A pesar de su cercanía política y personal al Presidente Gustavo Petro, Antonio Navarro Wolff, exdirigente del M-19, uno de los copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente y exgobernador de Nariño (2008 – 2011), no quiso aceptar ningún cargo. Lo había acompañado como primer secretario de gobierno en su alcaldía de Bogotá, pero salió distanciado en el primer año de gestión.
Nuevamente Petro presidente le ofreció, a decir de sus cercanos, el cargo que quisiera. Navarro no solo no aceptó nada, sino que se ha marginado del devenir de su partido, Alianza Verde y se recluyó en su apartamento del barrio El Lago en Bogotá. Sin embargo, respaldó el nombre de su amigo Raúl Delgado, quien lo sucedió en la gobernación de Nariño, para que fuera nombrado director de la Agencia de Renovación del Territorio uno de los cargos asociados a la implementación del acuerdo de paz con las Farc.
Ahora se vuelve a encontrar con él y con otros dos ex mandatarios de Nariño, Parmenio Cuéllar (2001-2003), Eduardo Zúñiga (2004 – 2007) como testigos ante el Tribunal de la JEP. Fueron citados para rendir testimonio los días 17 y 25 de junio a una diligencia que formarte de la investigación que adelanta la Sala de Reconocimiento de Verdad en el Caso 02, que investiga graves crímenes presuntamente cometidos por la Fuerza Pública en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, Nariño.
La JEP invitó también a las víctimas de los municipios priorizados que sufrieron graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, cometidas durante la erradicación de cultivos de uso ilícitos con glifosato, a solicitar su acreditación.
Este llamado se da en el marco del Caso 02, que investiga los crímenes cometidos presuntamente por la antigua guerrilla de las Farc-EP, así como por integrantes o exintegrantes de la Fuerza Pública, agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública y terceros civiles en esta región, entre los años 1990 y 2016.
Este macrocaso de la Sala de Reconocimiento de Verdad desarrolla dos líneas de investigación por actores, con una metodología territorial que incorpora los enfoques de género, étnico racial y territorial y ambiental
Como parte del proceso de investigación judicial, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha identificado más de 400 hechos graves y representativos presuntamente cometidos por agentes del Estado integrantes de la Fuerza Pública, de los cuales, 98 se ejecutaron en el marco de la implementación de la estrategia de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, mediante aspersión aérea con glifosato.
En los informes aportados por las organizaciones de víctimas, indígenas, afrocolombianas, campesinas y de derechos humanos y otras fuentes de información disponibles en el expediente judicial, se expone que estos hechos generaron daños graves, diferenciados y desproporcionados sobre la población civil, sus bienes, el Territorio y la Naturaleza.
En específico, precisan que se generaron daños directos en la salud de las personas y afectaciones ambientales graves, incluyendo la destrucción de cultivos de pan coger, plantas medicinales y contaminación de ríos y quebradas. Precisamente por estos daños, el exgobernador de Nariño, Camilo Romero se opuso a la fumigación con glifosato, bandera con la que se lanzó a la Presidencia de la República, compitiendo con Petro en la consulta del Pacto Histórico, en la que fue superado en votos por Francia Márquez. Como compensación el Presidente lo nombró embajador en Argentina.
