La Gobernanza es la producción instituyente de la sociedad. Aunque ciertas prácticas discursivas la definen como el conjunto de articulaciones que se establecen entre la sociedad civil y el Estado con sus instituciones, para la construcción concertada de políticas públicas, utilizando lo que se ha denominado mecanismos de incidencia y de acceso[1]; otros autores realzan que la gobernanza, no es solo ello, es, sobre todo, un campo de producción democrática por parte de la sociedad, que tiene a la participación social como eje instituyente para que ella instale, desde su diversidad, los acuerdos consuetudinarios que le permitan decidir sobre su propio destino colectivo. La gobernanza sería ese modo permanente y dinámico, intrínseco, que expresa que las comunidades no son pasivas, y por el contrario, actúan, difieren, resisten, negocian, denuncian, crean, transgreden, construyen por sí mismas.
Luchas, derechos, y gobernanzas
Si ya desde lo teórico y en el contexto del estado social de derecho, la participación es permanentemente evaluada desde distintas premisas; en el caso colombiano esa práctica discursiva sí que ha sido controversial y rica en prácticas encaminadas a la justicia social, política, económica, ambiental, de género, justo por dos motivos históricos: primero, porque el establecimiento -desde el discurso- solo ha resaltado como democrático el voto electoral cada 4 años: y segundo, porque lo que ha reinado en la práctica durante más de 50 años es el conflicto socio-económico y el conflicto armado, vinculados al inequitativo modelo actual de desarrollo, han conducido, -por no decir obligado- a que los diversos actores sociales hagan uso de la gobernanza en `clave de lucha por los derechos` en sus territorios, utilizando las herramientas jurídicas de participación planteados en el artículo 103 de la constitución (los mecanismos de participación), y también de las leyes 134/94, la ley 1757/2015, y otras normativas.
Es preciso anotar que la constitución política del 91, como las normativas mencionadas, han sido consecuencia de luchas de gobernanza que libraron los jóvenes, las ciudadanías diversas, y hasta guerrillas que le apostaron a la paz y a las transformaciones del país, por la vía política.
De modo que la participación en Colombia durante los gobiernos neoliberales en el marco de esta constitución, le correspondió entrar a articular a los diversos actores sociales y sus luchas por los derechos económicos, sociales y culturales, a las políticas, planes, programas y proyectos de los distintos gobiernos, pero ocurrió que las decisiones de ese tipo de participación institucional, no han sido en todos los casos vinculante, y sobre todo, se han reducido a la simple legitimación de diseños públicos que se traen de arriba hacia abajo.
Con lo anterior, se puede afirmar que a este tipo de gobernanza institucional -de corte contractual- se superponen otras luchas para que la participación con el estado no se quede en aquello de “piensen y discutan las demandas sobre sus derechos, pero las decisiones las toman los funcionarios del estado”. Esta especie de estrategia Top Down aplicada a la planificación por el estado neoliberal, en la que de un lado se jerarquiza la información, mientras de otro lado se hace consultas a la población para producir mejoras, trata de evitar que la crítica toque el rigor técnico del costo-beneficio de los diseños sociales para cumplir con la sociedad. En este tipo de gobernanza contractual actúan los concejos y comités sectoriales, igualmente las veedurías, en distintas áreas públicas como la salud, la cultura, la paz, la agricultura, la educación, el medio ambiente, entre otras. Estas organizaciones se acomodan a los tiempos de gestión estatal y se rearman cada nuevo gobierno.
Un segundo tipo de gobernanza es producto de la lucha por demandas de democratización política en las dinámicas sociales minoritarias. Se trata de luchas estructurales de reconocimiento cultural y territorial sobre la propiedad de las comunidades negras que, poniendo en cuestión a la representatividad estatal central, buscan tener sus propias autoridades locales como son los consejos comunitarios de los ríos donde ellas habitan.
El Estado nacional esta obligado a garantizar el derecho de pueblo a estas comunidades territoriales. Por esta misma línea de reconocimiento territorial y de la propiedad sobre la tierra, existen las bases campesinas que contribuyen, al lado de las instituciones del estado, a la administración de las zonas de reserva campesina (ZRC).
Una tercera gobernanza está determinada por disímiles demandas como son los derechos de segunda y tercera generación, asì como el de la libre personalidad contemplado en el artículo 16 de la constitución, no son necesariamente territoriales, pero adquieren formas organizativas demandantes, de reconocimiento, co-administradoras, y también autogestionarias, estos son consejos, asociaciones, cooperativas, ONGs, rutas y redes.
La cuarta sería una gobernanza contingente, corresponde a aquellas formas de participación provisionales en el tiempo, para atender negociaciones de paros cívicos, paralización de las carreteras, y todo tipo de movilizaciones emergentes que cualquier grupo de actores sociales protagonice frente a una injusticia o demanda social de servicios públicos, por ejemplo.
Y una quinta gobernanza está constituida por grandes organizaciones reivindicativas que se instalaron en el tiempo no solo para defender de forma puntual los derechos, también para mantener la garantías. Son organizaciones tradicionales, de largo plazo como las distintas federaciones y confederaciones: FECODE, la USO, CTC, y otras populares de vivienda (OPV), de servicios públicos, otras también surgidas de esas luchas las organizaciones indígenas como la CRIC del Cauca, o la OPIAC del Amazonas., la C.N.O.A. Afrodescendiente, Organizaciones campesinas como ANUC, y muchísimas otras como los partidos políticos de izquierda, y cuyos procesos han generado la formación de sujetos políticos, al lado de múltiples ONG s que vienen de campos intelectuales, jurídicos, o de las ciencias sociales, todos actores instituidos por la producción democrática de la participación.
Como se observa, al superponerse las distintas demandas de derechos, la gobernanza traslapa organizaciones e intereses, de modo que no existe una separación estricta entre gobernanzas territoriales- colectivas, y gobernanzas de género o de reconocimiento de derechos individuales. Se traslapan las organizaciones permanentes de reivindicaciones con las contingentes asentadas en mesas o comisiones. Lo importante de esta densa historia instituyente de la comunidades y ciudadanías, es que ha resignificado no solo las relaciones con el estado, sino también la participación y la legitimación.
Otro aspecto es que, en su conjunto -como luchas sociales-, han producido profundas pedagogías sobre la compleja realidad del país: con información mediática, en periódicos, boletines y en redes sociales; y también con multitud de eventos: en movilizaciones callejeras como en espacios cerrados en foros, cursos, escuelas, conversaderos, encuentros, paneles, y otros, han despertado el sentido crítico en el resto de la sociedad. Realmente se han generado improntas ideológicas y culturales que han servido de sostenibilidad para una nueva sociedad, y con ello ha emitido señales para una nueva construcción de Nación.
La institución creativa de la sociedad
Recogiendo a Cornelios Castoriadis -el gran filósofo de la teoría de lo complejo-, y quien a su vez se apoya en Loreau y Lapassade, dos pensadores franceses pertenecientes al `Análisis Institucional`, propone los conceptos de Imaginario social instituido, e imaginario social radical o Instituyente.
El primero es el conjunto de significaciones imaginarias sociales y las instituciones ya cristalizadas, las que de esta forma aseguran su reproducción, y por lo tanto controlan y regulan toda la sociedad; el segundo -al ser radical o Instituyente- da cuenta de una producción imaginaria creativa, disidente, espontanea, afectiva, capaz de re-instalar, con el tiempo, nuevos instituidos institucionales, tanto en lo discursivo, en lo simbólico, como en lo normativo, y en las prácticas y procedimientos de acción social.
Desde estas definiciones que vinculan a la psique social con lo politico, es que la gobernanza se puede repensar ya no solo desde el lugar de las legitimaciones institucionales, sino desde las resistencias creativas de los sectores sociales que entran en articulación con el problema de la gubernamentalidad, o de las técnicas y tecnologías de estado. Poner en el centro lo Instituyente, o el imaginario social radical como motor del cambio para la sociedad, es lo que hace entonces que el espacio de la gobernanza garantice la participación democrática.
La gubernamentalidad, que, según Michel Foucault, es un conjunto de estrategias discursivas, especificadas en saberes especializados con el que el gobierno ejerce su poder, al entrar en la gobernanza se ve enfrentado con este otro poder del imaginario social radical de la sociedad, y en especial con todas las expresiones de un poder-saber popular que o bien ya ejercen de forma autónoma la gobernanza territorial con dinámicas de organización avanzadas, o justo en las demandas con el estado inician un momento del proceso o trance en la gobernanza.
De suerte que el diálogo participativo en la gobernanza que se establezca, necesariamente parte del disenso interno o constitutivo, asì se trate de diálogos entre las mismas organizaciones sociales, pues son múltiples las lecturas que se tienen sobre la realidad política y social, asì como las metodologías de abordaje; y siempre será lo instituido gubernamental -neoliberal- lo que, siendo injusto, inequitativo, racial, o ineficiente, estará en el centro de los debates y diálogos.
Al final, la legitimidad de los distintos actores en el espacio de la gobernanza se gana es en sus capacidades de construir e instalar conjuntamente la performativa del bien común, o justo -el que le pertenece a la vida societal-, que, con base en abrirle paso al imaginario social radical, emplace la poca credibilidad que el conjunto de la sociedad tiene frente a las decisiones discutidas y compartidas entre diferentes.
Hoy, en Colombia asistimos a una lucha desde/y en el Estado, en el que el desafío mayor de la gubernamentalidad reformista -en transición- del gobierno progresista de Gustavo Petro, consiste en permitir a plenitud que el factor instituyente que proviene de la sociedad sea escuchado, a fin de confrontar, en el espacio de la gobernanza, el carácter neoliberal instituido del viejo Estado.
Y desde su interior se requiere que al tiempo que se suceden los cambios legislativos, se vayan sucediendo cambios procedimentales y de nuevos dispositivos burocráticos, y sobre todo, se construya y despliegue un nuevo funcionario orgánico al proyecto progresista y democrático de país, justo para ir rompiendo el caparazón misional vinculado al viejo régimen que obstaculiza los cambios.
Para épocas de transformación y para un país tan diverso como Colombia, es indispensable profundizar la gobernanza, esa que permite el agite de las voces instituyentes.
[1] Ver el documento proceso de incidencia social y política, Tito Villarroel, Fundación Agrecol, Andes. 2021
