Qué difícil parece todo ahora que el tiempo y el espacio están amenazados por el odio, ese contradictorio partido político dice querer la paz pero se aferra al conflicto en todas sus formas. Querer eliminar la JEP no puede ser más que sinónimo de miedo, porque estamos en la era de la verdad, el país está conociendo contundentemente la gravedad de los falsos positivos y de cómo los agentes del Estado cometieron crímenes de lesa humanidad. Es la JEP la que se ha encargado de reconstruir una historia que, aunque siendo funesta, es la realidad de un país consumido por la guerra y la desdicha.
La Jurisdicción Especial para la Paz, a través de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, ha encontrado un resultado más espantoso que el que imaginaríamos. En un país azotado por la marginalidad lo único que anhela un familiar son dos cosas: 1. saber la verdad de lo sucedido, y 2. tener aunque fueren los restos óseos de su familiar, eso, antes que ser indemnizada, es pues, todo esto lo que ha venido desenmascarando y trabajando la JEP desde que entró en funcionamiento, precisamente por ello ha recibido elogios por parte de la Corte Penal Internacional. Es inadmisible e inaceptable, querer acabar un tribunal que es luz y ejemplo ante los países que han vivido también un conflicto interno, países, que si bien firmaron un tratado de paz, como; Guatemala, el Salvador, Irlanda, entre otros, no están conformes, han sentido que no han contribuido haciendo justicia en su totalidad con las víctimas, por ello, vienen a Colombia a familiarizarse con el tribunal para poder estudiar el modelo y en consecuencia implementarlo en sus países.
La JEP fue creada con el objetivo de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia; ofrecer verdad a la sociedad colombiana y proteger los derechos de las víctimas, no fue creada para la impunidad, como no los han hecho creer; hay un régimen de condicionalidad para quienes se someten, además este tribunal ha logrado condenar a quienes a la luz del DIH son legítimos para castigar, no hay sino que revisar juiciosamente los casos y las cifras. Ejemplo de lo anterior: la retenciones ilegales, (secuestros) ordenadas por algunos excomandante de las Farc, la situación de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas en el departamento de Nariño, hasta el momento se han encontrado los presuntos responsables que hacían parte integrante de las Farc, los casos de ejecuciones extrajudiciales encubiertas como muertes en combate, presuntamente cometidas por miembros de la fuerza pública en varios municipios de Nariño, las otras tantas ejecuciones extrajudiciales en 29 de los 32 municipios de Colombia, siendo Antioquia el departamento más afectado por esos falsos positivos. O como si fuese poco, lo recientemente descubierto: los tres restos óseos con signos de violencia en la zona de influencia del proyecto hidroituango, y EPM lo había negado hasta entonces, entre otros casos ya descubiertos y en proceso.
Ahora bien, hay que saber que la JEP es transitoria, está creada para funcionar solo en 10 años y 5 años más para ejercer jurisdicción, pero si la gota que les rebosó la copa fue la sentencia de Mari Lu, la “Mata Hari”, habría que acudir a reprochar las normas contenidas en el Derecho Internacional Humanitario, que establece, que una escuela militar es blanco y objetivo dentro de un país en conflicto interno; pues estos se están preparando para combatir en guerra, mas allá de que al momento de la bomba hayan civiles dentro, es decir, está apta para cualquier enfrentamiento de guerra, como lo fue este episodio. Entonces, no fastidien a la JEP, porque al crearse se dejó establecido que al adoptar resoluciones o sentencias haría una calificación jurídica propia del sistema respecto a las conductas, calificación que se basa en el código penal colombiano pero respetando siempre las normas del DIH en materia de derechos humanos, y siempre aplicando el principio de favorabilidad, principio que es bien conocido por todos los abogados, porque en la justicia ordinaria se aplica y nos basamos en él cuándo una norma nos es más favorable a los intereses de nuestros clientes. Así que al tomar la decisión de amnistiar a esta señora la JEP no solo está respetando el derecho internacional, y los tratados internaciones, los cuales prevalecen frente a la norma nacional sino que también está respetando los acuerdos de paz, entonces aquí lo que hace falta por parte de un sector es perdón, aceptación y entendimiento, pues esa no puede ser razón para querer eliminar la JEP. Reprochen a la JEP si acepta a un Marquitos Figueroa, a Kiko Gómez, a los Alfonso López y a todos los que delinquieron por origen común.
Finalmente, no hay nada más nefasto para una democracia que una justicia politizada, al cesar lo que es del cesar, a los jueces lo que es de los jueces y a los políticos, el divino arte de servir.
“En consecuencia le hemos dicho al gobierno nacional si nos diga si tenemos el derecho a vivir o no en nuestro país”. Jaime Pardo Leal.
