Después de que el Gobierno y las Farc firmaran el acuerdo sobre justicia en La Habana, el inconformismo de la oposición uribista ha crecido por el eventual juzgamiento que llevará a cabo el Tribunal para la Paz contra los civiles que hayan participado en el conflicto. El expresidente y senador Álvaro Uribe ha declarado que con esa decisión “cualquier ciudadano queda expuesto al riesgo de tener que aceptar un delito que no cometió, como condición para no ser condenado a la cárcel”.
El ambiente terminó de calentarse el 28 de septiembre, cuando el fiscal general, Eduardo Montealegre, declaró que Uribe podría ser juzgado por el Tribunal para la Paz por hechos relacionados con su presunto “favorecimiento del paramilitarismo” cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia (1995-1997).
De inmediato, las cabezas del uribismo rechazaron esa posibilidad y lo propio hicieron altos funcionarios del Gobierno, quienes aclararon que los expresidentes no serían procesados en esa jurisdicción. Sin embargo, el fiscal fue enfático en que el eventual juzgamiento de Uribe no estaría relacionado con hechos ocurridos durante su presidencia (2002-2010), sino con presuntos delitos cometidos durante su paso por la Gobernación.
Al margen de las precisiones jurídicas, lo cierto es que esa posibilidad cayó muy mal en casi todos los sectores políticos, que asumieron las declaraciones de Montealegre como un obstáculo gigantesco en la tarea de acercar el uribismo al proceso de paz.
Al margen de las precisiones jurídicas, lo cierto es que esa posibilidad cayó muy mal en casi todos los sectores políticos, que asumieron las declaraciones de Montealegre como un obstáculo gigantesco en la tarea de acercar el uribismo al proceso de paz.
Este martes, en medio de ese ambiente tan caliente, se conoció que la Fiscalía decidió meterle el acelerador a las investigaciones contra el expresidente: el ente investigador trasladó a la Corte Suprema de Justicia las recientes declaraciones que rindió en Estados Unidos el narcotraficante y excomandante paramilitar Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, que relacionan a Uribe con la masacre de El Aro, ocurrida en 1997.
Como los hechos ocurrieron cuando Uribe era gobernador, serán los fiscales delegados ante la Corte los encargados de adelantar las investigaciones. Una decisión que, para Óscar Iván Zuluaga, director del Centro Democrático, es la prueba de que “el fiscal Montealegre, es el perseguidor de la oposición en Colombia” y que, para el procurador Alejandro Ordóñez, responde a supuestas “exigencias de las Farc”.
No es la primera vez que el nombre de Álvaro Uribe resulta involucrado en la reconstrucción de la masacre de El Aro. Desde finales de la década del 2000, el desaparecido paramilitar Francisco Villalba les dijo a las autoridades que Uribe participó en la planeación de la masacre y que en un encuentro posterior felicitó a los combatientes que participaron en ese ataque contra la población civil. No obstante, Villalba fue asesinado en 2009 y las autoridades nunca pudieron probar la veracidad de su relato.
Asimismo, en febrero de 2015, el Tribunal de Superior de Medellín le pidió a la Fiscalía que investigara a Uribe por cuenta del testimonio de Rosa María Posada, una de las sobrevivientes de la masacre, quien declaró que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia sobrevoló el pueblo mientras los paramilitares cometían toda suerte de crímenes. Una declaración controversial, pero que para la corporación fue suficiente para solicitar la apertura de la investigación.
Teniendo en cuenta que la masacre de El Aro ha puesto en el ojo del huracán al expresidente Uribe en dos ocasiones en lo que va corrido del año, les contamos qué pasó ese fatídico octubre de 1997, en el que paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia asesinaron a 16 personas, secuestraron a 17, torturaron a dos, y desplazaron a más de 1.400.
Ocho días de muerte en Valdivia e Ituango
En la sentencia contra Ramiro Vanoy, excomandante del bloque Mineros de las Autodefensas, el Tribunal Superior de Medellín describió lo que ocurrió en los municipios de Valdivia e Ituango (Antioquia) entre el 22 y el 31 de octubre de 1997. Esos días, por orden de los entonces jefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño Gil, Salvatore Mancuso y Carlos Mauricio García, dos comandos armados incursionaron en los corregimientos de Puerto Valdivia y El Aro.
Años después, los ‘paras’ aseguraron que ingresaron al área porque, según ellos, las Farc escondían allí decenas de secuestrados. Según Francisco Villalba, “la operación tenía como objetivo el rescate de varios secuestrados, principalmente, un familiar del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien había dado la orden a los comandantes paramilitares, en la última reunión previa a la masacre, de ‘borrar el pueblo’”.
Con el fin de obtener información para ejecutar esa incursión armada, Mancuso se reunió en distintas oportunidades con el brigadier general Alfonso Manosalva Flórez, entonces comandante de la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín. Según Mancuso, Manosalva le suministró la “ubicación de guerrilleros, milicianos y colaboradores; nombres y ubicaciones de secuestrados que tenía la guerrilla en esa región, mapas y apoyo de las tropas para cuando se hiciera la incursión”.
Con esa información, Mancuso y otros jefes ‘paras’ reunieron varios grupos de combatientes y formaron dos comandos, uno que ingresó a la zona por el municipio de Valdivia y otro que arribó desde el casco urbano de Ituango, siguiendo el curso del río que lleva el mismo nombre. Desde el 22 hasta el 24 de octubre, los paramilitares asesinaron en el corregimiento de Puerto Valdivia a varios campesinos señalados de “ser guerrilleros”.
Según el Tribunal, “con lista en mano los paramilitares se trasladaron de finca en finca por las distintas veredas desplazando a los pobladores, hurtando el ganado que hallaban en las propiedades, saqueando las viviendas y destruyendo muebles, víveres, y matando las aves y los cerdos que no se podían llevar”. En el recorrido sostuvieron, además, varios combates con las Farc.
El 25 de octubre, ya en El Aro, y luego de sostener fuertes enfrentamientos con esa guerrilla, los paramilitares obligaron a los habitantes del corregimiento a reunirse en el parque principal. Mientras un grupo maltrataba física y verbalmente a los campesinos, otro saqueaba los locales comerciales, “registraba” las viviendas y mataba algunas reses para el consumo de la tropa.
Más tarde, tres pobladores fueron asesinados delante de la comunidad. Caída la noche de ese 25 de octubre, en un acto bárbaro, por decir lo menos, el señor Marco Aurelio Ariza, uno de los comerciantes más prósperos de El Aro, “fue llevado cerca al cementerio de la población, donde lo amarraron de pies y manos, lo torturaron, le sacaron los ojos, le clavaron un puñal en el pecho, le cercenaron el órgano genital y se lo introdujeron en la boca, y le dispararon con arma de fuego”.
El 26 de octubre, día de elecciones regionales, los paramilitares “permitieron que se instalaran” las mesas de votación en El Aro. Sin embargo, solo 19 personas acudieron a las urnas, mientras que las familias de los muertos los enterraban en el cementerio del pueblo, bajo la prohibición de realizar “oficio religioso alguno”. Entre ese día y el siguiente, la señora Elvia Rosa Areiza fue secuestrada y amarrada a un árbol que estaba ubicado cerca al matadero del pueblo, donde la dejaron hasta que murió de hambre.
Durante los días siguientes, los combates se redujeron y el 30 de octubre los ‘paras’ cometieron el último asesinato de esa macabra incursión: el de Dora Areiza, una joven de 21 años a la que señalaban de colaborar con la guerrilla.
El viernes 31 de octubre de 1997, los paramilitares por fin abandonaron El Aro. Antes de irse, quemaron 42 de las 60 casas que había en el pueblo y secuestraron a 17 personas para que, bajo amenazas, arriaran el millar de cabezas de ganado que se habían robado durante su paso por los municipios de Ituango y Puerto Valdivia.
Mientras más de 1.400 personas se desplazaban de la zona, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso condecoraban en el municipio de Tarazá a los paramiltares que cometieron esos crímenes.
Es por su presunta omisión en estos hechos, que la Corte Suprema de Justicia investigará al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez.
*Esta historia fue publicada originalmente en Pacifista. Una plataforma para la generación de paz.
Encuentre más historias como esta en:
