Algo muy grave está pasando con la contratación pública en Colombia, cuya responsabilidad recae en el Gobierno nacional y sus instituciones pero también en los entes de control y en las gobernaciones y alcaldías. No se salva la ciudadanía que definitivamente en este país o es insensible o resignada o no tiene formas reales de expresión para ser escuchada. Lo que está sucediendo con los programas millonarios de alimentación para los niños colombianos es inaudito.
Las denuncias que aparecieron está semana por parte de la Defensoría del Pueblo siguen llenando titulares de prensa e identificando culpables. Además de recibir con beneplácito esta labor de la Defensoría, quedan muchos interrogantes en el tapete y surgen reflexiones sobre uno de los problemas más graves del país: la asignación de los recursos públicos para los programas gubernamentales.
La primera preocupación es, ¿por qué solo hasta ahora se conoce lo que significa darle a los niños pobres semejantes raciones de comida escasa, contaminada, inoportuna e inclusive en estado de descomposición? Este gravísimo problema no es nuevo porque tanto el ICBF como el Ministerio de Educación, ejecutores de estos programas, reconocen que el suministro de alimentos para los niños colombianos pobres —porque ningún niño rico recibe estos alimentos— está controlado por mafias y estas no se crean de un día para otro.
La segunda inquietud es quiénes están detrás de estas mafias, porque ya se conocen los nombres de algunas de estas empresas cuyos directivos deberían estar en la cárcel. Sin temor a equivocaciones, son los políticos regionales que viven a cuerpo de rey como senadores y representantes, originarios de estos departamentos, quienes en llave con los gamonales locales, son los responsables de la adjudicación de estos contratos. Por ejemplo, el Atlántico un departamento bien manejado, ¿por qué aparece entre los que están haciéndole semejante daño a sus niños? Pregúntenle a los Char que tienen que ver con estos contratistas perversos.
La tercera es por qué gobernadores, alcaldes, senadores y representantes de los departamentos hasta ahora investigados y en la picota pública no han dicho nada. Primero, por qué no se dieron cuenta a tiempo y fue necesaria una investigación de un ente nacional como la Defensoría del Pueblo para que se descubrieran estos horrores contra la población más vulnerable de sus regiones, los niños y niñas pobres.
El país está escandalizado pero eso no es suficiente. Se requiere que salga a la luz el horror de la contratación pública, el negociado de muchos de esos operadores puestos a dedo por los políticos, que se han vuelto millonarios sacrificando la salud y la vida de las nuevas generaciones. La justicia no se debe detener solo en las empresas prestadoras de estos pésimos servicios. Es fundamental llegar a esos políticos inescrupulosos que abundan en nuestro país, que no tienen ni principios ni alma, y que han hecho de la política el negocio de su vida.
Cuántas generaciones de niños hemos sacrificado en esta Colombia injusta y corrupta, es la gran pregunta detrás de este escándalo. Y para el ICBF y Mineducación, declaren una emergencia y suspendan los contratos de esas empresas ya identificadas y aceleren los operativos en los departamentos que faltan que con seguridad presentan un panorama igual o peor al descubierto. Y para el Gobierno Nacional, ¿que más espera, después de los carruseles de contratación que en sus narices se han robado todo y de las mafias de contratistas y de operadores, para replantear claramente la contratación en el país?
¿Y con estos maravillosos programas dirigidos a los niños pobres, esperan acabar con la vergonzosa desnutrición infantil y con las injustificadas muertes de menores de edad? No solo titulares de prensa y declaraciones de funcionarios que ahora sí reaccionan. ¡Justicia, por amor de Dios! A la cárcel los culpables. Que no les pase lo mismo que a los de SaludCoop que andan orondos por las calles.
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