La visión estrecha ha sido regla en la gestión económica de Colombia. Sin embargo, ha habido orientación a evitar el desorden excesivo en la economía.
A los cambios de los primeros meses de C. Gaviria, necesaria para impulsar el crecimiento, evitar los problemas cambiarios que vivió toda Latinoamérica en los años 80 del siglo pasado y mejorar, en general, la gestión fiscal, la siguió el cambio de la Constitución.
El Estado creció para atender las exigencias de los propósitos establecidos en la Carta. Algunas redefiniciones fueron acertadas: el Banco de la República ha operado con independencia, la cobertura en servicios de salud llegó a toda la población rápido y con calidad aceptable, la calidad y confiabilidad de los servicios públicos domiciliarios mejoró en forma notoria aún en regiones donde hoy hay insatisfacción manifiesta, y ha habido relativa responsabilidad en lo fiscal.
Sin embargo, la idea de usar bien los recursos públicos ha tenido tropezones. La misma Carta estableció la redistribución de ingresos corrientes a los municipios y no fue coherente en ordenar el territorio para facilitar la tarea de identificar y aprovechar oportunidades en las regiones.
Además, estableció un sistema de control absurdo, que asignó a entidades externas la tarea de verificar que las transacciones atiendan propósitos y restricciones definidos, y exoneró a la administración de toda responsabilidad en materia de control.
La escasa orientación a la eficiencia ha sido regla desde entonces. La mala calidad del gasto y la limitada orientación al crecimiento de la economía se han reflejado en persistencia de la pobreza, la desigualdad, y la informalidad.
El país no ofrece oportunidades y la corrupción impera. La reorientación hacia el petróleo sin mitigar los efectos en la competitividad del aparato productivo por el fortalecimiento de la tasa de cambio ha sido nociva para las cadenas productivas.
El foco en el corto plazo y la excesiva timidez para revisar las instituciones han sido perjudiciales. Tras la apertura comercial de 1990 ha habido protección creciente a la producción nacional con medidas no arancelarias, que restan eficacia a los acuerdos bilaterales suscritos. La canasta exportadora no se ha diversificado, y el país tiene baja proporción de su ingreso asociado al comercio internacional.
El gobierno actual ha sido consistente con sus desacertadas propuestas de campaña que hacen más costoso el empleo formal, lo cual inhibe el aumento en productividad, abogan por la protección, dizque para generar empleo así frenen el crecimiento, que mueve la creación de puestos de trabajo, deterioran la calidad del servicio de salud y lo hacen más costoso, generan incertidumbre fiscal con las nuevas reglas sobre pensiones, todo con retórica de cambio social.
Ahora se ha empeñado en usar parte de los recursos depositados por los colombianos en las entidades financieras para sustituir en parte a los bancos en la tarea de evaluar riesgos y asignar recursos mediante el esquema de inversiones forzosas, propio de economías precarias de etapas superadas por Colombia.
El discurso sobre potencia mundial de la vida no es eficaz, pero va a costar un dineral al marginarse el país en forma unilateral del mercado de hidrocarburos. Entre tanto, La ley ambiental – Ley 99 de 1994, desarticuló la autoridad en este asunto, y no hay interés en arreglar este adefesio. El deterioro ha sido gradual; ahora se propone acelerarlo.
