Pese a que en los últimos días el gobierno ha tomado una serie de medidas para intentar frenar el paro agrario anunciado para el lunes 28 de abril, un sector de los campesinos representandos en las denominadas: dignidades arrocera; cafetera y papera; la Marcha Patriótica; el Congreso de los Pueblos y Mesa de Interlocución Agropecuaria entre otras, reafirmaron su intención de ir a las calles a protestar.
Para entonces se perfiló como vocero del movimiento Dignidad Papera, el ingeniero agrónomo César Augusto Pachón Achury, quien luego de recibir amenazas de muerte tuvo que solicitar un esquema de seguridad ante la Unidad Nacional de Protección de víctimas.
Pachón logró ser escuchado en el Congreso de la República en nombre del sector agricultor boyacense. La resonancia de sus quejas fue fuerte, pero no lo suficiente para establecer una ruta de diálogos y acuerdos con el Gobierno para aliviar los problemas puestos sobre la mesa, que quizás no puedan ser resueltos de repente, con el mismo dinamismo de las importaciones de productos que compiten con aquellos cosechados en el campo colombiano.
Entre las peticiones de los campesinos estaban igual que ahora: reducir los costos de insumos como fertilizantes, herbicidas, abonos y concentrados, comercializados hasta siete veces más económicos en otros países; implementar subsidios y seguros a las cosechas cuando se pierden por sequias o heladas; condonar o rebajar sus deudas a los bancos; frenar las concesiones mineras a multinacionales.
Frente a esto, el gobierno en cabeza de Francisco Estupiñán quien hacía pocos días había reemplazado en el cargo a su jefe Juan Camilo Restrepo, quien conocía y no atendió estos problemas, asumió compromisos que, según Pachón, incumplió; por eso los decididos campesinos, conscientes del daño ocasionado por la apertura económica a su modo de subsistencia, es decir del por qué sus alimentos han disminuido progresivamente de precio y del por qué han tenido que recurrir a préstamos bancarios, bloquearon las vías una vez más durante veinte días, desde el 19 de agosto hasta el 7 de septiembre, cuando el presidente Santos ordenó militarizar cualquier ciudad o municipio donde hubiese manifestaciones.
Juan Camilo Restrepo no logró resolver las demandas de los campesinos que le reventaron a Estupiñán recién posesionado en el Ministerio
El paro había ganado legitimidad entre habitantes de Tunja, Sogamoso, Duitama, pero también de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, entre otras ciudades, quienes demostraron su apoyo al derecho a labrar la tierra, mediante masivas marchas en la que golpeaban cacerolas y ollas.
En ambas ocasiones, en abril y agosto del 2013, agentes de la fuerza pública frenaron con violencia las manifestaciones. El resultado de las agresivas acciones, personas asesinadas con disparos de arma de fuego, mutiladas, heridas con armas contundentes y animales domésticos asesinados también con disparos1. Por otro lado, funcionarios de la Policía, dijeron que varios de sus hombres también resultaron afectados y uno de ellos murió.
Los campesinos lograron la solidaridad del país urbano y el gobierno reaccionó con promesas que según ellos no ha cumplido. Foto: CC Flickr Carlos Caicedo flickr.com/photos/carloscaicedo
La historia se repite ocho meses después con nuevos caras en el gobierno, frente a los mismos líderes campesinos y a los mismos problemas sin resolver. Los ministros del Interior, Aurelio Iragorri y Rubén Darío Lizarralde de Agricultura, intentaron sin éxito detener la nueva y anunciada movilización en conversaciones con voceros de los campesinos. Lizarralde afirmó que nunca se habían roto los diálogos mientras Pachón denunció que las mesas no se habían reunido en el 2014 y que la información que obtuvieron fue vía derechos de petición y que las reuniones sin resultados los tienen agotados.
Juan Evangelista Riveros de 56 años de edad nació en el municipio de Aquitania y siempre se ha dedicado a la agricultura; es vocero de la Asociación Nacional de Campesinos José Antonio Zorro (Asonalca), compuesta por 20 mil afiliados de Norte de Santander, Santander, Arauca, Meta, Casanare y Boyacá.
Recuerda que en su juventud se cosechaba trigo y cebada en el mes de octubre, hasta que la harina americana llegó y relegó los cereales del mercado nacional. Coincide con otros líderes, en que, productos campesinos no pueden competir con los importados: “los TLC significan quiebra para nosotros porque no podemos producir a bajo costo, y en cambio se llevan al traste el campo”.
El señor Riveros cultivaba caña, la molía y vendía miel; por 5 litros le pagaban 50 mil, luego 25 mil, pero finalmente tuvo que dejar plantas solo para el consumo de su familia teniendo en cuenta que durante cada cosecha la inversión superaba los $ 2 millones. Tampoco tenía caso competir con los bajos precios de la panela extranjera.
Con la papa, señala, está sucediendo lo mismo, pues el costo por sembrar un bulto alcanza los 400 mil y la venta por carga (2 bultos) solo llega a 100 mil en su mejor momento.
Asonalca participará en el paro junto a Dignidad Papera, organizaciones que acordaron en marzo pasado durante la Cumbre agraria, étnica y popular, un pliego único de peticiones en el que intervienen intereses de comunidades afro de Chocó y otros departamentos del pacífico, e indígenas de Cauca, Nariño, Putumayo, Amazonas y La Guajira.
En cada municipio de Boyacá funcionan asociaciones, 43 en total, de gremios agricultores entre papicultores, cebolleros, cacaoteros y tomateros, y lecheros de Fedegan. Desde la hora 0 del lunes 28, todos estarán en los diferentes puntos de concentración, acompañados por comités de seguridad, salud, derechos humanos y alimentación.
A los campesinos se unirían conductores de 5000 vehículos, según Alfonso Medrano presidente de la Asociación de Camiones de Carga (ACC) en Boyacá, igual que cerca de 1000 trabajadores de Acerías Paz del Río, Ornasa y siderúrgicas de Duitama y Tuta, confirmó Rodulfo Ballesteros, presidente del Sindicato de la Industria de Materiales de Construcción.
Fallido el acercamiento de los ministros del interior y agricultura para intentar detener el paro, que se desplazaron incluso a Tunja, el Presidente Santos decidió intervenir y convocar el viernes XXX a una reunión en el Palacio de Nariño con los representantes de las denominadas dignidades arrocera, cafetera y papera, la mesa de interlocución agropecuaria quienes después de escuchar al gobierno reafirmaron su intención de continuar con el paro del próximo lunes 28 de abril.
La desconfianza primó en el ambiente de la amplia reunión del viernes en Palacio: los campesinos han dejado de creer en el gobierno
Pese a que en los últimos días el gobierno ha tomado una serie de medidas para intentar frenar el paro agrario anunciado para el lunes 28 de Abril, un sector de los campesinos representandos en
Entre tanto, mientras el Gobierno Nacional insiste que ha cumplido y que la protesta tiene motivaciones políticas, tomo las siguientes medidas de última hora: Ninguna entidad podrá embargar las propiedades de los campesinos que estén colgados con los créditos en mora. También resolvió comprar la cartera morosa del Banco Agrario a través del ministerio de agricultura, para aliviar las deudas de los agricultores, Frente los reclamos de los cafeteros que argumentan que no se les han entregado los recursos correspondientes al subsidio para los cafeteros (PIC), el ministro Iragorri resaltó que las 135.236 facturas a las que no se ha pagado el subsidio han sido revisadas una por una y han detectado que alguna de estas son falsas, adulteradas por cantidades e incompletas.
Por su parte el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón, insiste en que “intereses políticos y terroristas pretenden infiltrar la protestas campesina” Aseguro que “La mayoría de actividades relacionadas con esta movilización no tiene tintes ilegales o de infiltración criminal. Sin embargo, por mensajes y conversaciones interceptadas a miembros de las Farc y otras labores de inteligencia, hay evidencias de que terroristas se han involucrado en la protesta”
