El proyecto de reforma pensional presentado por el gobierno al Congreso es el único componente del conjunto de propuestas de reforma social del presidente Gustavo Petro aprobado hasta ahora.
Llama la atención el escaso interés de la sociedad colombiana en la ley, pero, sobre todo, en lo que no abordó: se necesita aumentar la edad de jubilación para toda la población, e igualarla para hombres y mujeres; hoy las edades son 57 años para las mujeres y 62 para los hombres; en tanto que la expectativa de vida tiende a 80 años en todo el mundo. Se puede hacer una transición en unos 15 años para no generar resistencia de quienes han programado retiro con las edades hoy vigentes.
Otro elemento importante es la protección de la población informal vulnerable y pobre, que no ha segregado recursos para enfrentar una vejez más larga.
La ley ofrece mejores condiciones para este segmento, y eso está bien, pero mantenerlas requiere ingreso nacional más alto, que traería mayor recaudo de impuestos. Colombia podría crecer su economía de manera sostenida a tasas altas, pero este propósito no es prioridad.
Por el contrario, las propuestas del Pacto Histórico desde la campaña hacen más difícil el crecimiento: se aboga por la protección a la producción nacional, que promueve uso ineficiente de recursos, el encarecimiento del trabajo formal, que inhibe la creación de trabajo formal y la productividad, y la mayor complejidad del Estatuto Tributario, cuando lo deseable es la simplificación radical para mitigar elusión y evasión.
Si hubiera crecimiento rápido habría oportunidades de inversión de largo plazo para los fondos de pensiones, cuya rentabilidad ha dependido en buena proporción de despliegue de destreza en operaciones de tesorería porque los crecimientos son lánguidos, sobre todo desde 2015.
La reforma aprobada le pone más cargas al Estado en circunstancias fiscales limitadas y sin perspectiva de mejora en el corto y mediano plazo, a menos que la orientación del país cambie.
La reducción del espacio para las sociedades administradoras de fondos de pensiones llevó a aumentar las comisiones que devengan para evitar la quiebra, lo cual no ha sido entendido por algunos medios de comunicación. Más bien debe haber reglas para reducirlas en el escenario de crecimiento económico rápido; cambios de fondo en la materia traerían más valor del trabajo y reducción del riesgo para lo público. Se requerirían herramientas más refinadas para vigilar el desempeño de los fondos en condiciones más dinámicas del mercado de valores.
Los cambios tecnológicos rápidos amenazan la funcionalidad laboral en grado sin precedente en todo el mundo. Será preciso instaurar educación pública continua para toda la población a lo largo de la vida productiva. Se requerirá más educación vocacional en asuntos prácticos y menos profesionales en carreras clásicas. Habrá reordenamiento social para preparar más personas para hacer carpintería, plomería, arreglos eléctricos y jardinería, cocinar y servir a la mesa, y apoyar a educandos de las nuevas generaciones en actividades extracurriculares.
La necesidad se agudizará con la inevitable extensión de la vida laboral. Preocupa la avalancha de pronunciamientos de expertos que aducen inconstitucionalidad de la ley con diversos argumentos. La escasa calidad del legislador nacional permite errores de esa clase. El funcionamiento del Estado tiene que revisarse para que sí funcione y ofrezca oportunidades p
