Existen tantas y poderosas razones para que Sergio Fajardo no sea presidente en 2022, que resulta incomprensible que hoy haya quienes defienden su candidatura. Tales razones van desde el valor de la palabra del candidato-profesor hasta aspectos de fondo, como que representa la continuidad del modelo neoliberal uribista que ha gobernado a este país desde hace dos décadas. La única diferencia sería que Uribe no estaría directamente en el poder.
En cuanto a lo primero, no debemos olvidar que, derrotado en la primera vuelta de las presidenciales de 2018, salió a anunciar su retiro de la política electoral, no volvería a ser candidato presidencial. Hoy eso puede interpretarse como el arranque de un megalómano que, convencido de su superioridad, herido al ser rechazado por los colombianos, estaba dispuesto a castigar al país privándolo de sus talentos como presidente. Pero pasado el guayabo, las ansias de poder le hicieron recapacitar, y hoy ofrece de nuevo sus grandes talentos a los colombianos. Pero el megalómano es Petro. Lo anterior habla de la catadura de Fajardo como político. Si fuese presidente, ¿sus promesas o propuestas de campaña serían respetadas de la misma manera que su anuncio de 2018?
En segundo lugar, tomando los asuntos de fondo, Fajardo, a diferencia de lo que afirma, no representa una propuesta alternativa que pueda solucionar los problemas de Colombia. Ha hecho carrera política con el discurso anticorrupción, pero ¿qué debate o denuncia contra la corrupción ha librado?, al contrario, siempre ha encontrado la manera de coexistir con el régimen de la corrupción que dice combatir. Si se tratase de un proyecto político alternativo, tal cosa debería notarse en sus administraciones en Medellín y Antioquia, ¿qué de diferente hay entre las administraciones de Fajardo y las otras que han gobernado Medellín y Antioquía? En síntesis, Fajardo es más de lo mismo, a lo mucho sería un uribismo sin Uribe, pero fundado en el dominio de los grandes capitales sobre la sociedad colombiana, con el modelo neoliberal imperante hoy.
En tercer lugar, está el talante político de Fajardo. Aspira a ser presidente, pero en los momentos más cruciales de la coyuntura política del país, se va a observar ballenas. Le da igual lo que suceda con el país, si no está él como protagonista; sencillamente es un narciso prepotente. Quien quiera que analice objetivamente el momento político de Colombia en el 2018, solo puede concluir que la mayor responsabilidad en el regreso del uribismo al poder está en Fajardo: desde noviembre de 2017 (cuando el candidato-profesor punteaba en las encuestas) Petro propuso una alianza para enfrentar al uribismo; pasada la primera vuelta Petro insistió en la alianza para evitar el regreso del 82 al poder. Pero Fajardo consideró que le daba igual si el uribismo regresaba o no al poder; como resultado, hoy tenemos la ineptitud del títere, la destrucción del proceso de paz, el retorno de las masacres y el aumento en los asesinatos de los líderes sociales. En realidad, parece que Fajardo considera que la opción política para Colombia es o Fajardo o que continúe el uribismo, ninguna otra posibilidad.
En cuarto lugar, pero no menos importante, está su responsabilidad política en el proyecto de Hidroituango. La contraloría habla, y ha imputado cargos, de un detrimento patrimonial de 4.7 billones de pesos. Se trata de un proyecto bandera de Álvaro Uribe, en cuyas tierras, antes poblabas por pequeños propietarios campesinos, se realizó una formidable operación de despojo llevada a cabo por paramilitares y fuerzas estatales, con decenas de masacres y cientos de desaparecidos y asesinados; aun hoy se habla de cientos de cadáveres sepultados en fosas comunes y cubiertos por las aguas de la represa.
Nada mejor que Hidroituango para ilustrar cómo el poder del estado se usa contra los colombianos más pobres en beneficio de los grandes poderes económicos y políticos dueños de un megaproyecto. Pero Hidroituango también ilustra cómo los operadores políticos, como el candidato-profesor, ponen lo público al servicio de los grandes poderes económicos; reiteradamente se ha denunciado que Fajardo entregó la administración de las Empresas Públicas de Medellín, EPM, al Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, su patrocinador, y principal beneficiario, vía contratación, de Hidroituango.
De manera que los colombianos tenemos razones de sobra para no confiar en Fajardo: un día dice una cosa y al otro día puedo decir lo contrario; no representa el modelo alternativo que Colombia requiere en este momento histórico, solo es la continuidad del modelo neoliberal uribista, sin Uribe; propició el regreso del uribismo al poder en 2018; y tiene por aclarar su responsabilidad en el desastre de Hidroituango.
Adenda. Claudia López ilustra a la perfección esa corriente neoliberal que se vende como alternativa de centro. Dice repudiar los extremos, pero continua el modelo Peñalosa en la ciudad, y recibe como invitado de honor a Leopoldo López, miembro del club de la extrema derecha que forman Bolsonaro, Trump, Uribe y el golpismo venezolano, conspiradores que impulsan una invasión gringa al país hermano de Venezuela. Es una alternativa de centro bien inclinada hacia la extrema derecha.
