La situación extremadamente compleja por la que atraviesa Venezuela se ha visto agudizada en los últimos días por la intervención del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos del vecino país, a contrapelo de la Carta de la ONU de 1945, suscrita en San Francisco, que consagró los principios rectores de las relaciones internacionales:
El Capítulo I, Propósitos y Principios, artículo 1, inciso 2, consigna: “Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de libre determinación de los pueblos”. El artículo 2, Principios, establece: “1. Igualdad soberana de todos sus miembros. 3. Arreglo de controversias internacionales por medios pacíficos. 4. Los miembros de la ONU se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. 7. No intervención en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados”.
Contrariando los principios fundantes de las Naciones Unidas, el pasado 25 de enero el vocero del presidente Trump, Mauricio Claver, afirmó que “ninguna acción con referencia a Venezuela es descartada por el gobierno norteamericano. Las opciones militares, sanciones económicas, petroleras y hasta la posibilidad de negociar una salida pacífica están en la mesa”. Agregó que “sobre las transacciones económicas que se mantienen entre EE. UU. y Venezuela, lo más lógico es que todo ese dinero producto de la venta de petróleo sea recibido, invertido y utilizado por el nuevo gobierno a cargo de Juan Guaidó”.
Pero yendo mucho más allá, como evocando las centenares de intervenciones ilegales promovidas por Washington a lo largo de los siglos XX y XXI, el Secretario de Estado, Mike Pompeo, nombró a Elliott Abrams como emisario especial para restaurar la democracia en Venezuela. Este personaje ya había trabajado con los expresidentes republicanos Ronald Reagan y George W. Bush. También ha mostrado sus ansias belicistas intervencionistas, John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de EE. UU., quien aseguró que “su trabajo es mantener a Nicolás Maduro sin acceso a los recursos del Estado” y en su libreta de apuntes había anotado “cinco mil soldados para Colombia”, lo que no valió ninguna protesta de parte del gobierno nacional.
Al contrario de defender los intereses nacionales, el presidente Iván Duque ha cerrado filas con las políticas imperiales de Trump, junto con otros gobernantes latinoamericanos, con las honrosas excepciones de los presidentes Evo Morales de Bolivia, Andrés López Obrador de México y Tabaré Vázquez de Uruguay. Un numeroso grupo de intelectuales y profesores universitarios norteamericanos, encabezados por Noam Chomsky, han firmado una carta abierta a los Estados Unidos en la que afirman que la “única solución es un acuerdo negociado” y exigen al gobierno de ese país que “dejen de interferir en la política interna de Venezuela”.
Los demócratas de Colombia y del mundo deben enarbolar los principios consignados en la Carta de la ONU, un acervo de los pueblos del mundo, en especial la autodeterminación nacional, la no violación a la integridad territorial y a los asuntos internos de los Estados, la solución pacífica de las controversias, la coexistencia pacífica y la paz mundial.
Que el pueblo y la nación venezolana resuelva sus asuntos sin interferencias foráneas.
