No es extraño que la ministra de Educación Gina Parody evada el debate con la comunidad universitaria. Daño haría a la imagen de un Ministerio de anuncios y propaganda política sobre los temas de la educación colombiana. A nadie se le escapa los escandalosos Programas de Alimentación Escolar que se roban a granel en regiones de Colombia frente a la mirada atónica del gobierno. Es más, resulta gravosa la suerte de complicidad que ha podido evidenciarse entre los directorios políticos y alcaldes gobernistas con los contratistas de dichos programas en algunas regiones.
Como si fuera poco, las recientes declaraciones alrededor de la creación de un Sistema Nacional de Educación Terciaria, SNET, sin ningún atisbo de discusión y elaboración amplia y democrática previa con profesores, rectores, estudiantes y trabajadores de la educación superior, no han sido recibidas positivamente por el sector universitario. Esto cuando reiterados reclamos de dichas comunidades han insistido en una reforma integral a la educación superior, que modifique de fondo la manera como el Estado participa de la financiación de las universidades públicas remplazando la Ley 30 de 1992. ¿Qué pasará con la reforma? Nada más que un remoquete. Y tal para cual, el déficit calculado en 16,1 billones de pesos que tienen las 32 universidades del Estado se mantendrá en crecimiento.
Tampoco resulta extraño que se evada un hecho que debe adquirir completa relevancia en el debate educativo colombiano. Durante las movilizaciones del año 2011 la Mesa Amplia Nacional Estudiantil desarrolló un Paro Nacional masivo, creativo, democrático y de amplitud absoluta. Esto le valió un triunfo bastante significativo: concertar con el gobierno Santos una nueva Ley de educación Superior que remplazase a la mencionada Ley 30. Sin embargo, el gobierno incumplió, se paró de la mesa y posteriormente insistió en introducir los elementos del ánimo de lucro educativo que caracterizaban su reforma. Un hecho cierto es que no accedieron a concretar, no porque desistiera de su propuesta, sino porque le tocó hacerlo frente a las masivas movilizaciones de la sociedad civil que la rechazaban. Luego, como era de esperarse, insistirían en esa reforma por otros medios.
Ahora ¿en qué consiste la política del gobierno actualmente? Los gastos de funcionamiento de las universidades están siendo abandonados. Las transferencias de la Nación y recursos locales cubren en promedio tan sólo 61% de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas. Caso aberrante el de la Universidad de Sucre con un 14% de participación estatal en dichas transferencias. Al año los mencionados gastos crecen al 7,2% y los gastos de personal al 8.3%, frente a un incremento del 3% anual de los recursos de la Nación, brecha que, como van las cosas, se ampliará con el tiempo.
El crecimiento de la contratación de docentes ocasionales y de cátedra corresponde al necesario recorte de gastos en el que han tenido que caer. El SUE tiene cerca de 33 mil docentes, de los cuales 35,6% son de carrera y 64.4% ocasionales y de hora cátedra. Los recursos requeridos para dar cumplimiento a la meta de 70% en docentes de planta, 10% en ocasionales y 20% de cátedra ascienden a $600 mil millones.
Por todos los medios el presidente Santos y la Ministra Parody insisten en que el eje de la política con el sector es endeudar estudiantes. Según ellos se otorgarán 100 mil nuevos créditos de educación superior para sostenimiento y pago de matrícula, pasando de 129 mil a 229 mil endeudados a 2018, aun cuando con esa política niegan el derecho fundamental a la educación, ponen a miles de familias a sufrir desdichas propias de los insolventes acosados por el sector financiero y montaron un gran negocio.
Mientras tanto se endeuda también a las universidades. En 2014 se aprobó un cupo de endeudamiento para la Universidad Nacional de Colombia cercano a los $200.000 millones con cargo a recursos provenientes de la Estampilla Pro Universidad, que en un periodo de 7 años contempla un interés cercano a los $62.000 millones, el 31% de dicho crédito.
Hasta aquí está claro como mueve el gobierno la plata de la universidad: recursos privados de la banca a la educación pública y recursos públicos a la educación privada, ambos a través del crédito, los primeros a las instituciones y los segundos a los estudiantes y sus familias. También que la OCDE, como otros órganos internacionales, dictan la política y el gobierno obedece. ¿Autonomía Universitaria?
Finalmente habría que destacar que los que sí son escuchados en Colombia para adelantar políticas en la educación superior son la OCDE y el Banco Mundial.
El Banco Mundial, hacia el año 2003, publicó su libro Construir sociedades del conocimiento: Nuevos desafíos para la Educación Terciaria, donde reclamó políticas que “incrementen la diversificación institucional (aumento del número de instituciones no universitarias y privadas) para ampliar la cobertura sobre una base financiera viable y para establecer un marco de formación continua con múltiples puntos de acceso y gran variedad de itinerarios formativos”.
La OCDE en el año 2012 emitió sus recomendaciones para el sector educativo colombiano, consistentes en “atraer más fondos al sistema […] implementando cambios en la gobernabilidad para estimular nuevas inversiones del sector privado” pues, partiendo de la insuficiente fuente de recursos públicos y la creciente demanda insatisfecha, “la única manera de hacerlo sería recurrir a proveedores privados y compartir los costos [donde] las asociaciones mixtas público-privadas representan un modelo muy prometedor para Colombia.” Y hace pocas semanas, este mismo órgano habló de la financiación de la educación superior dirigida al crédito educativo y la privatización, afirmando que “El obstáculo principal para la asignación efectiva de recursos en Colombia sigue siendo el sistema obsoleto, inequitativo e ineficiente de distribución de los recursos oficiales nacionales a las instituciones de educación superior establecido en la Ley 30 de 1992”, haciéndose necesario “avanzar hacia un sistema de financiación basado en el desempeño” (¡Que tal!), y “eliminar las barreras financieras de la matrícula de estudiantes de bajos ingresos” promoviendo el crédito educativo mientras se elimina la financiación directa a las universidades.
Con lo anterior queda claro por qué la Ministra Parody no debate con la comunidad universitaria, no asiste al foro sobre Autonomía Universitaria convocado por la UNAD y ASCUN al que fue invitada y evade dar claridades sobre su mala política educativa. ¿Con la excusa de acabar con el estigma social que tiene la educación técnica, el gobierno pretender enterrar definitivamente el debate sobre la crisis de la universidad pública? ¿nos seguirán tratando como a estúpidos?
