En Colombia el sistema de partidos atraviesa por una crisis de representatividad, reflejado en el nivel de abstención de la última elección legislativa, cercana al 53%. Puede ser considerada como producto de un profundo descontento de amplios sectores de la población con los partidos y el sistema de partidos vigentes, caracterizado por un alto grado de fragmentación y personalismo. Para comprenderla, se deben tener en cuenta aspectos organizativos, función, propuestas y el papel en el sistema político de los partidos.
Se hace necesario una reforma al interior de los mismos que abra las puertas a la inclusión, la agregación de demandas, la formación de afiliados y líderes, la compenetración en la sociedad, desarrollar mayor control político y políticas públicas, la accountability, entre otros. Ésta última entendida como un mecanismo para transparentar acciones y decisiones, dando cuenta de lo que se está haciendo, bajo el objetivo de hacer responsables a quienes tienen poder sobre el acontecer de las vidas de las personas, como lo son los políticos. En pocas palabras, los partidos colombianos necesitan democratizarse internamente. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta la incidencia del conflicto armado interno en dicha crisis.
Principalmente por parte de las guerrillas, el sistema de partidos y el régimen político en general han sido asediados: asesinatos, amenazas, secuestros, atentados, etc. de candidatos, senadores y alcaldes, así como las intimidaciones a la ciudadanía para que voten por tal o cual candidato, son expresión de ello. Por parte de las autodefensas, también responsables, pareciera que esta estrategia fue parte de un proyecto por penetrar las estructuras estatales: la unión entre élites agrarias y políticas, narcotraficantes y paramilitares dio como resultado el auge, de la noche a la mañana, de nuevos líderes departamentales y locales que disputarían el caudal electoral en sus regiones, muchas con la presentación de un único candidato.
En este marco, se circunscriben los actuales diálogos en La Habana entre las FARC y el Gobierno, como un rayo de esperanza para superar dicha crisis de los partidos. El preacuerdo sobre participación política incluye el fortalecimiento de garantías y capacidades para que distintas organizaciones desarrollen sus actividades, contribuyendo a la expresión de una sociedad pluralista; la participación ciudadana respecto de políticas públicas y asuntos similares, con facultad decisional; promoción del pluralismo político generando nuevos espacios de difusión; mayor representación de los territorios afectados fuertemente por la guerra; y la generación de condiciones para la transición de los alzados en armas a la política legal.
Además, se prevén apoyo técnico y legal, fortalecimiento de los medios propios de financiamiento y una ampliación de la interlocución con las autoridades locales, para los movimientos sociales, con garantías para la movilización y la protesta social. También se contempla la obtención-conservación de la personería jurídica, redefiniendo sus requisitos, y una reforma al sistema electoral, asegurando una mayor autonomía e independencia.
Con la implementación de este acuerdo, en el marco del fin del conflicto, como dijo Humberto de La Calle, “la ausencia de fusiles vendrá de la mano de mayor agitación”. Las fuerzas armadas podrán concentrar sus fuerzas en someter al narcotráfico y tendrá lugar una apertura democrática con la que numerosos colectivos podrán incidir mayormente en las decisiones y la política nacionales. Así, incluso la extrema derecha, que tanta oposición ha hecho a los diálogos, tendrá mayores oportunidades para promover sus agendas. Sólo que esta vez primarán más el debate ideológico, las agendas nacionales y su extensa promoción, con la coacción armada desarticulada y unos partidos más democratizados, transparentes y responsables.
