Jaime Alonso Acosta hacía tercer semestre de ingeniera mecánica en la Universidad Industrial de Santander. Su papá pegaba ladrillos y su mamá cosía vestidos en Valledupar para mantenerlo en Bucaramanga. En el segundo semestre del 2002 a sus papás les fue mal. No tenían ni para los $180 mil que costaba la matrícula. Un tío se encargó de él. El 20 de noviembre del 2002 Jaime Acosta, a sus 18 años, participaba por primera vez en una protesta estudiantil. La UIS se cerró durante tres semanas por el recorte presupuestal a la educación pública en el primer gobierno de Álvaro Uribe.
El Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, creado en 1999 durante el gobierno de Pastrana, se estrenaba en Bucaramanga. Era una de las 19 unidades que desde esa época operaban en el país, todas al amparo de la Dirección de Seguridad Ciudadana, (Disec). Eran las 11 am, los estudiantes lanzaban piedras y las papas bombas contra los uniformados del Esmad quienes se protegen con un escudo de 12 kilos. Son 3.600 policias los que conforman esta fuerza de choque. Respondían con gases lacrimógenos y arremetidas a bolillo y teaser. De un momento a otro sonó un disparo. Los estudiantes vieron caer a Jaime Acosta, pálido y con un hueco en el pecho. Se murió a la entrada de la universidad. Le disparó un miembro del ESMAD que nunca identificaron. Entre los estudiantes hicieron una vaca para enviarlo de regreso a Valledupar. No hubo responsables por esta muerte. Ni siquiera investigación se abrió una investigación.
No era la primera vez que una bala fantasma mataba a un estudiante en una protesta reprimida por el ESMAD. En cada marcha el ESMAD ponen a prueba su agresividad y los blancos suelen ser alumnos de la Pedagógica, la Distrital o la Nacional.
Carlos Giovanni Blanco, estudiante de Medicina de la Universidad Nacional había recibido un disparo de arma corta en el pecho durante una protesta reprimida por el ESMAD en Bogotá el 8 de noviembre del 2001. En el 2005 Nicolás Neira murió en un hospital de Bogotá, después de recibir una paliza por tres agentes. Tenía quince años.
El 8 de marzo del 2006 en medio de una manifestación el estudiante de la Universidad Distrital de Bogotá Óscar Leonardo Salas se desplomó sin vida después de que una canica le destrozara el ojo y le llegara hasta el cerebro. Uno de los agentes del ESMAD que reprimió la manifestación testificó en la Fiscalía que el mayor Rafael Méndez, a cargo de la operación, les había ordenado usar “todos los juguetes”, eso se traducía en que se podía usar cápsulas de gas reutilizadas y rellenas de pólvora negra y metralla – pedacitos de vidrio, canicas, frijoles suelos, tachuelas- para socavar a los manifestantes. Al mayor Méndez las investigaciones no le hicieron daño.
La cifra de muertos no se detuvo: en julio del 2010 cayó asesinado en Cali de un balazo durante un enfrentamiento contra el ESMAD el estudiante de la Universidad del Valle Jhonny Silva.
El 10 de noviembre del 2011 Belisario Camayo Guetoto, un indígena del Cauca que se había unido con otras personas que exigían recuperar sus tierras usurpadas murió en enfrentamientos con la policía de un disparo de fusil. Durante el paro agrario del 2013 el campesino Víctor Alberto Triana Benavides recibió una golpiza que terminó quitándole la vida en un hospital de Facatativá.
En el 2010, durante un paro de transportadores en Bogotá, un joven llamado Edgar Bautista le reclamó a un agente del Esmad por haber golpeado a una niña. La respuesta fue dispararle a quemarropa un gas lacrimógeno en el pecho. En Bogotá han sido identificados al menos 18 muertos ocurridas en manifestaciones.
Nadie sabe cuántos muertos han dejado los enfrentamientos de manifestantes contra el ESMAD en los 18 años que lleva funcionando. Sus uniformes lucen intimidantes como armaduras inexpugnables que evocan a Robocop. Todo se queda en la apariencia: una bala puede penetrarla con facilidad. Debajo de la armadura llevan un overol negro especial que les da cinco segundos en caso de que una papa bomba les estalle antes de que el fuego pueda hacerles daño y un pasa montañas de esa misma tela. El casco pesa 3 kilos. La protección de los genitales, pesa 2 kilos. Cargar nada más el uniforme es un suplicio.
La selección de los integrantes de esta fuerza especial de la policía es exigente. Pasan por un durísimo entrenamiento en el Centro Nacional de Operaciones en Tolima. Son ejercicio de resistencia para control de multitudes, gases; soportan hambre, calor y sed para afrontar manifestaciones que se extiendan en el tiempo. Los templan psicológicamente para afrontar insultos y el constante rechazo ciudadano. Cada vez que hay un partido de fútbol en los estadios del país ellos se hacen afuera, expectantes, con la inmovilidad solemne de una estatua y reciben, sin inmutarse, insultos, provocaciones y escupitajos. Todo por un sueldo que, con bonificaciones incluidas, no supera los $1.800.000 pesos.
Las ordenes de intervención del Esmad corre por cuenta de los alcaldes quienes en muchas ocasiones, en los casos de las universidades, la policía viola la autonomía universitaria en contravía a las decisiones de los rectores como ocurrió en las últimas manifestaciones del año pasado en la ciudad de Popayán. Ahora que el país se movilizará en el paro nacional del 21 de noviembre, la atención estará puesta sobre la actuación de los uniformados que tienen orden de acuartelamiento para responder a cualquier acción de los manifestantes.
