Las motocicletas en Colombia han ganado protagonismo como medio de transporte rápido, accesible y económico. Un vehículo que además genera gran interés porque están exentas del pago de peajes en todo el territorio nacional, una medida que, aunque beneficiosa para millones de usuarios, también genera controversia entre otros sectores de la sociedad.
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El no cobro del peaje para motos en Colombia se remonta a la década de 1990, cuando el país enfrentaba un rápido crecimiento del parque automotor y una crisis económica que limitaba el acceso de muchos ciudadanos al transporte privado. En ese momento, las motos surgieron como una alternativa asequible para la clase trabajadora y las comunidades rurales.
Las motocicletas son el vehículo favorito de al menos el 60% de los trabajadores colombianos que ganan menos de dos salarios mínimos. Para este sector, el costo de un peaje, que puede oscilar entre $10.000 y $20.000 por trayecto, representaría un golpe significativo a su economía diaria. También desempeñan un papel crucial en la conectividad de zonas rurales y urbanas. En regiones apartadas donde las vías están en mal estado y el transporte público es escaso, las motos son muchas veces la única opción viable.
El marco legal
La exención del pago de peajes para motocicletas está regulada por la Ley 105 de 1993, Modificada parcialmente por el art. 1, Ley 787 de 2002, la cual establece los principios básicos de la planeación y la gestión del transporte en Colombia. Esta norma define que las motocicletas están exentas del cobro de peajes debido a su menor impacto en la infraestructura vial y a su función social como medio de transporte económico. Además, el Decreto 173 de 2001 refuerza esta exención, especificando las categorías de vehículos que deben pagar peajes y excluyendo de manera explícita a las motos.
Aunque el gobierno ha considerado la posibilidad de aplicar peajes a las motocicletas de alta gama, la medida sigue siendo un tema polémico. La exención de peajes para motocicletas en Colombia es un reflejo de las desigualdades y las necesidades del país. Mientras unos ven en ella una medida justa y necesaria, otros cuestionan su sostenibilidad a largo plazo. Lo que está claro es que, en un país tan diverso y complejo como Colombia, las decisiones sobre movilidad siempre tendrán un impacto profundo en la economía y la sociedad.
