Populismo es una palabra que en el actual debate colombiano sobre las elecciones presidenciales se usa de forma peyorativa: es populista quien promete lo que el pueblo desea escuchar, pero no puede cumplir —demagogia—, o es populista el que se aleja de una presunta política macroeconómica estándar, a pesar de que, como publica la Revista Dinero, en 2017 Colombia cumplió su cuarto año de desaceleración económica, y, según un informe de Oxfam para ese mismo año, haya sido el segundo país más desigual de América Latina y el Caribe, y el primer país en desigualdad de distribución de la tierra.
No obstante, el llamado "populismo histórico" es una categoría que se ha usado para analizar algunos regímenes políticos latinoamericanos de las décadas de 1930, 1940 y 1950, entre los que se incluyen los gobiernos de Getulio Vargas en Brasil, Juan Domingo Perón en Argentina, Lázaro Cárdenas en México o Juan Jacobo Árbenz en Guatemala. Tales populismos latinoamericanos se caracterizarían por una ampliación de derechos sociales a amplias capas de la población como los sectores obreros —los derechos de segunda generación—, la presencia de líderes carismáticos con capacidad de integrarse a las masas y obtener en ellas su legitimidad, la tendencia a la conformación de Estados corporativos —se subsumen las organizaciones políticas al Estado en función del proyecto político hegemónico— y en algunos casos una tendencia al autoritarismo. A su vez, se alcanzaron a practicar políticas de nacionalización de recursos estratégicos como el petróleo y adelantar reformas agrarias que chocaban con los intereses de emporios empresariales como la United Fruit Company.
Mutatis mutandis, el caso de Gustavo Petro se puede ubicar conceptualmente dentro del "populismo histórico", pues busca adelantar una reforma agraria y una diversificación económica de la mano de un Estado con un rol más directivo en la economía y que combata los procesos de monopolización y oligopolización derivados de las tendencias del capitalismo; igualmente, encontramos la presencia del líder carismático que, en lenguaje de Weber, goza de legitimación carismática, esto es, sectores de las masas creen en las palabras del líder progresista colombiano debido a sus cualidades personales. Por último, habría una preocupación por una presunta tendencia autoritaria, aunque en su paso por la Alcaldía de Bogotá Petro no mostraría tal talante en un ambiente de alta polarización —de parte y parte— y oposición acérrima; antes bien, la anulación de sanciones impuestas por la Procuraduría y la Contraloría contra Petro muestra que no hubo garantías liberales mínimas para el ejercicio de su mandato democráticamente establecido.
¿Pero cómo esto puede beneficiar la democracia? El populismo histórico, con todos sus problemas, permitió un proceso de democratización que posibilitó que amplios sectores de las masas participaran más en política y pudieran llevar sus demandas al Estado, lo cual se tradujo en la relativa materialización de derechos sociales: en cierto sentido, este populismo oxigenó la democracia liberal.
Colombia en su historia no ha vivido un proceso parecido. Los dos gobiernos de Alfonso López Pumarejo se acercaron tímidamente a un liberalismo social que adelantó una serie de reformas —como la agraria— para modernizar el país y que se estancarían en su segundo gobierno, además de que López Pumarejo no fue precisamente un líder carismático. La relación del Estado más próxima al populismo se daría de la mano de Jorge Eliécer Gaitán, el tan popular líder caudillista del Partido Liberal que murió asesinado en 1949 y cuya infausta desaparición desencadenaría la época de La Violencia, aunque sus causas estructurales ya estaban ahí, sin poderse reparar a lo largo de las cruentas guerras civiles que acaecieron a lo largo del siglo XIX y XX.
Colombia ha sido una democracia liberal de papel que ha adquirido tintes monárquicos-oligárquicos. La frase de Gaitán "los mismos con las mismas" sintetiza una tendencia histórica de oligarquización del poder político en la que un constante grupo de familias, a través de partidos tradicionales o sus derivaciones, luchan y se disputan el poder. Si uno hace el mapeo de los apellidos que han manejado el timón del Estado, una y otra vez aparecen apellidos como Santos, Pastrana, Samper, Holguín o López. El progresista David Racero, por medio de su programa Actuemos, ha explicado este árbol de familias que sólo se relacionan entre ellas y han manejado el poder en diferentes periodos de la historia de Colombia. Más aún, se han llegado a conformar "clanes políticos familiares" que controlan el poder regionalmente, emparentadas con las élites políticas de nivel nacional. Este sentido monárquico-oligárquico se recoge una y otra vez en La Silla Vacía cuando en sus análisis hacen referencia a la casa Char, la casa Gerlein, o al clan Aguilar, al clan García, etc.
Esta falta de renovación política deteriora el sistema democrático. La historia reciente ha estado rodeada de preocupantes casos de corrupción, como en el lamentable ejemplo de Odebrecht o Reficar, o los de los carteles de la hemofilia, del sida, etc. Más atrás en el tiempo, se han dado los casos de Agro Ingreso Seguro, el escándalo de las notarías, la Yidispolítica, la parapolítica, etc. La senadora Claudia López, por ejemplo, ha denunciado que al año la corrupción nos cuesta a los colombianos cincuenta billones de pesos, una cifra escandalosa que equivaldría a "recuperar casi todo el presupuesto anual del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, sumados a la inversión necesaria para hacer tres líneas de metro en Bogotá". La oligarquización del poder político impide un control eficiente sobre el manejo de los recursos públicos, y genera, en palabras de Beatriz Stolowicz cuando critica la práctica del parlamentarismo, burocratización y elitización de los representantes políticos, cada vez más alejados de los intereses reales de sus votantes.
De momento, dos de los candidatos menos emparentados con ese árbol de familias son los que han punteado las encuestas para la presidencia. A su modo, Gustavo Petro y Sergio Fajardo encarnan un deseo de renovación de un sistema político que ha sido incapaz de gestionar algunos de sus conflictos estructurales, como el del problema del uso y tenencia de la tierra, el control de recursos energéticos estratégicos, la falta de modernización desde dentro, o el acceso a una educación pública de calidad, pero, y sobre todo, el de la corrupción de las élites políticas y sectores de las clases altas que han estado en el poder, la cual impide la ejecución eficiente de cualquier política pública.
Como lo ha recogido en una nota La Silla Vacía, "Petro representa el inconformismo, el cansancio, la indignación de los colombianos con los mismos gobernando" y, en ese orden de ideas, es un oxígeno para la democracia colombiana que ciertos sectores populares tradicionalmente excluidos —como indígenas, afrocolombianos, campesinos, jóvenes de ciudad marginados, animalistas, ambientalistas, etc.— puedan llevar sus intereses al Estado, eso sí, dentro del complejo sistema de frenos y contrapesos del modelo de Estado constitucional liberal que Colombia todavía no ha podido materializar, aunque haya promulgado en el papel una constitución que consagró a Colombia como un "Estado social de derecho". El asesinato continuo de líderes sociales o de activistas políticos, o las ejecuciones extrajudiciales crean continuamente un terrible estado de cosas inconstitucional.
Abandonar la idea de una nueva constituyente y construir un verdadero Estado social de derecho, sin corrupción, es uno de los tantos pasos a seguir para evitar un nuevo ciclo de violencias en la historia de Colombia. Otro paso consiste en democratizar la educación cívica —como propuso el politólogo Rafael del Águila— para aumentar los niveles de cultura política del país, formar "un juicio político prudente y audaz", fomentar una participación más activa de la ciudadanía y, de ese modo, ejercer mayor control ciudadano para prevenir la nefasta elitización y burocratización de la clase política.
