El asesinato de 15 líderes sociales en el mes de enero lleva a formularnos la pregunta acerca de qué está ocurriendo en Colombia, bajo el nuevo gobierno que le apuesta a ser “potencia de la vida”,
Los dos últimos casos: Fernando Romero, fontanero y presidente de la junta comunal del corregimiento de Cachimbal, en Vijes, y el segundo, Fabián Castaño Serra, agricultor y motorista de transporte escolar en la zona rural de Tuluá.
El común denominador es el mismo: en sus entornos cotidianos los conocían como personas dinámicas, trabajadoras, solidarias y, en algunos casos, defensores de derechos humanos.
La máquina de la muerte que en el actual gobierno del presidente Petro ha segado la vida de alrededor de 300 personas, al parecer se encuentra no solamente bien aceitada, sino que, además, funciona en toda la geografía nacional, los 365 días del año.
Difícil determinar quiénes son los autores, más, cuando las “exhaustivas investigaciones” de las autoridades concluyen en nada y los casos entran a engrosar los anaqueles que se arruman en los despachos judiciales.
De la mano con ese imparable huracán de crímenes que terminan en un limbo sin resolver, de familias que pasados muchos años no logran cerrar el duelo, ahora el enorme listado de hombres y mujeres que migran, preferiblemente hacia Chile, España, Portugal y, en los últimos meses, un inusitado número de interesados en buscar nuevos horizontes en Polonia.
“Como están las cosas, lo mejor es irse a otro país, donde no se deba caminar mirando atrás en todo momento o sentir sobresaltos del corazón cada vez que acelera una motocicleta, no sea que allí vaya el sicario que tenga el encargo de acabar con uno”, me dijo Rosendo Imbachi, líder social del Cauca el día que, por casualidad, nos encontramos en la Oficina de Pasaportes.
Para salvar su vida, decidió abandonar a Colombia, su tierra natal. Tiene tiquete de ida, pero no de regreso…
