Todo el país coincide en que la corrupción y la impunidad son los principales males de Colombia, inclusive por encima de la inseguridad, los grupos al margen de la ley o el desempleo, por ejemplo.
Y en cada colombiano hay una semilla de rencor hacia quienes han abusado del poder, del dinero de los contribuyentes y de las prebendas de un cargo estatal, quisiéramos que no existiera más este tipo de conductas, erradicarlas de nuestra vida cotidiana.
Para lograrlo, hay que denunciar. Es absolutamente necesaria la denuncia en todas las instancias, eso que en cultura ciudadana se denomina Sanción Social y que consiste en que los ciudadanos hacemos público todo aquello que va en contra de la ética y la transparencia en las actividades del Estado. Y lo denunciamos.
¿Por qué nos dan miedo las denuncias? ¿Por qué decimos que esta contienda electoral es sucia, que huele mal y que provoca asco?
Creo que el problema no es la denuncia en sí sino la paquidermia de la justicia y su ineficiencia para resolver con celeridad las denuncias. Entonces los ciudadanos se confunden y amedrentan, no saben qué hacer, a quién creerle, por dónde seguir o a quién apoyar.
Ahora mismo, dos candidatos presidenciales y sus respectivas colectividades hacen denuncias. El país entero se escandaliza y los medios hacen eco. ¿Y la justicia? Si no existe en el Estado un ente eficiente que resuelva lo denunciado, se pronuncie y diga si es o no cierto, aplique correctivos y sentencias, entonces las tales denuncias se convierten en un boomerang en favor o en contra de alguno, nunca en favor de los ciudadanos.
Y el acto de denunciar, que es un acto legítimo de la ciudadanía, se convierte en un número que suma o resta en el proceso electoral. ¡Necesitamos más denuncias!
Y una justicia competente para recibir, investigar y sancionar.
Lo que debe aterrarnos no es la denuncia misma sino la impotencia de nuestras instituciones para darles el curso correcto que deben tener dentro de una democracia.
Es necesario aplastar la corrupción institucional denunciándola, ese es el principio del verdadero cambio que necesitamos. Si, por ejemplo, en todas las entidades estatales tuviésemos ciudadanos que denuncian, este país daría el cambio. Pasaríamos de ser una democracia corrupta a una con control ciudadano, así de simple.
Lo lamentable es que solamente se realice en períodos electorales y con el único fin de hundir a otro contendor, no con el sano propósito de rescatar las instituciones.
Que no nos de miedo la piel del tigre y mejor salgamos a buscar al asesino. Lo que significa una justicia eficiente y equitativa, que no privilegie intereses electorales por encima del bien común, que legisle para todos y no para el partido por el que fue elegido magistrado, juez, fiscal o procurador.
Nuestros servidores públicos olvidan que son elegidos para servir a todos los ciudadanos, no solamente a aquellos que los eligieron. Que no se trata de un favor sino de un servicio.
Y los ciudadanos olvidamos que las denuncias siempre son bienvenidas, que en un estado ciudadano y democrático se ejerce el control social de esa manera y que se asegura la transparencia siempre y cuando la justicia sea eficiente y justa, así suene a pleonasmo.
Nada más triste que una sociedad del “tapen tapen” por el qué dirán.
