Escribo al país en un momento que considero oportuno. Pude seguir de cerca el desarrollo del foro que la UNP tuvo esta semana con la Secretaría de Transparencia, y creo que fue mucho lo que faltó por decir, muchas las preguntas que quedaron sin respuesta, pero por lo menos, me queda de positivo el interés que manifiesta la actual administración de la entidad y el actual Secretario de Transparencia por escudriñar hasta desentrañar la verdad.
Igualmente en este día, la Contraloría General de la República hace un balance de la gestión de la UNP y como lo resalta el periódico El Tiempo se concentra en algunos temas posteriores a mi salida abrupta de la UNP. Me motiva hacer esta carta abierta el anhelo de que pueda alcanzar a disipar la espesa cortina de humo que debe estar preparando el señor Villamizar para distraer la atención de la justicia y de la opinión pública de lo que fue su responsabilidad en el descalabro que ha resultado esa malograda entidad. Seguramente Villamizar, acostumbrado a disfrazar la verdad, dirá, como lo dijo en diciembre cuando el Presidente tomó la decisión oportuna de separarlo del cargo, que este informe de la Contraloría también confirma sus denuncias sobre la corrupción que el ayudo a descubrir, lo que es totalmente falso, pues no fue motivado por sus denuncias y reafirmo que fue entregado a la UNP en junio, antes del escándalo de finales de agosto de 2014, y las implicaciones del mismo iban en general en contra de él y del señor Alonso Miranda Montenegro. Ahora bien, este nuevo informe de la Contraloría muestra los grandes desaciertos de su errática gestión al frente de una entidad encargada de proteger la vida de las personas.
Durante muchos meses he sido silenciado. No tengo claro por qué la periodista Sally Palomino de El Tiempo no quiso publicar la entrevista que me hizo en el mes de enero, y más inquietud todavía me deja que el periodista Iván Serrano, de Noticias Uno La Red Independiente, me haya hecho una entrevista en el mes de marzo y que unas semanas después me haya enviado un lacónico mensaje en donde me decía que había recibido una llamada de un funcionario del gobierno interesado en el tema. Nunca supe cuál era el interés. Solo puedo decir que finalmente esta nota no salió. Solamente ha sido Canal Capital quien ha tenido la entereza de darme la oportunidad de expresar mi versión.
La agilidad que tuvo el señor Merchán para denunciarme, haciéndole un favor al señor Villamizar que ya tenía un píe fuera de la entidad, con un anónimo firmado por alias “Jorge el Acuerpado” y después sin preguntarse nada, pone a la fuente humana que venía a corroborar el anónimo a que declare en la Fiscalía dándole plena credibilidad y prestándose para presuntamente montar una parte necesaria del show que era la captura del doctor Luis Eduardo Molino, como lo expreso el propio Gerente de Protección 33 en entrevista a La W, en contraste con las múltiples denuncias contra Villamizar ante las que el señor Merchán se declaraba impedido dada su entrañable amistad y que terminaban engavetadas en escritorios de funcionarios de cuarta categoría, me muestran lo que supuse desde un primer momento: Todo iba contra mí y todo era una persecución política para sacarme del camino.
Para nadie era un secreto, inclusive para Villamizar, que tenía muchas posibilidades de llegar a ser Director de la UNP y de que me oponía abiertamente a la manera a veces despótica y caprichosa como me parecía que Villamizar manejaba la entidad y el programa de protección. Vale la pena recordar que la muerte del llamado “Periodista más amenazado de Colombia” el señor Luis Carlos Cervantes (qepd) sucedió apenas una semana antes de que estallara el escándalo de la supuesta corrupción, y que Villamizar estaba contra las cuerdas por ese caso entre otras cosas, por la clara opinión del doctor Lombana en relación con la responsabilidad que cabría en la muerte del periodista. Pero como ocurre con frecuencia con la justicia colombiana un escándalo sepulta al otro. La Fiscalía que fue tan ágil para dictarme una orden de captura con meros indicios, no debe haber avanzado mucho en el esclarecimiento de la muerte de Cervantes y la responsabilidad que le cabe a alguien quien tenía en sus manos garantizarle la protección necesaria.
Sin embargo, pasado un año después que el director del CTI saliera a decir de manera apresurada que existían muchas pruebas que comprometían la responsabilidad de 11 funcionarios liderados por mí en temas como contratación indebida, errores en la ejecución de los contratos, sobrecostos en la facturación, solicitud indiscriminada de coimas, favorecimiento de terceros, peculado y prevaricato en la asignación caprichosa de esquemas, entre otras cosas, pasado un año, retomo, no haya sido expedido ni una sola orden de captura más, salvo la mía, lo que me hace suponer que la banda era sólo de dos, Molino y yo, o quizás la Fiscalía quiera inaugurar la figura del concierto para delinquir unipersonal. Si la supuesta banda estaba integrada solo por mí, me convierte en un genio, y a los demás irremediablemente en unos idiotas. Y en ese caso me pregunto qué hacía en el cargo el señor Villamizar o el señor Miranda? La Fiscalía ni siquiera ha hecho imputación de cargos, ni en mi contra ni en contra de ninguna de las personas que supuestamente integraban la banda criminal, sin embargo, como fruto de la persecución política en mi contra, quedó en el imaginario público que Villamizar era un adalid de la transparencia, el buen funcionario, el hombre probo. Su primo, el senador Carlos Galán salió muy rápido a reclamar el buen trabajo hecho por su primo Villamizar y por su amigo Merchán, y lo reclamo como propio confirmando con ello la persecución en mi contra. Pues bien, Villamizar no se merece ninguno de esos títulos y los hechos lo están demostrando.
Me sorprende también que la Procuraduría, basada en un recorte del periódico El Espectador, me haya iniciado un proceso disciplinario. Pero que las denuncias disciplinarias contra Villamizar, entre otras la de abandono del cargo cuando fue a los Estados Unidos en la Semana Santa del 2014, sin permiso y regresando al cargo después de faltar 4 días sin justificación, los hechos de contratación indebida, entre otros, no tengan ningún avance.
Los supuestos delitos que se me endilgaron, lo he dicho en otras oportunidades, no tenían nada que ver con mis funciones. La contratación a la que se refería la Fiscalía era del resorte de Villamizar, y los pliegos fueron preparados por su asesora de confianza Margareth Silva y por Alonso Miranda Montenegro. Tuvo la revisión de la firma de abogados de Gonzalo Suárez y también recibió el acompañamiento de la Procuraduría.
La ejecución de los contratos estaba a cargo del señor Alonso Miranda, quien tenía a su cargo la Subdirección de Protección, y contaba con el apoyo de un equipo de personas escogidas directamente por él y además de la firma Netlogistik. Y en este punto también debo decir de manera categórica que yo no aprobaba las facturas que presentaban los operadores del programa de protección, estas debían ser aprobadas por el Subdirector de Protección, Alonso Miranda Montenegro, y la secretaría general solamente se encargaba del pago. Quien debe responder acerca de si hubo o no sobrecostos es la persona que aprobaba las facturas y daba su visto bueno indicando con ello que cumplían con los requisitos legales para su pago.
En la supuesta recepción de coimas, por más de dos años, el director del CTI omitió el detalle de que el doctor Molino llevaba tan solo unos meses en la entidad y que además inicialmente estaba en la dependencia del señor Miranda. El único hecho demostrable es la captura en flagrancia que a mí me parece más una trampa a la que fue llevado el doctor Molino, vuelvo a traer a cuento la declaración del gerente del operador que prestó el dinero para la captura.
La asignación de los esquemas de protección era efectuada por el director y el subdirector de protección. No era de mi competencia ni estaba dentro de mis funciones hacer esa dicha tarea. Además estoy seguro que Miranda no hubiera permitido una intromisión mía en su área.
Sin embargo, durante más de 20 días fui víctima del matoneo de los medios de comunicación que dado el prestigio de mi denunciante, no se preguntaron que podía decir yo, simplemente multiplicaban una noticia sin el menor respeto por un principio tan elemental como la presunción de inocencia.
Pero todo esto tenía como base el interés económico y el interés político. Insisto en que Villamizar estaba de salida y más aún con el tema de Cervantes y que yo tenía grandes probabilidades de llegar a este cargo.
La pregunta que debe hacerse un buen periodista y en el caso de la Fiscalía, un buen investigador que analiza todas las posibilidades es: Quien se beneficiaba con mi salida?
En primer lugar, se beneficiaba el señor Villamizar, quien no sólo se quedaba en el cargo, sino que como seguramente esperaba que pasara, se quedara atornillado dado que era ahora “el salvador de la UNP”. Pero también se beneficiaba su hombre de confianza, Alonso Miranda Montenegro. En el informe de la Contraloría que salió publicado en el Espectador en diciembre de 2014, pero que es de Junio de 2014, se hacían graves cuestionamientos en algunos temas que Villamizar presuntamente quería eludir y que eran de su responsabilidad o de la de Miranda:
- Los cuestionamientos hechos por la Contraloría con ocasión a la costosa adecuación de las dos sedes principales de la entidad en sitios que no son propios de la UNP. De hecho, la sede principal en la calle 26 está en arriendo. Por menos la Contralora Morelli fue acusada por la Fiscalía.
- Pero en el tema de la adecuación de las sedes, algo que resulta inquietante son los sobrecostos en los elementos de oficina, en las obras, etc.
- Era necesario hacer esas adecuaciones. Cuál es la justificación que se dio para este gasto.
- Cuál fue la modalidad de contratación y cómo se escogió al contratista.
- El esquema de protección que Villamizar presuntamente mantuvo, o presuntamente consintió en mantener con cargo al señor Germán Escobar, quien se suicidó el 7 de julio de 2012, y cuyo esquema se mantuvo a su nombre por dos o tres meses más.
- Los cuestionamientos por esquemas de protección que se habían asignado sin el lleno formal de los requisitos.
- Los cuestionamientos por el sistema de información de la entidad, llamado SISPRO, cuyo valor fue cancelado basándose en la aprobación que hiciera el supervisor de ese contrato, el señor Alonso Miranda, cuando en realidad no estaba listo ( es más, me llegaron a comentar que ese sistema no existía) y el contrato hecho por recomendación del señor Miranda, con la misma empresa que “construyó” el sistema para su mantenimiento. El propio Villamizar alguna vez se refirió a este tema que era como mandar a reparar un carro sin motor. Sin embargo, dejó que el señor Miranda hiciera de las suyas. Recuerdo que el señor Molino y yo alguna vez le dijimos a Villamizar que ese tema debería ser denunciado.
- Yo me opuse siempre al tema de la adquisición de armas, precisamente porque me parecía que no era necesaria dada la entrega de armas que nos había hecho el DAS. Armas que eran adecuadas y todavía útiles. Inclusive, cuando el proveedor le escribió a Indumil solicitándole una prórroga para entregar las armas, yo firme un oficio dirigido al General Matamoros en el que indicaba que no se debería otorgar tal prórroga. Tenía la esperanza de detener algo que me parecía inconveniente, más aún cuando supe que las armas que habían sido determinadas por el director tenían dos problemas: 1) no eran aprobadas por temas de derechos humanos, y alguna vez le expresé a Villamizar que no me parecía consecuente que en una agencia dedicada a proteger los derechos humanos tuviéramos armas que no son aprobadas por los organismos de esta materia y 2) que dado el calibre, era un error comprar unas armas cuya munición no se producía en Colombia sino que debería ser importada. Esto era a mi juicio antieconómico. Tengo entendido que en la selección de la marca, no hubo un procedimiento objetivo, sino que presuntamente se hizo a dedo a un proveedor. No me extrañaría.
- En el tema de la última adquisición de chalecos blindados, recuerdo que al regresar de mis vacaciones, en el mes de enero de 2014, fui informado por algunos subalternos que Villamizar había ordenado la apropiación de 6 mil millones de pesos para la compra de estos elementos. Me indicaron que el contrato se había hecho por el Director a través de la contratación reservada y cuando le pregunte por el tema, de manera airada me dijo que él era el director y era quien daba las órdenes.
Todo este escándalo se da cuando precisamente yo estaba descubriendo el origen de los sobrecostos que se estaban presentando en los servicios adicionales, especialmente en los convenios interadministrativos, y que estaban causando un serio desangre de la entidad. Había sido alertado por el presidente y el fiscal del sindicato Analtraseg acerca del modo de operar para aprovecharse de los recursos de la entidad y de cómo esto también incluía escoltas que se estaban facturando en detrimento de la entidad. Esto coincidió con la visita que me hicieran varios secretarios generales, dentro de los que se cuentan el departamento nacional de planeación, el ministerio de comunicaciones, la superintendencia de puertos, entro otros, para mostrarme inconsistencias en el cobro que se estaba haciendo de los servicios adicionales. De hecho unos días antes a todo el montaje en mi contra había ordenado las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades. Miranda intentó que la información no llegara a mi dependencia y hasta agredió verbalmente a algunos de mis funcionarios a quienes había encargado de realizar esta labor. Finalmente nunca pude concluir la investigación, pero sé que estaba en el camino correcto para descubrir la verdad.
Otro de los temas prioritarios que estaban para mi estudio, tenía que ver con las reclamaciones administrativas presentadas por los tres operadores del programa de protección (Protección 33, Siglo XXI y Sevicol) y que en conjunto sumaban 140 mil millones de pesos aproximadamente. Cuando fueron radicadas, abiertamente tanto para Villamizar como para los operadores, manifesté que me parecían absurdas en su contenido y argumento, y me opuse a cualquier tipo de reconocimiento por este concepto. Algunas personas me han comentado, y ojalá no sea cierto, que existe un acta en la cual presumiblemente Villamizar o Miranda dan lugar a entender que dichas reclamaciones son válidas, con esto se confirmaría el riesgo jurídico al que alude la Contraloría.
Algo que debo volver a reiterar, para aquellos que alegremente me llaman prófugo de la justicia, es que me vi obligado a salir del País y vivir en el exilio, cuando vi que lo que debería ser una investigación normal de la Fiscalía era en realidad un escándalo mediático de orden político y que el organismo fiscalizador tenía como papel ayudar a callarme, quien sabe si para siempre.
El despliegue que hizo la Fiscalía a instancias de Villamizar y Merchán no se compadece con la falta de diligencia que han tenido frente a la denuncias que han hecho valientemente los sindicatos de la entidad, inclusive con la que hizo hace unos días el actual director contra Miranda. Pero se explica en que Villamizar supo jugar con el buen juicio de la Fiscalía y dándoles pistas falsas, les hizo poner cuidado en el supuesto soborno de 10 millones de pesos para que a las espaldas del organismo investigador se pudiera tapar un presunto detrimento de más de 14 mil millones de pesos. Finalmente la Contraloría es la que pone el dedo en la llaga.
Ojala esta vez no se distraiga la acción de la justicia.
Cordialmente,
Julián Marulanda Calero
