La semana pasada, entre la expectación y la incredibilidad, muchos se preguntaban por qué la Universidad de Antioquia estaba vendiendo lotes urbanos y rurales, oficinas y locales. Ha habido expectación por la dimensión de una crisis que había llevado al Consejo Superior Universitario (CSU) a darle luz verde a la venta de esas propiedades con la finalidad de paliar una crisis que tiene al Alma Mater de los antioqueños en un momento crítico.
Parece que de puertas para afuera no se alcanza a dimensionar este agudo momento que se ha representado en los medios de comunicación a partir de hechos puntuales: el retraso en el pago de la nómina a los profesores; el llamado a los gobiernos Distrital, Departamental y Nacional para que aúnen esfuerzos y así encontrar una solución compartida; la urgencia manifiesta para que desde el Congreso se inicie la discusión del proyecto de reforma a la Ley 30 de educación superior para garantizar una financiación que responda a la transformación de la universidad pública en las últimas décadas.
De puertas para dentro, el impacto de la crisis se ha sentido que van con diversos ritmos y niveles de intensidad, desde la preocupación por encontrar el anhelado punto de equilibrio; la expectativa tras la implementación de un plan de ajuste al cinturón que promete “mucho” en lo inmediato y preocupa muchísimo más en el largo plazo; con la desazón de un eterno sobrediagnóstico de lo que va mal o de lo que podría ir peor.
La venta de los lotes es un episodio más en el camino para encontrar el punto de equilibrio. Desde la Universidad afirman que la estrategia de oferta y negociación del grupo de bienes inmuebles —que son 22, algunos donados y otros recibidos por la institución como recuperación de cartera— no son utilizados en el desarrollo de las labores misionales, es decir que no afectan sus acciones de docencia, investigación y extensión.
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Aunque para muchos, su venta (compleja y sujeta a revisión por parte del CSU) puede que no resuelva la crisis, porque se requiere de medidas estructurales que lleguen a la raíz del asunto y que no solo atiendan la coyuntura. Esas mismas soluciones se encuentra, para muchos, en la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de educación superior, una respuesta a la crisis que es estructural.
Ese escenario convocaría a varios actores, porque le corresponde al Gobierno en cabeza del Ministerio de Educación radicar con prontitud el proyecto de reforma; al Congreso iniciar su discusión; a la comunidad académica ser garante de un debate transparente y de cara a la ciudadanía, sin agendas ocultas; y al movimiento estudiantil, sacudirse y activarse en un momento donde la universidad pública requiere de su movilización para afrontar y salir de la crisis.
La otra pregunta que queda en el aire con estos 22 inmuebles que la Universidad de Antioquia ha puesto a la venta para sanear sus cuentas es quiénes podrían ser los eventuales interesados. Y si estos lotes urbanos y rurales, oficinas y locales no son de mucho valor patrimonial para ser entregados a manos privadas.
También queda la pregunta de cuál es la posición del gobernador Andrés Julián Rendón, quien, sea dicho de paso, cerró recientemente 16 secretarías de la Gobernación para llevar a cabo su prometida austeridad, prometida en campaña. Rendón preside el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia y tiene un rol fundamental sobre los inmuebles que ahora están a la venta.
*El presente artículo ha sido redactada con información de Fredy Alexánder Chaverra, colaborador externo de la sección Nota Ciudadana.
