En menos de un mes, el municipio de Jamundí ha sido víctima de dos atentados con motocicletas bomba. A los bogotanos, que en su mayoría poco o nunca han oído hablar de esta población hay que darles un dato para mostrar su importancia.
Mientras la distancia de Bogotá Chía es de 33 kilómetros, según la guía Michelin, a Cali, la tercera ciudad del país, solo la separan 17 kilómetros de Jamundí. Mejor dicho, entre estas dos ciudades hay casi la mitad de distancia que existe entre Bogotá y Chía.
Con lo cual, cuando se dice que Jamundí está en las goteras de Cali, la afirmación es literal. Jamundí es casi un barrio caleño porque además de su cercanía con la capital del departamento, unas 300.000 personas que trabajan en la capital del Valle, tienen su residencia en este municipio.
De ahí la preocupación que genera en Cali, y en el Valle del Cauca en general, lo que ha venido ocurriendo en Jamundí. La ola de violencia es reciente pero el factor que la genera es viejo. Y comenzó en el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando por la obsesión de firmar la paz, se paró la erradicación de los cultivos ilícitos.
Entonces, la zona rural de Jamundí se llenó de plantaciones de coca. En un principio, estos eran manejados por las Farc, pero cuando se firmó la presunta paz, y vino la proliferación de grupos que quisieron adueñarse del territorio que ocupaban las Farc, la violencia se agudizó.
Las disidencias de Iván Mordico, el ELN y el Clan del Golfo comenzaron a disputarse a sangre y fuego ese territorio estratégico, no solo por la existencia de dos mil hectáreas sembradas de coca, sino porque es un corredor que comunica al centro del país con el Pacífico. Y por lo tanto es ideal parta sacar la droga que se envía a Estados Unidos.
Para mayor desgracia (¿), el subsuelo de la zona montañosa que circunda a Jamundí es rico en varios minerales. Lo cual, aumentó el interés por la región de los violentos, que ahora se lucran no solo de la coca sino de la minería ilegal.
Este complicado panorama se agudizó gracias a la llamada paz total que impulsa el gobierno de Gustavo Petro. Por cuenta de esta utópica iniciativa se suspendieron las operaciones militares lo que fue aprovechado por las disidencias de Mordisco, que al final se impusieron sobre los demás grupos, para echarle muela a Jamundí.
Desde hace rato en esa localidad se sabe que en la parte rural, sobre todo en la zona de Potrerito, la autoridad la ejerce la gente de Mordisco. Hace unos cuatro meses un grupo de ciclistas fue interceptado por unos guerrilleros en la vía que conduce de Jamundí a ese corregimiento. Los retuvieron un buen rato, les pidieron papeles y les advirtieron que para utilizar esa carretera debían contar con su permiso.
Pero esa no es la única demostración de poder que han hecho las disidencias. Otro hecho que generó alarma fue la asonada de la que fue objeto un pelotón de militares que se atrevió a patrullar la zona. Un grupo de cultivadores de coca, evidentemente presionado por la gente de Mordisco, sacó corriendo a los soldados y les advirtió que su presencia no era grata.
Al parecer los atentados de último mes hacen parte de un intento de las disidencias de distraer a los militares a los que por fin les dieron la hora de recuperar la presencia de la autoridad en la zona del Naya, colindante con la Jamundí rural.
Lo cierto es que la gente en Jamundí está tan desconcertada como atemorizada. Y es natural: están padeciendo los efectos de un conflicto totalmente ajeno. Porque no es un conflicto causado por los jamundeños ni en el que ellos participen. Esa violencia es generada por gente foránea que quiere apoderarse de una zona estratégica.
Le corresponde actuar al Estado que debe proceder como si esta situación se estuviera presentando en Chía y la seguridad de Bogotá estuviera amenazada
Y como la violencia no es responsabilidad de los jamundeños, tampoco está en sus manos combatirla. La Gobernación del Valle, por muy buenos deseos que tenga, tampoco puede hacer mucho: no tiene el ejército ni las armas necesarias para atacar ese flagelo.
Le corresponde, entonces actuar al Estado colombiano. Que debe proceder como si esta situación se estuviera presentando en Chía y la seguridad de Bogotá estuviera amenazada.
Como dijo la gobernadora Dilian Francisca Toro, si el Estado permite que se pierda esta zona, se perderá todo el suroccidente y, por ahí derecho, todo el país. La amenaza de Mordisco no se puede dejar prosperar. Y a Jamundí hay que sacarla de las fauces de este delincuente.
No más medidas reactivas. La meta no puede seguir siendo controlar a esos bandidos. Lo que se debe buscar es desalojarlos definitivamente de la zona. Lo que se requiere, entonces, es una estrategia militar bien articulada y de largo aliento.
Ojalá el ministro de Defensa Iván Velásquez se baje de esa nube en la que parece estar encaramado y se dé cuenta de lo que hay en juego.
Hoy es por Jamundí. Mañana puede ser por Colombia.
