La educación pública en nuestro país atraviesa un período crítico. Las armas de nosotros, los jóvenes de bajos recursos económicos, para lograr nuestros sueños de ser profesionales son las capacidades intelectuales y la universidad pública. Debemos recordar que según la OCDE, para que un país se desarrolle necesita al menos dos elementos: educación superior y empleo, y en esto estamos reprobando.
Es que nuestra lucha no es por perder el tiempo o porque no queremos estudiar como dicen algunos por ahí, es porque el déficit de las universidades públicas crece a pasos agigantados. Hoy el déficit histórico es de $3,2 billones en funcionamiento y $15 billones en inversión (construcción, mantenimiento y recuperación de infraestructura).
Si analizamos las causas, nos remontaríamos a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Allí se determina que los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes de los entes territoriales, recursos y rentas propias de cada institución y aportes del presupuesto nacional para funcionamiento e inversión. La suma de todos esos recursos no debe ser menor al IPC anual.
A esto sumémosle que la universidad crecería a un ritmo más acelerado de lo que crece el IPC. Cuando se creó la ley, había unos 150 mil estudiantes en universidades públicas, hoy existen más de 600 mil. Esto se traduce en que se multiplicó por cuatro el número de estudiantes mientras que los recursos se disminuyeron a la mitad.
Aunque las fuentes de recursos públicos para la educación superior son varias (el Ministerio de Educación Nacional, los departamentos, los municipios, el Sena, el Icetex y el Sistema General de Regalías), solo se logra cubrir una mínima parte de la demanda existente.
En ese orden de ideas, salimos a marchar porque urge una reforma a estos artículos de la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior. También luchamos por el aumento a 4,5 billones el presupuesto para la universidad pública, la reliquidación de todas las deudas de Icetex a 0% interés, así como la condonación de los estudiantes de Ser Pilo Paga (aún si han desertado del programa), el congelamiento del aumento de matrículas de las IES de carácter privado, el aumento de asignación del 100% para Colciencias y la derogatoria de la Ley 1740 (inspección y vigilancia) y del Decreto 1280, en tanto que son normativas que cercenan la autonomía universitaria.
La carrera es dura, y quizás deberíamos preguntarnos, ¿cómo podemos fortalecer la universidad pública? Algunos rectores y nosotros los estudiantes proponemos modelos para poder financiar la universidad pública y fortalecerla. Estas acciones se pueden implementar desde ya y serían alternativas muy aterrizadas para enfrentar lo que hoy se vive al interior de ellas.
1. Una reforma estructural a la ley 30 de 1992. Se necesita entonces una reforma a la ley 30 que proporcione mayores recursos, más fuentes de financiación, teniendo en cuenta el crecimiento actual de cobertura y una mayor proyección a futuro para garantizar educación de calidad que permita a la universidad pública fortalecerse.
2. Incentivar la calidad y la investigación. En la actualidad se está hablando de las industrias basadas en la innovación y creatividad, es importante por lo tanto fortalecer la investigación y tecnología, pero además de necesitar inversión. Por otra parte, según expertos, se necesitan acciones concretas como: crear políticas de Estado a largo plazo que fortalezcan la ciencia y tecnología; incrementar la inversión en ciencia, tecnología e innovación, por lo menos alcanzar el uno por ciento del PIB en el corto plazo y llegar al dos por ciento en el mediano y largo plazo; fortalecer la institucionalidad, ya que ecesitamos un órgano independiente que sea rector de este tema, Colciencias ha sido fundamental, pero se le debe dar mayor autonomía; coordinación entre los diferentes entes que generan investigación y articular con la empresa privada la financiación de proyectos de investigación.
3. Eficiencia en el manejo de los recursos. Si bien a las universidades públicas les falta presupuesto, el asignado debe tener una distribución corresponsable, eficiencia en la administración y adecuado manejo del gasto, para la sostenibilidad del sistema.
Las marchas y reclamos que hemos venido haciendo no fueron y serán solamente las del 10 de octubre. Seguiremos exigiendo “educación superior para todos, universidad gratis y pública que nos permita construir nuestros proyectos de vida y soñar con mejores posibilidades para nuestras comunidades y familias”.
