En muchas de las de las regiones de los departamentos más golpeados, los militares/paramilitares (y grupos armados no identificados, presumiblemente vinculados al narcotráfico) cometieron masacres, violaciones, desplazamiento, despojo y luego se consolidaban. Así fueron adquiriendo legitimidad a lo largo de los años, hasta alcanzar representantes en el Congreso, presidencia y otros cargos…
Para entender esta lógica, debemos retroceder un poco más de treinta años, y analizar el comportamiento militar/narcoparamilitar en los seis departamentos más golpeados por estos y que votaron por Duque: Antioquia (490 masacres), Santander (118), Cesar (116), Norte de Santander (100), Bolívar (77) y Magdalena (76). Sin olvidar departamentos que también fueron fuertemente golpeados por el terrorismo de Estado como el Meta (61), Córdoba (53), entre otros igualmente afectados.
No voy a hablar de las regiones. Pues en los municipios de Apartadó, Chigorodó y otros, afortunadamente ganó la coalición de la Colombia Humana de Petro. Pero las grandes cabeceras municipales de los departamentos, le dieron la espalda a las regiones que anhelan esperanza y justicia. Como Medellín, que siendo una ciudad receptora de miles de desplazados por esta violencia militar y narcoparamilitar, le dió la espalda a las regiones. Y esos votos mayoritarios configuraron el nuevo mapa electoral a nivel departamental, y desde luego nacional, a favor del continuismo.
En las últimas tres décadas (1980-2012), el militarismo/paramilitarismo (y grupos armados no identificados) han cometido más de 1639 masacres (82.5% del total), Ver Informe CNMH, y la mayor cantidad de asesinatos selectivos con más de 17.708 muertos (76.2% del total de asesinatos selectivos en razón del conflicto), así como la mayor cantidad de desapariciones, violaciones, y torturas en las regiones. Provocando desplazamientos forzados y el despojo posterior de las tierras de quienes se vieron obligados a abandonarlas. Y el departamento de Antioquia, ocupa el primer lugar en tan deshonroso escalafón con el mayor número de masacres, asesinatos selectivos y otros (cerca del 35% a nivel nacional). En la que siempre es pertinente recordar, para #NoOlvidar, casos tan horribles como la masacre paramilitar en Remedios en 1983 (sin olvidar otras que se realizaron en el mismo municipio); las dos masacres en Turbo en 1988, con 20 y 23 asesinados; la masacre cometida por militares en San Rafael (1988) con 17 asesinados; las masacres de Segovia (1988, 1996, 2002) con 46, 14 y 24 asesinados respectivamente; una de las masacres en Apartadó en 1996, con 10 asesinados; una de las tantas masacres de Medellín en 1996; la masacre de Anzá (1996); Chigorodó (1995); Vegachí (1997); Mutatá (1997); el Retiro (1997); Ituango (1997); Dabeiba (1997); Urrao (1998, 2000); Sabanalarga (1998); Remedios (1998, 2001); Yolombó (1998, 1999, 2001); San Carlos (1998, 1999, 2000, 2001); Heliconia (1999); Yarumal (2000); Turbo (2000); Barbosa (2000); Granada (2000); El Peñol (2001); Peque (2001); Alejandría (2001); Yondó (2002); Caucasia (2011), Santa Rosa de Osos (2012), etc., etc. Para un aproximado de casi 600 personas asesinadas, sólo en este conteo! Ni hablar de los heridos, los mutilados, los desaparecidos, los detenidos, los niños asesinados, las mujeres asesinadas (incluyendo las que se encontraban embarazadas o en gestación), así como los asesinatos selectivos, o los desplazamientos masivos que esas masacres y/o proyectos de inversión (despojo) provocaron hacia las grandes ciudades como Medellín, Bogotá o el exterior.
A partir de este despojo (violento o fraudulento vía administrativa-notarial) se empezaría a consolidar el proyecto narcoparamilitar para establecer sus zonas de influencia y su poder territorial (así como también el poder económico, político y social).
Un primer paso de la estrategia era “sacarle el agua al pez”. Es decir, se iban copando territorios vía masacres, asesinatos selectivos y sistemáticos, violaciones, amenazas, hostigamiento, terrorismo, genocidios, desplazamientos y desaparición forzada contra los civiles y campesinos de la región. Y por otro lado, también masacraban, infiltraban, cooptaban y desarticulaban las organizaciones sociales y políticas (caso UP), así como los movimientos populares, organizaciones afros, indígenas, sindicales, estudiantiles y campesinas so pretexto de que eran afines o que colaboraban con la guerrilla (aunque en realidad se compartían visiones similares con las insurgencias en temas de igualdad y justicia social). Es también la propaganda negra contra las ideas de izquierda y la guerra sucia contra las organizaciones sociales y políticas.
Fue así como se provocaron dos cosas: aniquilar y consolidar. No sólo fueron los asesinatos, masacres, violaciones y demás. Sino también el amedrentamiento, el generar miedo, zozobra y dividir a las organizaciones sociales (divide y vencerás, fue la táctica paramilitar). En un segundo momento, estos narcoparamilitares con el poder territorial y geoestratégico, impusieron y posicionaron alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, ediles, notarios afines, etc. Unas veces a través del fraude, la corrupción o el clientelismo. Y otras veces a través del miedo, las mentiras, o con sus ostentosas campañas políticas de manipulación por radio, prensa, Tv, etc. Esto explica cómo se ha construido el poder hegemónico regional y departamental. De esta forma, fueron adquiriendo legitimidad a lo largo de estas tres décadas…
La consolidación era básicamente establecerse ahí, crear poderes de facto en un principio, para luego realizar estrechos vínculos con la sociedad civil, incluyendo el casamiento o amancebamiento con las mujeres de la región, o procrear ahí (es la mujer como botín de guerra para establecerse en el territorio conquistado). Así como articular poderes clientelares con políticos de la región (o poner sus propios políticos), y eliminar al opositor político. Así como también hacer inversión y obras de infraestructura pero con sus amigos empresarios o multinacionales, en el que se reparten los jugosos contratos, negociar los recursos del territorio conquistado, comprar a bajo costo (o usurpar tierras), establecer rutas del narcotráfico, etc.
Ahora bien, volviendo a las elecciones, Antioquia obtuvo (según la Registraduría): 1.844.027 votos a favor de Duque, sobre 558.514 a favor de Petro.
Siguiendo con el análisis, en las últimas tres décadas (1980-2012) hay un registro de 364 masacres paramilitares, 91 de grupos armados no identificados (presumiblemente narcotraficantes, otros grupos de delincuencia organizada u otros agentes del Estado), así mismo, la Fuerza Pública (Ejército y Policía) realizó 35 masacres en ese mismo período de tiempo. Ni hablar de los miles de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, violaciones y demás.
El aparato militar y paramilitar ha logrado construir un poder hegemónico durante décadas en ese departamento, lo que explica el alto nivel de votación favorable a Uribe. Como tampoco es casual que gran parte de nuestra generación, así como los jóvenes y jovencitas hoy día, admiren al “patrón” o le rindan culto a nefastos líderes negativos como Pablo Escobar, Popeye y otros, reafirmado por canales de Tv que los enaltecen, al igual que a Uribe y sus acólitos (léase Duque).
Más allá de la ignorancia de nuestra historia, del analfabetismo político, del fraude y del temor (recordemos que en Antioquia votar o apoyar a alguien de izquierda ya es cargar una lápida sobre sus hombros), en ese departamento hay una legitimidad manifiesta en favor del narcoparamilitarismo. Apoyan a quienes han amedrentado, asesinado y sometido a su misma sociedad, es el reflejo del “Síndrome de Estocolmo” que estuvo presente en este proceso electoral. De ahí que este sea el resultado del exitoso proyecto militar y narcoparamilitar, con 490 masacres, miles de asesinatos selectivos y capacidad de cooptación, apropiación y consolidación.
Similar situación ocurrió en la conquista cuando impusieron la religión católica con la espada y la Biblia. Pues los pueblos originarios de Nuestra América nunca fueron invitados a consultas o a participar en un proceso electoral para decidir si querían o no ser católicos, ni tampoco nuestros indígenas se volvieron católicos por la buena voluntad del Espíritu Santo o la benevolencia de quienes nos invadieron. Sino por una serie de matanzas, vejaciones, violaciones, abusos, torturas, usurpación y expoliación de tierras, desapariciones y desplazamientos sistemáticos a lo largo del tiempo. Que posteriormente se convirtió en pacificación, luego en desesperanza*, resignación de los oprimidos y finalmente en tradición.
*Esa misma desesperanza es la que los políticos y religiosos instrumentalizan, y se valen de ella para programar sus discursos de que “todo cambiará”. Cuando en realidad los cambios han sido para que todo siga igual.
Una lectura similar explica la existencia de departamentos tan godos como Caldas (con un registro de 26 masacres militares/paramilitares). Pues en aquel departamento se dieron también las más horrendas masacres y asesinatos por parte de los paramilitares al servicio del Partido Conservador (pájaros y chulavitas) en el período de la Violencia bipartidista (1946-1966), como la Masacre en Marquetalia (Caldas) en 1963, donde fueron asesinadas inmisericordemente 42 personas. Y fue la misma lógica: Compraron a bajo costo (o usurparon) tierras despojadas, se posesionaron y se legitimaron, legalizaron. Y hoy día, ya es “tradición de familia” ser conservador en casi todos los niveles.
Los departamentos que registran históricamente el mayor número de masacres militares/paramilitares, asesinatos selectivos, desplazamiento y desaparición forzada por estos grupos estatales y paraestatales registran el mayor número de votos a favor de Duque. No sin antes recordar que ese proyecto se ha ido consolidando a otros departamentos, a excepción de Bogotá, donde hay que destacar el favorable voto libre y de opinión (más informada). Sin desconocer que esta ciudad ha sido el epicentro de los más grandes magnicidios contra la izquierda (Gaitán, Bernardo Jaramillo, Manuel Cepeda, Jaime Garzón, etc.), así como también ha sido la mayor receptora de población desplazada por organizaciones paramilitares y militares. También es un voto solidario y consciente de la ciudadanía capitalina.
Veamos a las cifras (invisibilizadas por los grandes medios, que prefieren transmitir fútbol las 24 horas del día) en los otros departamentos más golpeados por el militarismo/paramilitarismo:
Cesar
- 217.750 Duque
- 174.175 Petro
- 1981-2012: 87 masacres paramilitares
- 20 de grupos armados no identificados
- 9 masacres de la fuerza pública
- Municipios especialmente afectados: Valledupar, Curumaní, Agustín Codazzi, Astrea, Becerril, Aguachica, Chiriguaná, Bosconia, etc.
* Importantes caciques de las oligarquías tradicionales están enquistados en el poder, avalados subrepticiamente por grupos paramilitares.
Santander
- 595.714 Duque
- 345.224 Petro
- Período 1981-2012: 84 masacres paramilitares
- 18 de grupos armados sin identificar
- 16 masacres de la fuerza pública
- Municipios especialmente afectados: Barrancabermeja, Cimitarra, Santa Helena del Opón, Simacota, San Vicente de Chucurí, etc.
*Los paramilitares a través del terrorismo se han hecho el poder del centro petrolero de Barrancabermeja, y desde ahí también han construido su proyecto paramilitar.
Norte de Santander
- 486.004 Duque
- 112.496 Petro
- 1981-2012: 73 masacres paramilitares,
- 21 de grupos armados sin identificar
- 5 masacres de la fuerza pública, ni hablar de las masacres ocurridas por la Guardia venezolana en el período puntofijista
- Municipios especialmente afectados: Cúcuta, Tibú, Ocaña, El Zulia, El Tarra, Sardinata, etc.
*A ello hay que agregarle, que en la actualidad, los grupos paramilitares ejercen un poder en la mayor parte del departamento y controlan importantes sectores de la economía y la política. Así como del negocio del contrabando y el bachaqueo, igualmente se benefician de la especulación y el acaparamiento en Venezuela, y hasta del mercado negro de divisas en la zona fronteriza. Así mismo, manejan para sus fines políticos el doble discurso: Dicen estar en contra de la “dictadura” venezolana, pero se benefician de ella.
Bolívar
- 345.415 Duque
- 316.670 Petro
- 1981-2012: 64 masacres paramilitares,
- 9 de grupos armados sin identificar
- 4 masacres de la fuerza pública
- Municipios especialmente afectados: El Carmen de Bolívar, San Pablo, San Juan Nepomuceno, Simití, Tiquisio, Barranco de Loba, Altos del Rosario, etc.
*Aquí hay una escasa diferencia entre Duque y Petro. Pues es un departamento donde se concentran también los mayores niveles de pobreza y desigualdad.
Magdalena
- 226.136 Duque
- 201.567 Petro
- 1981-2012: 63 masacres paramilitares
- 10 de grupos armados sin identificar
- 3 masacres de la fuerza pública
- Municipios especialmente afectados: Fundación, Ciénaga, Chivolo, Sitionuevo, El Piñón, etc.
* La situación de este departamento es similar a la de Bolívar, pues también hay un desequilibrio entre las élites de la costa frente a la pobreza en el interior. Así como la pobreza y el despojo de las tierras en el interior.
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En los departamentos que también han sido golpeados por el militarismo/narcoparamilitarismo como Tolima (25 masacres) o Casanare (con 20) donde también ganó Duque, hay que tener en cuenta que sus gobernadores son uribistas del Partido Centro Democrático (Casanare), o coaliciones con el Partido Conservador (caso Tolima). Un factor que influye y que demuestra la legitimidad construida desde el proyecto paramilitar.
Por otro lado, los pocos departamentos donde hay niveles de consciencia y las oligarquías no han podido desarticular los procesos sociales y de resistencia, a pesar de que han sido también golpeados por el militarismo/narcoparamilitarismo son: Valle (90 masacres), Cauca (70), Sucre (33), Nariño (31), Putumayo (20), Chocó (16) y Atlántico (6), aunque la amenaza está latente.
Así mismo, estos departamentos, especialmente Cauca, Nariño, Chocó, Putumayo y Sucre, no solo han sido afectados por la violencia paramilitar, sino que también han sido golpeados por los más altos índices de pobreza y exclusión. Y en varios de estos departamentos, también existe una marcada diversidad étnica y cultural que reclama derechos, inversión social, justicia, equidad, inclusión, participación, esperanza y dignidad…
Es decir, se impuso nuevamente la ideología narcoparamilitarista y de las élites conservadoras con Marta Lucía Ramírez sobre la esperanza de un país distinto y sin exclusión.
Es hora de reescribir la historia y de escuchar la voz de los que han querido silenciar…
