En un reciente artículo titulado “Porque no sirve el acuerdo de paz” (sic), Alberto Carrasquilla incurre en un error paralelamente contrario al que cometió James Robinson en su artículo de hace casi un año, titulado “¿Cómo modernizar a Colombia?”.
Como lo manifesté en aquel entonces (acá, acá, y acá), el equívoco del argumento de Robinson consistió en asumir que el principal objetivo de los acuerdos de paz con la guerrilla es avanzar hacia la implementación de una agenda de desarrollo económico para modernizar al país. No: el principal objetivo de la firma de un acuerdo de paz con la guerrilla es ponerle punto final al conflicto armado interno, para —a partir de ahí— abrir las posibilidades políticas y sentar las bases de política pública que permitan avanzar en la implementación de una agenda de construcción de paz. Dicha agenda de construcción de paz, como veremos, incluye —por supuesto— una agenda de desarrollo; pero el desarrollo no es, en este sentido y en este contexto, un fin en sí mismo.
El error de Carrasquilla es paralelo, puesto que se centra en consideraciones en torno a los efectos del acuerdo de paz sobre el desarrollo económico. Pero en este caso el equívoco es al contrario: asume que los acuerdos de paz con la guerrilla, implican una inversión de recursos (unos costos) que no se verán reflejados en beneficios económicos para el país.
Carrasquilla da inicio a su argumento diciendo que “en términos de seguridad (el resultado principal que espera la ciudadanía), firmar un acuerdo equivale a no firmarlo [porque] esa eventual firma no va a hacer mella alguna en la inseguridad que golpea a la ciudadanía”.
A esta aseveración, Carrasquilla le suma una crítica a “los defensores del proceso de paz”, que “no han logrado construir, ni mucho menos consolidar entre la opinión, una historia creíble sobre lo que significa exactamente ‘el conflicto’, ni sobre la relación entre el ‘conflicto’ y la criminalidad que nos agobia”. En este sentido, Carrasquilla le reclama a la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas que el informe que produjo no ofrece un “hilo conductor ni consenso alguno”.
Quizás lo que pasa es que Carrasquilla añora con nostalgia la imposición mediática de una única narrativa homogénea sobre el conflicto y su relación con la inseguridad, como la que supo producir, con magistral eficiencia propagandística, el gobierno del cual él mismo hizo parte. Pero los tiempos parecen haber cambiado para bien: lo que el país celebra del informe de la Comisión Histórica es, precisamente, que no ofrece un único hilo conductor, ni demanda, ni busca imponer, un consenso sobre la naturaleza y la historia del conflicto armado colombiano.
Contrario a lo que supone Carrasquilla, yo creo que para la gente es obvio que “el resultado principal” de la firma de la paz no será una reducción ostensible de “la inseguridad que golpea a la ciudadanía". No, el principal resultado de la firma de la paz será ponerle fin al conflicto armado con la guerrilla, desmovilizar a los combatientes, reincorporarlos a la sociedad, abrirles espacios políticos para que puedan dar curso a sus demandas dentro del sistema democrático y no mediante actos de terrorismo, darle curso a un proceso de justicia transicional que siente las bases para la no repetición de una tragedia que ha dejado más de 250.000 muertos (80 % de ellos civiles) y alrededor de siete millones de víctimas, y consolidar el proceso de reconocimiento y resarcimiento social de esas víctimas y sus dolores.
Por supuesto, y para matizar aun más el argumento de Carrasquilla, el éxito del proceso de paz —entendido como lo sugiere el párrafo anterior— va a implicar ostensibles reducciones en los niveles y las modalidades específicas de inseguridad que sufre nuestra gente en el campo, donde se vive en realidad la guerra. En otras palabras, va a significar un gran avance, precisamente, hacia el reconocimiento efectivo del derecho a la ciudadanía, largamente postergado, de los habitantes del mundo rural.
El resto del artículo de Carrasquilla está dedicado a interpretar, siempre en clave de talanqueras al desarrollo (crecimiento) económico, los aspectos más generales y abstractos del proceso de paz, sin entrar a mencionar ni a analizar los efectos económicos de los acuerdos obtenidos en la mesa de conversaciones en torno a temas concretos y específicos de desarrollo agrario integral, de participación política y de solución al problema de las drogas ilícitas.
Estoy seguro de que, si Carrasquilla se animara a examinar con detenimiento lo que plantean dichos acuerdos, vería con bastante mayor claridad y profundidad qué es lo que realmente se está perfilando como marco estructural de las transformaciones sociales, políticas y económicas requeridas para la construcción de la paz en Colombia.
Y estoy seguro de que, si se animara a realizar sobre todo ello un análisis un tanto más detallado, también se daría cuenta que esa “agenda de modernización” del país —que él siente que ha sido detenida o sacrificada por la urgencia de firmar una paz supuestamente inútil desde la óptica de una ortodoxia económica que ya hace rato está mandada a recoger— es quizás la misma agenda de modernización y desarrollo económico que en buena medida actuó como parte esencial del complejo entramado de causas que subyacen a la emergencia, la degradación y la persistencia del conflicto armado que estamos buscando, más allá de consideraciones netamente económicas, detener.
