Desde que se sentó en el despacho de alcalde el 1 de enero de 2012 Carlos Caicedo tenía claro un propósito: quebrar barreras y lograr integrar una ciudad escondida como Santa Marta. Lograrlo implicaba cazar peleas con familias que habían manejado la ciudad económica y políticamente. Le rondaba la imagen del muro, una larga pared de ladrillo construida setenta años atrás para aislar el barrio El Prado, el más exclusivo en su momento donde las familias más pudientes Vives, Dávila, Pinedo, Zúñiga, Katimey Lacouture, Olivella y Cotes entre otros, habían construido sus residencias. El muro interrumpía abruptamente la Avenida del Río y bloqueaba la circulación de la gente hacia un área colindante con el mar y alejaba, incluso, de la vista las viviendas pobres construidas en la orilla del río Manzanares.
Se percibía como un muro de odios, el muro de la discordia. La motivación no era una rencilla personal sino la necesidad de articular el plan de movilidad para conectar dos importantes vías: la carrera cuarta y la quinta para superar el embotellamiento que significaba intentar llegar a la avenida primera o a la propia playa. El estudio que realizó el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) le advirtió al alcalde que de llevarse a cabo el proyecto se podía crear un eje ambiental necesario para la ciudad, recuperar el flujo vial, mejorar el transporte público; pero además, reubicar a cuarenta familias que vivían en condiciones más que precarias sobre la ribera del río. Caicedo cazó la pelea.
El primer obstáculo para vencer: los predios a lado y lado del muro. La concertación con las 40 familias del lado del río Manzanares no tuvieron dificultad y aceptaron ser trasladadas pero los propietarios de los predios en el Prado expresaron su inconformidad. La propuesta del alcalde era negociar solo los metros necesarios para finalizar la vía y correr el muro para que Prado Reservado conservara su condición de conjunto cerrado. Pero ni siquiera esa fórmula gusto.
Dos de las casas habían pertenecido a Antonio Zúñiga pero estaban en manos de la a Dirección Nacional de Estupefacientes que las cedió para el proyecto mientras una tercera era de los herederos de Edgardo Vives Lacouture quien debía ceder dos metros del terreno para el trazado de la vía; el cuarto predio estaba a nombre de la sociedad La Gaviota pero realmente pertenecía al exdirectivo del Unión Magdalena Eduardo Dávila Armenta y debía ceder 1.70 mts. Dávila paga una condena de 34 años en la Picota por el asesinato de la comerciante inmobiliaria Carmen ‘La nena’ Vergara pero el representante legal no aceptó la propuesta de la alcaldía. El alcalde Caicedo tenía claro que los intereses particulares no podían atravesársele al bien común y finalmente el SETP procedió a expropiar las pequeñas áreas que requería la vía.
Pasaron treinta años antes de que el pueblo samario pudiera contar con la Avenida del Río, una arteria cuya construcción costo $ 8.456 millones de pesos, incluyendo la reubicación de las 40 familias, la arborización de la ribera del río Manzanares, la construcción del eje ambiental y la adquisición de los predios de los opositores de la administración.
Muro del barrio El Prado
Invitción a la demolición del muro del barrio El Prado
El programa que lo llevó a la alcaldía dejó claro que la prioridad de Caicedo estaba en aquellos a quienes los políticos tradicionales solo buscaban a la hora de los votos; es decir, los marginados en las áreas más deprimidas de la ciudad y que debían integrase a la dinámica de desarrollo moderno. Caicedo no se olvidó de ellos. De la mano de las obras de infraestructura llegó el mejoramiento de 13 instituciones educativas entre éstas los colegios más tradicionales de Santa Marta como el Rodrigo de Bastidas, el Liceo Celedón y el INEM, además, la puesta en marcha de los Centros de Desarrollo Infantil y Ludotecas con capacidad para atender 700 niños en Ciudad Equidad, 300 en Bonda, 250 en Cristo Rey y otros 250 en Bureche. Los estudiantes de los colegios públicos de Santa Marta pudieron estrenar pupitres por cuenta de la dotación de 30.000 pupitres que se pudieron adquirir una vez saneado financieramente el sector educativo y la secretaria pudo ponerse al dia con el pago de los 2000 profesores y 500 directivos.
La Universidad Politécnica Distrital Simón Bolívar, donde se entregaron becas a 1.605 jóvenes bachilleres será la herramienta para ir cerrando la brecha en una cada donde solo el 39% de los bachilleres puede acceder a la educación superior.
Daly Pérez vivía con sus seis hijos y su esposo en dos piezas arrendadas en una casa del barrio La Paz, donde pagaba 150 mil pesos mensuales. Daly se inscribió en el programa de las cien mil viviendas gratis y fue una de las beneficiadas con una casa en Ciudad Equidad el programa más grande del país con 4000 unidades de vivienda que costó $160 mil millones de pesos, complejo que tendrá un clínica, una biblioteca y un megacolegio.
En Santa Marta también los agentes de policía dejaron las estaciones y salieron a la calle con decisiones complementarias como la de prohibir el parrillero hombre, crear el Observatorio de Seguridad y Convivencia, poner en marcha el Sistema Integrado de Emergencia, Seguridad y Vigilancia Urbana del Caribe con 253 cámaras y trabajo pedagógico de cultura y seguridad ciudadana; con todo lo anterior Santa Marta dejó de estar en la lista de las 30 ciudades más peligrosas del mundo en la que ocupaba el puesto 29. En el 2015 los homicidios se han reducido en una cifra que descresta: del 31% menos de asesinatos.
Dura ha sido la pelea del alcalde con la empresa privada Metro Agua que maneja el acueducto y el alcantarillado de la ciudad. Ante la dificultad de conseguir cambios de fondo en la prestación del servicio, Caicedo se propuso buscar alternativas: perforar y construir cuarenta pozos de aguas subterráneas. Concluir los diseños definitivos del proyecto de abastecimiento desde los ríos Toribio y Córdoba, que le darán a la ciudad nuevas fuentes confiables en el mediano plazo, un proyecto en el que el Distrito ha aportado $8.500 millones y busca la cofinanciación con el gobierno nacional que permita la conexión definitiva con el río Magdalena.
Las batallas no han concluido. El esfuerzo por gobernar por un concejo adverso controlado por la clase política que se propuso bloquear su gestión mostró resultados pero son muchas las tareas pendientes que necesitan la continuidad que Carlos Caicedo aspira lograr con el candidato Rafael Martínez que se inscribió por firmas por el Movimiento Fuerza Ciudadana. El motor de la modernidad está encendido pero se puede volver a apagar si regresa al poder la corrupción y la politiquería que han mantenido postrado a ésta, la ciudad más antigua de Colombia con casi 500 años de fundada por Rodrigo de Bastidas y cuyas huellas de grandiosidad aún se aprecian en el barrio antiguo convertido en un destino obligado de Colombia.
