Según este gobierno, la inflación del año que pasó fue de 5,65 %. Yo me pregunto cómo carajos harán semejante cálculo, si mi bolsillo de desempleado me dice que los alimentos, especialmente las proteínas de origen animal, como la carne, leche y huevos, han aumentado más de 30 %. Igual pasa con los productos de ferretería, impuestos y un largo etcétera. Los ingresos aumentan el 5,6 % que dicta el gobierno, pero los gastos incrementan mucho más, lo que se ve en las calles y supermercados. Es decir, la gente pierde 25 % de poder adquisitivo. Lo que ocasiona semejante diferencia es empobrecimiento generalizado, así empezó Venezuela.
Yo era de los que estaba convencido de que el incremento del precio de la leche se debía a la escasez mundial provocada por la pandemia y a los bloqueos por el paro nacional de 2021.
Vaya sorpresa que me llevé en un paseo por el campo cuando me dio por preguntarle al conductor de un camión lechero cuánto estaban pagando el litro de leche, 1000 pesos, los mismos 1000 miserables pesos que le pagaban hace 365 días (lo sé porque yo tenía un pequeño ordeño).
Mientras en ese mismo periodo los empresarios de la leche aumentaron el litro desde 2500 pesos hasta 3500. Ni siquiera han tenido la decencia de aumentarle el irrisorio 5,65 % que dicta el gobierno al campesino que se levanta a las cuatro de la mañana a ordeñar, los siete días de la semana.
Hay que aclarar que el único valor agregado que hace el empresario es empacar la leche y pasteurizarla, procesos que para nada justifica una ganancia tan exagerada del 250 % sobre el costo de la materia prima, y menos teniendo en cuenta que a la leche cruda le quitan unos subproductos, como el caso de la crema, que engordan aun más las ganancias del empresario.
El origen de esta situación viene del año 2006. El gobierno Uribe dictó por decreto que los campesinos no podían vender directamente la leche cruda al ciudadano, y le entregó este jugoso negocio a unos pocos empresarios que tienen capacidad de pasteurizar y empacar la leche en Colombia (Decreto 2838 de 2006).
Cuando se expidió dicho decreto, el litro de leche cruda se pagaba a 500 pesos, y la leche en bolsa costaba 800 pesos, una ganancia de 300 pesos por la pasteurización y empacado. Dieciséis años después que llevan monopolizando el negocio le ganan 2500 pesos; multiplicaron por ocho las ganancias de ese entonces.
Dirán los economistas que es imposible que en Colombia existe el libre mercado y la competencia regula los precios. Con gobiernos honestos así es, pero en Colombia existe una vieja maña que viene desde épocas feudales entre empresarios de cartelizarse, es decir, ponerse de acuerdo para fijar un precio mínimo de algún producto y de esa manera asegurarse extravagantes utilidades, tal cual como los mafiosos italoamericanos.
Esta maña no sería posible si los gobiernos controlaran, por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que esto no ocurra, pero la deliberada negligencia ha hecho que hace mas de cuatro años no se destape un solo caso de cartelización, como si lo hicieron administraciones anteriores cuando multaron a las cementeras o a los fabricantes de pañales y papel higiénico por ejecutar estas prácticas deshonestas.
Si no me cree solo póngase en la tarea de mirar en los supermercados la marca de la leche que aparece en promoción: siempre proviene de pequeñas fábricas que seguramente no hacen parte de los oscuros pactos.
Esa es la razón por la cual los políticos en campaña aparecen tan sonrientes en sus vallas publicitarias. Es la felicidad tan grande que les produce las millonarias comisiones que les pagaran por legislar al acomodo de una élite podrida que es incapaz de hacer plata de forma honesta.
