Las víctimas han sido una especie de convidadas de piedra a las sesiones de versión voluntaria rendidas ante la JEP por antiguos oficiales de batallones que trabajaron bajo las órdenes del general Mario Montoya en la época en que, como comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, su jurisdicción vivió el terror de los falsos positivos.
Las diligencias suelen ser largas y extenuantes, y además de los testigos, solo han podido han podido intervenir la magistrada que lo interroga y el propio Montoya, que inicialmente estuvo asistido por penalistas de la talla de Andrés Garzón, pero que se declaró insolvente y ahora es asistido por John Vásquez, un litigante que es financiado por el servicio de Defensa Militar (DEMIL). Al excomandante del Ejército se le ha visto agotado con las limitaciones que supone su ya avanzada edad.
La metodología usada por la JEP en este caso es objeto de esos y otros fuertes cuestionamientos formulados por Ignacio Acosta Aristizábal, Procurador delegado con Funciones Mixtas No. 11 – Con Funciones de Coordinación para la Intervención en la Jurisdicción Especial para la Paz, en un oficio de 141 páginas enviado al despacho de la magistrada Catalina Díaz Gómez.
De acuerdo con el procurador Acosta, las víctimas no tienen acceso al recinto donde se encuentra el general Montoya y no han tenido oportunidad de formularle preguntas sobre la suerte corrida por sus familiares desaparecidos y muertos en escenario en que los fueron simulados combates que nunca existieron.
Sus observaciones calan profundo porque Montoya, que se ha dedicado a rebatir sin convicción lo que sus subalternos dicen de él, está a punto de ser expulsado de la JEP por resistir a cumplir un deber natural impuesto por la justicia transicional: decir la verdad.
El Procurador atribuye a los errores metodológicos el hecho de que hasta ahora los hechos narrados se refieran solo a lo ocurrido en el área de la Cuarta Brigada, con sede en Medellín y con una vasta jurisdicción que llega hasta el Urabá. El comportamiento observado por Montoya cuando fue comandante general del Ejército en 2008 no ha sido analizado en absoluto.
La propia magistrada no escapa a los reparos del representante del Ministerio Público. Según él, filtraciones procesales, los contenidos mediáticos y la idea generalizada de que Montoya es culpable han hecho de que la magistratura de la JEP no observe los derechos procesales y dé por ciertas cosas que el excomandante del Ejército aún no ha aceptado. Con ello, las diligencias estarían perdiendo rigor.
Para probarlo, el procurador delegado transcribe apartes de los interrogatorios precedidos por observaciones según las cuales el excomandante del Ejército busca explicar determinadas ordenes que impartió basado en “apreciaciones de inteligencia”. Sin embargo, la magistrada le atribuye haber dicho que actuó llevado por su propio “imaginario”
“Mario Montoya -dice uno de los apartes del documento- utiliza reiteradamente, para justificar la toma de su decisión, el término técnico ‘apreciación de inteligencia’, no obstante, la magistrada, evidentemente molesta, dejó una constancia en audiencia utilizando el término ‘imaginario, nunca utilizado por el compareciente y que tiene implicaciones serias de cara a la explicación de la decisión tomada en el caso concreto”.
Y agrega: “Con ‘imaginario’ la magistrada pudo haberse referido a un pensamiento personal, eminentemente subjetivo y dejado a la voluntad del compareciente – sin tener en cuenta el concepto del comandante de Unidad Táctica-, pero también, la real academia de la Lengua Española entiende por imaginario algo: “adj. Que solo existe en la imaginación” o “f. una aprensión falsa o juicio de algo que no hay en realidad o no tiene fundamento”.
En los apartes transcritos del interrogatorio se lee:
“Magistratura: ¿Le pregunto, señor General, usted conducía las operaciones y presentaba los resultados operacionales de acuerdo con su imaginario?
Mario Montoya Uribe: No, señora magistrada (…)
Magistratura: ¿La pregunta es por que presentó usted a los medios de comunicación unos resultados operacionales basados en su imaginario?
Mario Montoya Uribe: Porque era la información que yo poseía de acuerdo a mi apreciación de inteligencia y de la situación que estaba viviendo hasta ese momento.
Magistratura: Porque (sic) no le dio ningún valor al reporte que le hacía el comandante del batallón BAJES, el coronel Novoa.
Mario Montoya Uribe: No tengo la certeza de que el coronel Novoa me haya dado detalles (…) yo sigo insistiendo de que, según mi apreciación, allí venían delinquiendo el noveno frente y el ELN. De tal manera que por eso posiblemente por ese detalle que yo tengo, posiblemente dije que eran de noveno frente.
Magistratura: Si esta sala toma atenta nota, por favor, que conste en el acta que el señor General Mario Montoya reportaba resultados operacionales con base en su imaginario y no con base en el reporte oficial del coronel Novoa”.
El documento concluye con una serie de solicitudes para evitar que se eche por la borda la posibilidad de llegar a la verdad. Una de ellas es la creación de espacios restaurativos permanentes de preparación para que las víctimas puedan tener momentos de interacción con los comparecientes desde etapas tempranas.
En otras palabras, que tengan la oportunidad de oír de sus labios la verdad.
Si el general llegara a ser excluido de la JEP su caso quedaría prácticamente en el limbo, ya que los militares sometidos a esa jurisdicción tienen una condición denominada “compareciente forzoso”. Eso significa que la justicia ordinaria no tiene competencia sobre ellos. Entonces si no puede ser juzgado perderían tanto la justicia como las víctimas.
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