa cifra más que se triplica, llegando a 40.549; si se compara por el número de habitantes, en cuya lista Colombia ocupa el puesto 28 con 50 millones de personas, Colombia está peor que 17 países, entre los que llaman la atención: China, Indonesia, Pakistán, Nigeria, Bangladesh, Japón, Etiopía, Filipinas, Egipto, Vietnam y República Democrática del Congo, todos con más de 100 millones de habitantes y muchísimas menos víctimas fatales que Colombia.
Este panorama aterrador que se está viviendo, con un sistema sanitario al borde del colapso, las Unidades de Cuidados Intensivos –UCI– a punto de desbordar, la escasez de personal de salud (se estaban reportando 375 nuevas muertes diarias, que es como “que un avión jumbo se cayera todos los días”, denunció el doctor Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana), es la consecuencia de una pésima estrategia de contención y mitigación de la enfermedad, puesto que el gobierno no quiso tomar la decisión política de ayudar a financiar la nómina de micros, medianas y algunas grandes empresas nacionales, ni suministrar la renta básica a la población que le permita sostener cuarentenas o medidas más estrictas, como lo están haciendo los países de Europa. Sin embargo, financia a los banqueros para que especulen con los propios recursos públicos y facilita actos de corrupción en todos los niveles.
De contreras, el gobierno Duque mantiene el secretismo sobre los contratos para el suministro de vacunas, con el cuento que son confidenciales y que si se revelan, el país se quedaría sin abastecimiento. Esto no sucede en otros países que publicaron su contratación. El portal El Confidencial, en el artículo Del soborno al fraude masivo: Las 196 multas a las farmacéuticas que combaten el virus, del 18 de noviembre de 2020, revela que algunas de las farmacéuticas con las cuales Colombia negoció las primeras vacunas tienen multas: Pfizer, 18 multas, por 2.910 millones de dólares; mientras que AstraZeneca, desarrolladora de la vacuna de la Universidad de Oxford, 10 multas, por 1.172 millones, y Johnson y Johnson, 15 multas, por 2.668 millones. La mayor parte de sus “pecados” están relacionados con infracciones en los precios y el reparto de comisiones ilegales por contratos. Duque tiene la obligación de informar: fecha de la firma del contrato, costo unitario y transporte, pago de comisiones, días en que llegan los pedidos y el cronograma diario de la vacunación. ¡El secretismo es un elemento de la corrupción!
