El aforismo vale para lo que viene ocurriendo en Uruguay respecto a dos temas que tienen como sujeto activo al sector político del expresidente Pepe Mujica y como agonista a la democracia de ese país y explican por qué Uruguay no acompaña la denuncia contra la dictadura venezolana ante la Corte Penal Internacional a ser presentada por Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú.
Acto I
Recientemente un operador político que hace décadas fuera la principal figura del Partido Comunista Uruguayo (PCU) en el exilio, activo militante y defensor de hacha y tiza del actual partido en el gobierno, Frente Amplio (FA), comenzó a tirar de una manta que puede llegar a descubrir hechos graves. No porque fuera una novedad aportada por Esteban Valenti, de ese personaje se trata, sino porque desde su privilegiada posición de conocedor al detalle de la interna del FA, confirma sospechas que hace años anidan en diferentes sectores partidarios uruguayos.
Valenti sostiene que la causa del apoyo del sector de Mujica, el Movimiento de Participación Popular (MPP), a la dictadura venezolana radica en los negocios existentes entre algunos de los dirigentes de esa organización y los chavistas. "Los negocios se hicieron y están probados, la Justicia solo dijo que no puede procesar a nadie", sostuvo Valenti, quien afirmó que también por esa razón el F. Amplio no expulsó de ese partido al exvicepresidente Raúl Sendic, hijo del fundador de los tupamaros en la década del sesenta. Sendic en 2017 fue obligado a renunciar a la vicepresidencia uruguaya ante hechos probados de corrupción. Valenti se refirió a que en 2012 el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), filtró unos correos cursados entre dirigentes chavistas en los que dejaban en evidencia que Sendic— un protegido del Pepe Mujica —estaba al tanto de presuntas irregularidades en la gestión de la empresa de Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) en lo atinente a negociados realizados con Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa). "Sendic sabe todo y sabe demasiado, sino ya lo hubieran sacado", subrayó Valenti.
Esos y otros negocios realizados por personas vinculadas al F. Amplio, en opinión de este operador político uruguayo, no podrían ser investigados en Uruguay dado que no constituirían delitos para la justicia uruguaya, pero sí configuran una pérdida del erario público venezolano que amerita una investigación judicial en el país caribeño. Valenti sabe de eso, pues desde que en 1989 asumió el gobierno de izquierda en Montevideo estuvo en vueltas en los juzgados, a raíz de un presunto tráfico de influencias favorecido por la preeminencia que detentaba en el entorno del entonces intendente montevideano Tabaré Vázquez, hoy presidente de Uruguay terminando un segundo periodo.
En opinión de Valenti, cuando el Sebin filtró la información estaba alertando a Mujica que, si Uruguay se alineaba con los países más exigentes en reclamar el fin de la dictadura chavista, encendería el ventilador.
Por entonces ya se sabía que Guido Antonini Wilson, el valijero del chavismo para los Kirchner detenido en agosto de 2007, en Ezeiza (Argentina), con una maleta que contenía casi un millón de dólares destinados la campaña reeleccionista de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), había realizado su pasaje por el aeropuerto montevideano. Y, presumiblemente, podía haber llevado dólares a algún sector del Frente Amplio a través de la empresa Unión Metalúrgica Industrial del Sur S.A. (Umissa), sobre la que ampliaremos.
Tiempo después, un diputado del MPP, Daniel Placeres, residente en el predio donde tiene su chacra Mujica, se enorgullecía públicamente de haber realizado unos 85 viajes a Venezuela. Que se sepa, ningún sector comercial uruguayo vio los frutos de tanta peregrinación. Pero empresas de amigos de Mujica, como Aire Fresco, Envidrio, Grupo Atlansur y Urutransfor, participantes en negocios con empresas estatales venezolanas, sí.
A este respecto repican en la memoria de los uruguayos frases de Mujica como aquella de que "todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida", cuando se le preguntaba sobre sobreprecios en la venta de carne y arroz a Venezuela; o su referencia a que es lícito "ganar comisiones". Obviamente que Pepe obviaba un detalle: esos negocios parecían "hechos de medida" para sus correligionarios, según expresión de un diputado opositor. La justicia uruguaya, en contra de lo que entiende Valenti, tiene desde 2016 a estudio denuncias sobre Aire Fresco, beneficiada de los acuerdos firmados en 2011 durante una visita de Mujica a Caracas; e investiga, desde 2017, a las otras empresas referidas.
En la época de los negocios, Mujica iba a Caracas y se colocaba una guerrera militar con insignias chavistas y, hasta el presente, su principal cuestionamiento hacia el régimen venezolano fue decir que Maduro "está loco como una cabra", un pintoresquismo acorde con su verborragia, pero muy distante de una crítica propia de su rol de gurú sobre las calamidades del mundo.
El sábado 15, Mujica adjudicó a la tenencia de petróleo el desastre del llamado socialismo del siglo XXI, que ha degenerado en un narco-Estado causante de una crisis humanitaria sin igual en Latinoamérica: "Lo que está sucediendo en Venezuela no es culpa de Maduro: la riqueza petrolera de Venezuela en el largo plazo terminó constituyendo una especie de veneno para la sociedad venezolana, porque deformó toda la economía y los venezolanos se acostumbraron a vivir de cosas importadas". Su defensa de la dictadura chavista le llevó en 2015 a la ruptura con el uruguayo Luis Almagro, quien desde que asumió como secretario general de la OEA, censuró la dictadura de Maduro. En estas horas, desde el MPP y el minúsculo PCU, se impulsa la expulsión de Almagro del F.A. partido político que catapultara al excanciller uruguayo Almagro a la OEA. Mujica confirmó esto el miércoles 19 con el agregado de que Almagro apoyaría una intervención armada en Venezuela "con la bandera de los derechos humanos, como antes [ese apoyo] fue con la bandera de la democracia". No es extraño. La trayectoria de Mujica no es de respeto para con los DDHH, ni para con la democracia.
Almagro ha intentado explicar que su referencia a una eventual intervención armada en Venezuela ha sido descontextualizada.
El presidente uruguayo Tabaré Vázquez tras las declaraciones de Almagro adelantó que su gobierno "no va a apoyar" una reelección de Almagro en la OEA, "ya que se alejó de la línea política del Frente Amplio".
El alerta tardío de Valenti busca adelantarse a que en cualquier momento las sospechas de muchos uruguayos se vuelven evidencia penal en los procesamientos judiciales que se le multiplican a CFK como el robo a las arcas argentino/venezolanas iniciado en tiempos de Néstor Kirchner y Hugo Chávez. El martes 18 se confirmó que ambos expresidentes se dividieron mitad y mitad 100 millones de dólares a partir de las distorsiones en el mercado cambiario impulsado por ellos mismos.
Uno de los corruptos "arrepentidos", Claudio Uberti, explicó al juez actuante que durante 2005 y 2006 Argentina y Venezuela tuvieron varios acuerdos, donde el régimen chavista se hizo de bonos Boden 2012. Kirchner quería incrementar las reservas tras cancelar la deuda con el FMI y Chávez no se quedaba con los bonos argentinos, sino que automáticamente los colocaba en el mercado internacional. Producto de estas liquidaciones, Chávez se hacía de dólares billete que se vendían en el mercado paralelo venezolano a un valor superior al tipo de cambio oficial regulado por el chavismo. Con esos bolívares, la banda de Chávez compraba los dólares "baratos" del mercado oficial restringido. Según Uberti, una operación de 500 millones brindó un botín de 100 millones de dólares.
Pero, además, también la oposición política uruguaya reacciona ante la actuación de la justicia argentina y el ministro de Defensa uruguayo Jorge Menéndez debió concurrir el martes 18 al Parlamento a responder sobre los vuelos clandestinos desde Argentina a Uruguay realizados durante el periodo presidencial de Mujica (2010 - 2014). Vuelos cuyos pasajeros eran funcionarios kirchneristas transportando dinero mal habido "ruta del dinero" en el que hay cuota parte de los petrodólares venezolanos. En abril de 2016, el matutino El País de Montevideo informaba que "una fuente de inteligencia militar aseguró que los vuelos se realizaban a plena luz del día, cuando había funcionarios de Migraciones y Aduanas".
Las sospechas de los uruguayos tienen que ver asimismo con recientes declaraciones a la emisora Carve de Montevideo de Sergio Schoklender, exsocio de Hebe de Bonafini en uno de los emprendimientos kirchneristas, ergo, otro pillo, quien aseveró que en 2004 hubo aportes de dinero espurio de Kirchner a la campaña proselitista del F. Amplio. El encargado de las finanzas frenteamplistas de esa época, Fabricio Siniscalchi, lo negó inmediatamente después de conocidas las declaraciones del argentino.
Tampoco quedó en el olvido la ya mencionada "operación Umissa", en que por una ramificación también aparece involucrado el sindicato de metalúrgicos en manos del PCU: en 2006, Umissa se comprometía a construir 12.000 viviendas prefabricadas y entregarlas al gobierno venezolano que debía pagar por ello USD 156 millones, un convenio que más tarde se revisó hasta las 8.000 casas. Se pagaron decenas de millones de dólares por el estado venezolano para construir viviendas que nunca se inauguraron.
Acto II
Otro personaje peculiar, Héctor Amodio Pérez (HAP), que en su momento fuera dirigente principal del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros, hasta 1972, recientemente hizo afirmaciones que ponen en tela de juicio las convicciones democráticas de Pepe Mujica. El personaje arrastra desde hace más de 45 años la peor condición de haber sido el "gran traidor", adjudicada por otros exdirigentes tupamaros, no casualmente por quienes son responsables de la versión romántica y distorsionada de la nefasta guerrilla tupamara de aquellos años.
En 2015, HAP reapareció en Uruguay tras una inexistencia pública de décadas, para dar su versión de cómo fueron los hechos en los tiempos en que los dirigentes tupamaros negociaban con los militares, ingresaban y salían de los cuarteles pese a estar en una supuesta clandestinidad, entregaban a sus compañeros, locales, cárceles del pueblo, etc., etc. Hubo de inmediato una campaña de descrédito en su contra promovida por Mujica, el entonces ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, ya fallecido, el dramaturgo y novelista, Mauricio Rosencof, Jorge Zabalza y otros. De tal dimensión fue la embestida de los exjefes tupamaros tendiente a acallar la versión disidente, que la propia justicia uruguaya se equivocó y mal procesó a HAP en un juicio que adoleció de errores, como lo constató un tribunal de alzada que revocó esa sentencia. De hecho, HAP luego de estar un año indebidamente encarcelado, entabló juicio indemnizatorio al estado uruguayo.
HAP se despachó el martes 18 con su convicción de que ciertos hechos delictivos ocurridos en la década de los noventa y un reciente violento asalto a un banco, ocurrido en las inmediaciones de la sede del Poder Legislativo uruguayo, podrían tener el mismo origen: antiguos tupamaros y nuevos delincuentes reclutados para delinquir son responsables de esos delitos: "el MLN luego de la dictadura intentó reorganizarse y ¿por qué no puede pensarlo ahora? Desquiciados ya tuvimos otros hace 50 años, ¿por qué no puede repetirse ahora".
A mediados de los 90 se especuló en medios políticos y periodísticos uruguayos con la existencia de una "tupabanda" que cometía asaltos y robos con fines racaudatorios, pero esa posibilidad fue desechada. Sin embargo, cuando en 2017 reaparecieron testimonios similares de exdirigentes guerrilleros como Zabalza —que corroboraban hechos relatados en diferentes libros—, según los cuales esos robos financiaron la campaña política del MPP de Pepe Mujica, el propio Mujica en una intervención en el Senado admitió que algunos de sus correligionarios podrían haber incursionado en "una desviación de carácter bandidista".
Pese a que la oposición al gobierno propuso crear una comisión investigadora sobre esos hechos, la mayoría parlamentaria del F. Amplio lo impidió. Mujica dijo que no cree en las comisiones investigadoras parlamentarias.
