Vale la pena traer a la memoria un párrafo contenido en el punto quinto del Acuerdo Final de Paz de 2016 (página 126 texto original):
“El conflicto armado, que tiene múltiples causas, ha ocasionado un sufrimiento y un daño a la población sin igual en nuestra historia. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole y un amplio número de familias, colectivos y poblaciones afectadas a lo largo y ancho del territorio, incluyendo comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales, y Rom, personas en razón de sus creencias religiosas, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, población LGBTI y gremios económicos, entre otros. Sin olvidar otras formas menos visibles pero no menos dolorosas de victimización, como la violencia sexual, las afectaciones psicológicas, o la simple convivencia con el miedo”.
En su momento, tanto las genuinas Farc-EP como el Estado colombiano, reconocieron, de común acuerdo, esa terrible realidad consecuencia del conflicto armado interno. Ninguna de las partes negó que esos hechos hubieran sucedido, de manera tal que, con la mano en el corazón, pactaron el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, que se encargaría de revelar la verdad, determinar máximos responsables, sancionarlos, resarcir a las víctimas y garantizar así que lo sucedido jamás se repetiría.
Como el conflicto armado terminó con un tratado de paz, todo el mundo tuvo claro que no cabía aplicar el derecho penal del enemigo, es decir, los procedimientos y sanciones de carácter ordinario que el bando vencedor impondría al vencido llegado el caso.
Entre el derecho a la paz y las leyes penales, había que preferir el primero, dando lugar a una justicia diferente, transicional, de carácter restaurativo y no punitivo. Ni siquiera fue una idea original colombiana, se había aplicado en los acuerdos de paz que pusieron fin a numerosos conflictos, como en Sudáfrica o Irlanda. La restauración de los derechos de las víctimas pasó a ser el centro del Acuerdo.
La fórmula, entre otras cosas, ya había sido aplicada en Colombia, cuando el gobierno de Álvaro Uribe pactó la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia.
La justicia transicional parte de una base jurídica reconocida internacionalmente. Existen una serie de delitos que no pueden ser perdonados en ningún caso, las graves infracciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y el derecho de guerra. Los demás delitos ocurridos en un conflicto, siempre que se relacionen directamente con el mismo, deben ser amnistiados. Y de la manera más amplia.
Para los crímenes mayores habrá una justicia diferente. Los máximos responsables de estos deberán aportar verdad a las víctimas, reconocer su responsabilidad y pedir sinceramente perdón, caso en el cual no pagarán penas de prisión sino penas alternativas, pactadas en el Acuerdo, y cuya imposición contará con la opinión de las víctimas. Si no lo hacen, pagarán las penas ordinarias. Además de esa restauración moral, las restaurarán materialmente hasta donde sea posible. Y el Estado, que también reconoció explícitamente su responsabilidad, deberá repararlas mayormente.
Lo que afirma el antiguo Secretariado de las Farc es que lo pactado ha tomado un rumbo muy distinto. Los altos mandos militares consiguieron chantajear al presidente Santos para que los excluyera de su responsabilidad por la línea de mando. En su paso por el legislativo, el Congreso excluyó a los altos funcionarios estatales de su deber de comparecer. Y la Corte Constitucional excluyó a los terceros civiles. Sólo los militares de mediano o bajo rango son obligados a ir a la JEP.
En cambio, el antiguo Secretariado ha acudido en pleno a la JEP, ha reconocido verdad, confesado, asumido su responsabilidad y pedido perdón. Del mismo modo que dispusieron de los bienes restantes del movimiento para la reparación de las víctimas. La JEP está llamando a mandos medios y guerrilleros de base a responder, pese a que los superiores han reconocido su responsabilidad, y ha dilatado asombrosamente sus amnistías.
la JEP abre y abre casos contra las antiguas Farc, cuando se trataba de limitarse a los casos más emblemáticos, que debían definirse en una sola sentencia
Además de que la JEP abre y abre casos contra las antiguas Farc, cuando se trataba de limitarse a los casos más emblemáticos, que debían definirse en una sola sentencia. Los señores como Uribe y su corte, gobernadores, alcaldes y demás funcionarios que presumiblemente concertaron con el paramilitarismo infinidad de masacres, asesinatos selectivos y demás horrores permanecen tranquilos, sin ser nunca llamados a comparecer.
Es lo que reclaman con justicia los firmantes de paz. Que además proponen que, si no funciona la JEP, se cree un tribunal de cierre al que todos los actores deban comparecer obligatoriamente, aportar verdad, reconocer su responsabilidad, pedir perdón y demás, o sea lo que se pactó inicialmente. Como la gran prensa colombiana es perversa, cambió esa propuesta por una supuesta ley de punto final y escandaliza con ello.
Existe un interés desmedido por sepultar la verdad.
