Este texto fue publicado por el expresidente en septiembre del 2013 a raíz del fallo de los magistrados del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín que le pedía a la Comisión de Acusaciones que lo investigara por el surgimiento del paramilitarismo en Antioquia, con base en el fallo contra Ever Veloza alias HH. Esta vez, los mismos magistrados Rubén Darío Pinilla Cogollo y Consuelo Rincón, del mismo tribunal, vuelven a señalarlo por su presunta responsabilidad como gobernador de Antioquia en la masacre del Aro en octubre de 1997. Uno de los señalamientos que pesan en su contra es la presencia de un helicóptero adscrito a la gobernación de Antioquia en el lugar de los hechos. Las preguntas que entonces se hizo y se respondió el expresidente, tiene nuevamente vigencia.
¿Soy paramilitar por haber sido amigo de Pedro Juan Moreno?
Pedro Juan Moreno era miembro de una familia empresarial y honorable, respetada por años en Antioquia. Lo nombré Secretario de Gobierno en representación del grupo Conservador de Álvaro Villegas Moreno, que apoyó mi candidatura a la Gobernación de Antioquia. Como a la casi totalidad de quienes han sido colaboradores en mi carrera pública le tuve todo el afecto y la estima.
Terminado el período de la Gobernación tuvo un enfrentamiento con la policía, cuyos términos no compartí, por una acusación falaz a la firma de su padre, Gilberto Moreno Peláez, fundada 35 años antes. Por ese enfrentamiento no pude considerarlo para ser Ministro de Defensa. Tampoco acepté su propuesta de tener una oficina de inteligencia en la Presidencia. Declinó un ofrecimiento como Embajador. Hizo muchas críticas al Gobierno que no alteraron mi afecto. Era totalmente firme en materia de orden público, cercano de corazón a las Fuerzas Armadas, oficial de la Reserva. Nunca manifestó cercanía con el paramilitarismo. Murió en 2006 en un accidente aéreo, en plena campaña al Senado por el Partido Conservador. Para mi dolor no ha faltado la sugerencia de que el Gobierno causó el accidente fatal. Con la cobardía de los delincuentes se ha acusado a Pedro Juan Moreno de ser promotor del paramilitarismo, acusación que apareció después de su muerte. ¿Por qué no lo hicieron en vida para que enfrentaran el vigor de su carácter?
El Gobierno que presidí combatió al paramilitarismo, lo desmontó, lo sometió a la Justicia y a la Reparación de Víctimas, llevó a muchos de sus integrantes a la cárcel y extraditó cabecillas.
2.¿Soy paramilitar por haber promovido las Convivir?
Esta figura de organización privada de seguridad fue creada por una ley de 1994 y reglamentada por el Gobierno Nacional. Como Gobernador de Antioquia la apoyé y la promoví porque creo en la colaboración ciudadana con la Fuerza Pública. Esta colaboración construye confianza institucional en los ciudadanos, evita su postración ante el crimen o que busquen salidas contrarias a la ley. También la colaboración del ciudadano, al poner sus ojos en la Fuerza Pública, obliga a sus integrantes a ser más eficaces y a proceder con transparencia. El principio Constitucional de la solidaridad lo he entendido, además, como la obligación de cada persona de colaborar con las instituciones, en busca de los fines superiores del Estado, en este caso, la seguridad. Como Presidente promoví que cuatro millones de ciudadanos, sin armas, con comunicaciones, fueran cooperantes o informantes de la Fuerza Pública y de la Justicia.
Colombia tuvo casi 700 organizaciones Convivir, a partir de 1994, mucho después del nacimiento del paramilitarismo, en Antioquia aprobamos alrededor de 67. El Gobierno Departamental reconocía la personería jurídica pero la licencia operativa y la supervisión correspondían a la Superintendencia de Vigilancia del Gobierno Nacional. Revocamos la personería jurídica en dos casos por comprobadas irregularidades. Durante el ejercicio presidencial, un paramilitar desmovilizado, hasta entonces desconocido, apareció como integrante de una de las Convivir de Antioquia, caso que reconocí ante la opinión ciudadana.
La Corte Constitucional declaró exequible la norma de las Convivir. Acudí a la audiencia y defendí la validez de la norma. No estuve de acuerdo con la tesis del fallo que se basaba en el derecho a la defensa y no en el principio de solidaridad. El desacertado salvamento de voto simplemente las asociaba con criminales.
Entre el final del período de Gobernador, Enero 2 de 1998, y el inicio de la Presidencia, Agosto 7 de 2002, nada tuve que ver con tareas del Estado, ni con el orden público, ni con las Convivir, que fueron suspendidas por la administración Pastrana. Mi familia nunca participó en la Convivir que supuestamente actuaba en el área de la Hacienda Guacharacas, que fue destruida por la guerrilla después del asesinato de mi padre, años antes, también por la guerrilla, lo que obligó a mi familia a abandonarla y a mal venderla.
El Gobierno que presidí combatió al paramilitarismo, lo desmontó, lo sometió a la Justicia y a la Reparación de Víctimas, llevó a muchos de sus integrantes a la cárcel y extraditó cabecillas.
3.¿Soy paramilitar por ser amigo del General Rito Alejo del Rio?
Conocí al General del Rio cuando el Ministerio de Defensa lo nombró Comandante de la Brigada de Urabá. Sucedió en el cargo al General Víctor Álvarez. A ambos se les dio apoyo desde el Gobierno Departamental, y se les pedía restablecer la seguridad. Se hizo lo mismo con los varios comandantes de la Brigada de Medellín, de Puerto Berrio, con sus Comandantes de División, establecidos entonces en Santa Marta y Bucaramanga, con los Comandantes de Policía como Metropolitana, Antioquia, y otras, con jurisdicción en municipios antioqueños, como Chocó y Córdoba. Además con el Comando de la Fuerza Aérea de Aeropuerto José María Córdoba.
Casi a diario realizábamos Consejos de Seguridad, participaban los Comandantes Regionales de las Fuerzas Militares y de Policía, la Fiscalía, jueces, la Procuraduría, la Defensoría, el Comisionado de Paz, alcaldes, representantes de comunidades afectadas por la violencia. Eran públicos. Se rotaban en municipios. Era nuestra manera de contribuir a restablecer la seguridad.
Ya de ex Gobernador recibí dos llamadas del Comandante de la Cuarta Brigada, General Herrera Berbel. En una me invitó a una reunión con varios ciudadanos, nos explicó el avance del proceso de paz con el ELN. Salí descorazonado porque el orden público empeoraba. En otra me pidió que me pronunciara para ayudar a doce generales cuya destitución había ordenado el Gobierno Nacional. Y esto condujo a mi posterior participación, como uno de los oradores, en el Hotel Tequendama, en homenaje de desagravio a los Generales Del Rio y Millán. En ese discurso recordé nuestra tarea social en Urabá, que tuvo un gran avance educativo gracias a la articulación con el Obispo Isaías Duarte, asesinado años después en Cali. En ese discurso, como los otros oradores, recordé nuestro compromiso exclusivo con la institucionalidad y el rechazo a criminales de toda pelambre.
Tengo aprecio por los integrantes de las Fuerzas Armadas, por el General del Rio, siento solidaridad por quienes son víctimas de injusticia. Creo que debe buscarse una salida Constitucional diferente a la oferta ominosa y humillante del Gobierno Santos de extender a los militares y policías los beneficios de impunidad que se ofrecen a los terroristas. Discrepo radicalmente de las decisiones del actual Gobierno de nivelar a los miembros de las Fuerzas Armadas con los terroristas, que valida la acción de asesinar a un soldado como válida ha sido la de dar de baja a un terrorista. Doctrina que ha sido una perversa contribución a que algunos administradores de justicia traten al uniformado como al terrorista, o incluso, peor. O que confundan la responsabilidad con el orden público con la promoción del paramilitarismo.
Como Gobernador y como Presidente interactué en innumerables ocasiones con miembros de las Fuerzas Armadas. Ninguno de ellos puede afirmar que recibió insinuación indebida en mi comportamiento o en mi palabra. Lo mismo reitero de los centenares de escoltas, siempre del Estado, nunca particulares, que me prestan seguridad desde mediados de 1988.
El Gobierno que presidí combatió al paramilitarismo, lo desmontó, lo sometió a la Justicia y a la Reparación de Víctimas, llevó a muchos de sus integrantes a la cárcel y extraditó cabecillas.
4.¿Soy paramilitar porque militaricé la Comuna 13 de Medellín, bajo la dirección de los Generales Mario Montoya y Leonardo Gallego, con el fin de derrotar la dictadura de los violentos, enseñoreada de la ciudad?
A los pocos días de empezar el ejercicio presidencia, concluí que el inmenso avance de los grupos terroristas les había permitido pasar de ser delincuentes de ocasión y en movimiento, a tomar posiciones de sometimiento institucional y de dominio ciudadano, y en muchas sitios de la geografía. Recibí una llamada de un viejo dirigente político, estaba en sollozos, su nietecita había sido asesinada la noche anterior cuando se encontraba en el balcón de su casa, por una bala de aquellas que se cruzaban en todo momento los grupos delincuenciales. Eran 350 mil habitantes de la Comuna 13 de Medellín esclavizados por el terrorismo.
Militarizamos la Comuna 13, entre los muchos hallazgos se encontró a una persona secuestrada que llevaba dos semanas de pie al interior de un escaparate.
El Gobierno Nacional anterior había designado a los Generales Mario Montoya y Leonardo Gallego como comandantes de la Cuarta Brigada y de la Policía Metropolitana, respectivamente. En poco tiempo, antes de mi arribo al Gobierno, ambos se ganaron el respeto de los ciudadanos de bien de la ciudad. En la hoja de vida del General Montoya obraba su cargo anterior como Comandante de una Brigada antinarcotráfico del sur del País. Era depositario de toda la confianza institucional, la misma que yo le tuve. No conozco el recorrido anterior del General Gallego, pero también era un oficial destacado, generador de plena confianza.
Liberar a la Comuna 13 de Medellín del azote criminal fue una de nuestras primeras victorias parciales, que empezaban a construir fe en la posibilidad de construir un País seguro. Fue una operación eficaz y transparente que ahora los delincuentes pretenden mancillar.
Nuestra consigna fue una: enfrentar a todos los grupos terroristas por igual. Nunca albergamos la opción facilista de aliar al Estado con un sector criminal para acelerar la derrota del otro.
El Gobierno que presidí combatió al paramilitarismo, lo desmontó, lo sometió a la Justicia y a la Reparación de Víctimas, llevó a muchos de sus integrantes a la cárcel y extraditó cabecillas.
5.¿Soy paramilitar por haber negociado la ley de Justicia, Paz y Reparación con los paramilitares?
“Habrá diálogo de paz con los criminales que acepten suspender unilateralmente las acciones delictivas como condición inicial”, afirmé repetidamente, como candidato y Presidente. También expresé que “un acuerdo humanitario para liberar secuestrados tenía dos inamovibles: que aquellos que salieran de la cárcel debían renunciar al grupo terrorista, e irse al extranjero, probablemente bajo la vigilancia de Francia o vincularse al proceso de reinserción bajo la tutoría de la Iglesia”.
No hubo avances con el ELN, en un proceso en Cuba, cuyos cimientos encontramos, porque la organización criminal no aceptó el cese unilateral y verificable de actividades criminales.
Los paramilitares dijeron, a través de la Iglesia, que aceptaban la condición. Se empezó el diálogo con Luis Carlos Restrepo, colombiano sobresaliente, hoy en el exterior para evadir una persecución que no encuentra calificativo. Nadie mejor que quienes representaban a la Iglesia pueden dar fe de cómo fue ese diálogo. El proyecto de Ley, el primero que introdujo la reparación a las víctimas, lo discutí exclusivamente o con el doctor Restrepo o con ministros y los parlamentarios competentes, en reuniones amplias, en el Salón Bolívar de la Casa de Nariño. Se introdujo la disminución de las penas privativas de libertad, pero nunca impunidad. Ni alteramos, ni pretendimos modificar las restricciones a la elegibilidad política de personas condenadas, que había introducido la Constitución de 1991, como ahora ha ocurrido, para mal del País, con el Marco para la Paz.
Nunca se negoció el texto legal con paramilitares, ni directamente ni por intermediarios.
Nunca he tenido reuniones con paramilitares. Tengo a varios denunciados por calumnia y hay uno en juicio. Por el rescate institucional de Colombia los combatí con la misma severidad que a la guerrilla y no vacilé en extraditar a algunos cuando hubo que hacerlo, siempre por razones superiores de interés público.
Caracol ha dicho que no tiene videos y grabaciones muy importantes: la parte de la primera entrevista televisada de Carlos Castaño, en ella dijo no conocerme y nunca apoyarme porque me consideraban guerrerista; la entrevista radial que al día siguiente me hizo esa cadena; la información radial, recién concluido mi segundo Gobierno, según la cual el Gobierno asignaba a la “mano negra” la autoría del carro bomba contra Caracol Radio, y anunciaban que una hipótesis apuntaba a extremistas amigos del ex Presidente Uribe para desestabilizar al Gobierno Santos; y la entrevista de un cabecilla que afirmó, desde el exterior, haber tenido reuniones conmigo, y que no concretó. En la denuncia penal solicité esa prueba, pero no ha aparecido.
El Gobierno que presidí combatió al paramilitarismo, lo desmontó, lo sometió a la Justicia y a la Reparación de Víctimas, llevó a muchos de sus integrantes a la cárcel y extraditó cabecillas.
6.¿Soy paramilitar por haber permitido la masacre del Aro durante mi período de Gobernador?
Me preocupé más por la seguridad de lo que correspondía a la costumbre en el cargo de Gobernador. El CTI de la Fiscalía rectificó en detalle la infame acusación de que en compañía de mi hermano, y de Generales de renombre, uno fallecido meses antes, había ido al paraje La Caucana, a preparar la masacre del Aro. Y ahora me acusan de haber sido informado previamente y de no haber actuado. No entiendo qué prueba tienen. No entiendo cómo un administrador de justicia le da peso a una especie contraria a mi temperamento y manera de actuar. De haberlo sabido habría reaccionado con la misma prontitud con que lo he hecho en la vida pública. Cómo así que vale más la infamia que mi proceder que ha sido notorio!
7.Soy paramilitar por haber nombrado al General Santoyo, Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado?
El entonces Mayor Santoyo era Comandante del Gaula de Antioquia, organismo anti secuestro. Lo era por designación de competencia exclusiva del orden Nacional, que jamás interferí ni con la más mínima intriga. No lo conocía y realizó una excelente labor. El administrador de justicia debería conocer la realidad y las jerarquías: el Mayor Santoyo, Comandante del Gaula, estaba al servicio de la policía, no de la Gobernación de Antioquia. Sobre el tema he hablado en muchas ocasiones y remito a este link de mi página de internet.
También sobre Jorge Noguera he hablado en muchas oportunidades. Él y su señora son provenientes de familias con rectitud de Santa Marta y Cúcuta. En mi opinión fue ostentoso en el DAS pero nunca criminal. Respeto pero no comparto la sentencia que lo vincula al asesinato del Profesor Correa D’Andreis en Barranquilla. Qué dolor que purgue esa injusta condena.
María del Pilar Hurtado llegó a mi Gobierno con antecedentes transparentes en administraciones anteriores. Por sugerencia de Andrés Peñate, probo director del DAS, la nombré en su remplazo. Venía desempeñándose como Secretaria General de la Entidad. Esta señora, honorable, es víctima de las influencias que de vieja data habían tejido en el Das grupos criminales.
El Gobierno que presidí combatió al paramilitarismo, lo desmontó, lo sometió a la Justicia y a la Reparación de Víctimas, llevó a muchos de sus integrantes a la cárcel y extraditó cabecillas.
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