El periodista español Francisco Simón Conejos, presentó el trabajo titulado “Crímenes contra la humanidad en Colombia: elementos para implicar al expresidente Alvaro Uribe Vélez ante la justicia universal y la Corte Penal Internacional”para optaraltítulo de Master en derechos humanos, democracia y justicia internacional en la Universidad de Valencia en España. En este artículo el abogado Carlos Toro hace un paralelo con la providencia del Magistrado del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín Rubén Darío Pinilla que iría en el mismo sentido.
Es sabido que a los estudiantes de periodismo se les enseña que si un perro muerde a un hombre, no es noticia, pero si un hombre llega a morder a un perro, ello sí constituye un hecho noticioso. De la misma manera, que un abogado elabore una tesis en materia de derecho penal, per se, no sería noticia. Pero que un periodista presente una tesis de doctorado en derechos humanos, podría ser algo digno de ser divulgado como novedoso; máxime cuando la tesis de grado consiste precisamente en demostrar, con fundamento en un juicioso estudio de derecho penal internacional y de derecho comparado, que el expresidente de Colombia, este sí, abogado, debe ser investigado por la justicia internacional y universal por crímenes de lesa humanidad.
Tal es el caso del periodista español FRANCISCO SIMÓN CONEJOS, quien para optar al título de “MÁSTER EN DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y JUSTICIA INTERNACIONAL”, presentó ante la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia- España, en diciembre de 2012, el trabajo intitulado “CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD EN COLOMBIA: ELEMENTOS PARA IMPLICAR AL EXPRESIDENTE ÁLVARO URIBE VÉLEZ ANTE LA JUSTICIA UNIVERSAL Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL”, investigación que contó con la dirección de los profesores de dicha alma mater, los doctores JOSÉ ELIAS ESTEVE MALTÓ y ROBERTO VICIANO PASTOR.
Llama la atención que una tesis doctoral sobre crímenes contra la humanidad en Colombia, implicando a quien ha sido dos veces presidente de este país, exgobernador, exalcalde de Medellín, exdirector de la AEROCIVIL y ahora nuevamente senador de la República, fuera desarrollada por un extranjero, en una universidad europea y no en el propio Colombia, por un estudioso del derecho de nacionalidad colombiana, en universidad de este mismo país. Tal vez ello se podría explicar considerando que si ello hubiese ocurrido en ese orden al parecer lógico, el autor de la tesis ya estaría muerto, preso, extraditado o exiliado y la universidad por lo menos dinamitada; y esto no es ninguna exageración para quienes conocemos la realidad colombiana.
Al otro lado del océano donde estudió Conejos, por paradójica coincidencia, un Magistrado de la República, el doctor RUBEN DARÍO PINILLA COGOLLO, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito de Medellín, en decisión de 4 de septiembre de 2012, en sus ordinales 1 y 11 de la parte resolutiva, determina:
“2. Expedir copia de esta decisión y de las pruebas correspondientes para investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su participación en la promoción, organización y apoyo a grupos paramilitares y asociaciones Convivir ligadas a ellos indirectamente, por acción y omisión y/o concertarse con ellos, no sólo como gobernador de Antioquia, sino después y como Presidente de la República…”
“11. Expedir copia de esta decisión con destino a la Fiscal de la Corte Penal Internacional para efectos de la evaluación y seguimiento que adelanta de la situación de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en Colombia.
Estudiar paralelamente tan solo los primeros capítulos de la tesis del periodista español Francisco Simón Conejos con las primeas consideraciones de la providencia del magistrado ponente Dr. Rubén Darío Pinilla Cogollo, pone al descubierto interesantes coincidencias en la fundamentación tanto fáctica como jurídica de sus respectivas hipótesis, e interesantes complementos, cuya resultante conjunta debería por lo menos preocupar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, si algún respeto llegare a profesar este por la administración de justicia en el mundo.
Véamos por ahora algunas de esas congruencias de carácter inicial:
La introducción de la tesis el doctor Conejos traza como objetivo de su investigación desenmascarar las organizaciones paramilitares y militares, que con el apoyo de narcotraficantes, dirigentes políticos y económicos, en el contexto del conflicto político, social y armado, son los responsables de crímenes contra la humanidad en Colombia durante varias décadas, los unos por haberlos planificado y ordenado ejecutar, y los otros por haberlos podido impedir sin hacerlo; centrándose específicamente en determinar la responsabilidad de tipo penal en delitos de lesa humanidad atribuible al señor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, por el evidente poder que ejercía sobre los grupos criminales al ayudar a la conformación de los mismos y con ello hacerse cómplice de los atentados cometidos por estos, recibiendo además dividendos políticos de todo ello; para desembocar en que los altos cargos ocupados por este y los obstáculos de orden político y jurídico existentes en Colombia, le han garantizado la total impunidad, siendo la única posibilidad para que se deduzca su responsabilidad penal la decidida intervención de la justicia internacional y universal.
Por su parte, el valeroso Magistrado Pinilla Cogollo, en su providencia de septiembre de 2013, consigna al inicio un verdadero tratado de historia del conflicto armado en Colombia en los últimos 20 años del siglo pasado, que debería ser profusamente difundido por el Estado y aprendido de memoria en los colegios y universidades del país, como acto preparatorio de un eventual post conflicto; en el cual pone de presente el contubernio de los paramilitares entre otras instituciones públicas, con el ejército, la policía, el DAS, la clase política, los gremios económicos, algunas transnacionales (v. gr.Chiquita Brands), e incluso miembros de la DEA y hasta de la propia CIA, en el desarrollo del conflicto armado interno.
En el primer capítulo Conejos trata de demostrar “que en Colombia, bajo la apariencia de un régimen democrático, se han sucedido gobiernos que son responsables de mas violaciones a los derechos humanos que las dictaduras históricas. Históricamente, el Estado colombiano ha estado dominado por unas élites, apoyadas por Estados Unidos, que recurren a la violencia para defender sus intereses. Estas minorías excluyentes han creado escuadrones de la muerte –los paramilitares-, financiados por el narcotráfico, para acabar con quienes se oponen a su control ya sea a través de la resistencia civil o armada. Álvaro Uribe Vélez forma parte de estas clases dominantes y durante su gestión institucional aumentaron los ataques sistemáticos y generalizados contra civiles por parte de funcionarios públicos y de particulares que contaban con su connivencia ”
A su turno, la Sala de Justicia y Paz a la que pertenece el mencionado Magistrado, junto con su homóloga doctora MARÍA CONSUELO RINCON JARAMILLO, pues el otro Magistrado doctor JUAN GUILLERMO CARDENAS GÓMEZ salvó su voto (no estuvo de acuerdo), de entrada se formula lo que llaman “una pregunta fundamental”:
“…cómo el régimen político colombiano ha podido conservar una apariencia democrática, a pesar de padecer una de las tragedias humanitarias más graves del mundo en los últimos 30 años y sin lugar a dudas la más grave de América Latina en ese período, superior a las vividas en Argentina y Chile en los años 70?
“Cómo el gobierno ha podido seguir funcionando con elecciones aparentemente libres, con cambios de Presidente y alteración de los partidos, con promulgación y vigencia de las leyes, como cualquier régimen democrático y vivir con las más graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario a todo lo largo y ancho de la geografía nacional?
“Cómo y qué lo hizo posible y qué es necesario reformar para que no vuelva a suceder?.
El capítulo III de la tesis doctoral en comento, se refiere a la “impunidad como política de Estado” a partir de 3 eventos de “macrocriminalidad”: El exterminio de la Unión Patriótica, el asesinato masivo de sindicalistas y el proceso de desmovilización de los paramilitares.
En el capítulo IV Conejos aborda “los elementos para implicar a Álvaro Uribe en la comisión de crímenes contra la humanidad. En primer lugar se repasa su dilatada trayectoria política hasta llegar a la presidencia y la lista de amistades peligrosas que ha ido fraguando en estos treinta años de ejercicio de cargos públicos. Y en las páginas siguientes se describen profusamente sus vínculos con los grupos de narcotraficantes y paramilitares. Se incluye gran cantidad de testimonios acusatorios de dirigentes de estas estructuras criminales e incluso un documento del Pentágono que lo califica de “narcoterrorista”. Además se muestran dos casos – ejecuciones extrajudiciales de civiles y persecución de la oposición por parte de los servicios de inteligencia- que lo implican en crímenes de lesa humanidad mientras fue presidente (2002-2010).”
En parecida línea de pensamiento, desde lo alto de la judicatura de la ciudad de Medellín salen las siguientes consideraciones, que es mejor transcribir para que el lector ensaye sus propias interpretaciones y conceptos, insertas a folios 121 a 123 de la providencia sub examine:
“Los grupos paramilitares fueron fruto de una política de Estado. Su creación y expansión fue un propósito común de amplios sectores de este, las fuerzas militares y la sociedad civil y fue posible gracias a la financiación de la empresa privada y el narcotráfico y la alianza entre todos ellos. Los demás fueron complacientes o condescendientes con ese fenómeno y lo toleraron. Sólo de esa manera se explica que en corto lapso de unos pocos años coparan todo el país.
“El nombre del expresidente Álvaro Uribe Vélez aparece vinculado en este contexto a muchos pasajes y eventos relacionados con el origen y la expansión de los grupos paramilitares y los graves hechos cometidos por éstos. A manera de recapitulación, está detrás de Pedro Juan Moreno Villa, quien fue su Secretario de Gobierno mientras se desempeñó como Gobernador de Antioquia y quien no solo concibió y desarrolló el proyecto COOSERCOM como un laboratorio del paramilitarismo, sino que ha sido señalado como uno de los 6 o 12 líderes que definían y orientaban las políticas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Conjuntamente con este, está detrás de la promoción, impulso y apoyo de las Convivir de Antioquia, que van a ser un germen del paramilitarismo, entre las cuales se encuentra la Convivir Papagayo, la más emblemática de todas, y a las que tenía el deber de hacerles seguimiento, de conformidad con los decretos de ley. Está detrás de la hacienda Guacharacas, donde se sentó la Convivir El Cóndor y que, al decir de Jhon Fredy González Isaza, eran los mismos paramilitares y cuyo administrador era un colaborador de éstos. Está detrás de la pacificación de Urabá durante su período como Gobernador, que él promovió y exaltó como un ejemplo nacional, realizada de la mano del General Rito Alejo del Río y los paramilitares de la región. Está detrás del homenaje de desagravio realizado en el Hotel Tequendama a dicho General, después de haber sido retirado por sus vínculos con los paramilitares, para el cual vino exclusivamente desde el exterior y actuó como oferente y orador. Está detrás de las omisiones de la masacre del Aro, de la cual fue informada la Gobernación a su cargo desde su comienzo y que no se le pudo ocultar por la gravedad de la situación y a cuya comunidad no se le brindó apoyo durante 7 días y luego desmintió las denuncias. Está detrás de la Operación Orión y la toma de la Comuna 13, realizada concertadamente con los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara con el fin de eliminar el último bastión de las milicias urbanas y consolidar el dominio de dicho bloque, como lo reconoció Diego Fernando Murillo Bejarano, que él ordenó y a cuya iniciación y despliegue asistió. Está detrás de la negociación con los grupos paramilitares una vez llegó a la Presidencia, con cuyos votos salió elegido como confesaron varios paramilitares y del proyecto de alternatividad penal presentado originalmente al Congreso que aseguraba prácticamente su impunidad a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, mientras le declaraba la guerra total a las demás organizaciones ilegales. Está detrás del General Mauricio Santoyo, a su servicio como Gobernador de Antioquia y luego como su Oficial de Seguridad en la Presidencia de la República, cuyos vínculos con los paramilitares están ya establecidos y que no pudo ser su asesor de seguridad sin su asentimiento. Está detrás de los directores del DAS investigados por sus vínculos con los paramilitares y otros crímenes.
“No puede ser que ignorara todo lo que estaba sucediendo en estos casos, o todos esos hechos se cometieran a sus espaldas, como tantos otros que se les atribuyen a sus colaboradores más cercanos y que tampoco podía ignorar como los actos cometidos contra la Corte Suprema de Justicia.
“Por supuesto que hay también testimonios en ese sentido, como los de Pablo Hernán Sierra, conocido como Alberto Guerrero, comandante del Bloque Cacique Pipintá y Aldides de Jesús Durango, conocido como René, comandante del Bloque Suroeste y otros más.
Pero, la cuestión no es de testimonios. Es de lógica y lógicas. Como en alguna ocasión dijo el Director de El Espectador, no es posible estar dentro de una piscina y no mojarse”.
Conocida la decisión judicial en cita, extrañamente se dijo que el Magistrado no sería denunciado, y el argumento para no hacerlo, fue absolutamente exótico: por respeto a la judicatura!
En la siguiente oportunidad, de manos de la tesis de Conejos y de la jurisprudencia nacional, de cara a la situación particular del expresidente, acometeremos el estudio de los conceptos de crímenes contra la humanidad y su diferenciación jurídica respecto de la noción de violación a los derechos humanos y los crímenes internacionales, así como las teorías aplicables, entre ellas la imputación por autoría mediata; para desembocar en la viabilidad del accionar de la justicia internacional y/o la justicia universal frente a las conductas que se le atribuyen al “gran colombiano”.
CARLOS ARTURO TORO LÓPEZ
ABOGADO PENALISTA.
