El último gran escándalo de corrupción en el gobierno de Iván Duque se relacionó con un supuesto entramado de irregularidades con los recursos de regalías destinados a la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Aunque nunca se preciso con certeza el monto del desfalco, la investigación periodística que reveló el escándalo, liderada por Valeria Santos y Sebastián Nohra, sí determinó que el monto se acercaba a los 500 mil millones pesos. ¡Medio billón de pesos!
Según la investigación periodística, desde el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD-Paz), se priorizaban los proyectos a partir de un criterio político -favoreciendo a sectores cercanos al partido Conservador- y los acaldes sin ese padrinazgo debían pagar un “peaje” para que sus proyectos ingresaran en el orden del día de las sesiones. Todo un entramado que involucraba -dada la composición del OCAD-Paz- a funcionarios del Departamento Nacional de Planeación, la Contraloría General y la Consejería para la Estabilización y la Normalización.
En su momento, el escándalo fue mayúsculo y agitó las aguas de la indignación. Desde el Pacto Histórico -en plena carrera electoral- se exigió llegar hasta los “cerebros” del desfalco y el entonces candidato Gustavo Petro, convencido de la certeza del entramado, prometió que de ganar las elecciones pediría a las Nacionales Unidas la conformación de una Comisión internacional para investigar la corrupción en el OCAD-Paz y en los recursos derivados de la inconstitucional suspensión de la ley de garantías.
Pues bien, el presidente Petro no ha solicitado la conformación de la tal Comisión Internacional y tampoco se volvió a hablar del desfalco a los recursos a la paz. Parece como si el tema, por algún tipo de conveniencia o estrategia política, hubiera sido silenciado o relegado a los anaqueles del olvido.
No tiene sentido que a ocho meses de iniciado el gobierno no se hayan encontrado los cerebros detrás del mayor escándalo de corrupción con los recursos de la paz, el mismo que implicó la desfinanciación de los PDET y que llegó vía informe de la Misión de Verificación hasta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidad; o es que el supuesto desfalco al OCAD-Paz solo fue resultado de una especulación periodística, o el gobierno y la Contraloría optaron por no llegar “hasta las últimas consecuencias”.
Ya es claro que Petro incumplió con su promesa de convocar la tal Comisión internacional para investigar la corrupción, ya no lo hizo y dudo que lo haga, pues en su inestable coalición de gobierno cohabitan los mismos sectores que se vieron favorecidos por el entramado de corrupción en el OCAD-Paz y que, además, hicieron uso desmedido de los recursos allegados tras la inconstitucional suspensión de la ley de garantías.
Parece que el presidente no quisiera agitar las turbulentas aguas en su coalición y que haya optado por guardar silencio. Un silencio que se hace extensivo a la Contraloría General y a los congresistas del Pacto Histórico, los mismos que como candidatos se montaron sobre los hombros de la indignación y que ahora guardan silencio. Solo promovieron un debate de control político que no llegó a nada o si acaso determinó responsabilidades.
Que los mismos sectores políticos que se vieron favorecidos por el desfalco en el OCAD-PAZ durante el gobierno Duque ahora integren la coalición del gobierno del “cambio” no resulta novedoso, en Colombia los partidos tradicionales operan como correas de transmisión del poder de turno o como carteles de contratación. Pero lo que sí resulta contradictorio es que un gobierno que se dice abanderado del “cambio” guarde silencio ante un entramado de corrupción de semejantes proporciones. ¿Por qué el silencio?, ¿Quién dio la orden?
