El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez está siguiendo los pasos de su colega el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien ha puesto en venta varios activos del Departamento de Antioquia, incluida la Casa Fiscal en Bogotá y varios lotes lotes de la Universidad de Antioquia, institución donde ejerce la presidencia del Consejo Superior.
El alcalde Fico quiere frenar el desangre de las finanzas de EPM y deshacerse de pésimas inversiones que le han costado billones después de la decisión de Alberto Ríos, dueño de AIR-E de pedir intervención de la Superintendencia de servicios públicos aceptando su crisis.
El Alcalde dijo estar dispuesto a venderle al Gobierno Nacional el 100 % de las acciones de EPM en su filial Afinia, posición que comparte el gerente de EPM John Maya quien heredó una empresa reventada Su argumento es el de la búsqueda de una solución a la crisis ocasionada por los altos costos de la energía que pagan los usuarios del servicio de energía en la Costa Caribe y reconocer que las cosas no le han salido bien a EPM y se ha golpeado el prestigio de la empresa.
Vender activos de EPM no es un hecho nuevo, pues recientemente el Alcalde de Medellín logró que 16 de los 21 concejales de Medellín le aprobaran la venta de la participación de EPM en la empresa de Telecomunicaciones que opera con la marca Tigo Une.
En el caso de poner en venta la participación de EPM en Tigo-Une, el alcalde Federico Gutiérrez también argumentó acumulación de pérdidas y destinar los recursos de la venta a la creación de un fondo que atendería programas de becas y temas sociales en Medellín, que es lo que se ha hecho tradicionalmente con las utilidades que le genera EPM al Municipio de Medellín, como dueño de la empresa de servicios públicos más importante del país.
En diferentes ocasiones, Fico ha manifestado que EPM también está estudiando la posibilidad de vender algunos activos que tiene la empresa en el exterior con el fin de que se concentre más en el país, pero por temas regulatorios, la entidad ya tiene el 25 por ciento de participación en el mercado nacional lo que no haría fácil marchitar los planes de expansión de las últimas décadas.
Casi dos millones de usuarios de energía en la región Caribe están en el aire
Mientras el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, daba inicio a la toma de posesión de Air-e, la otra empresa que presta servicio de energía en la Región Caribe y después de conocida la posición del Alcalde de Medellín, el gerente general de EPM y líder del Grupo EPM, John Maya Salazar, le pidió al Gobierno Nacional atender la situación de Afinia porque son 1.700.000 clientes de Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y parte de Magdalena, los que están ahorcados con las tarifas de energía.
Para Maya, son múltiples los factores y según él, de origen externo a EPM los causantes de la compleja situación y reiteró la disposición del Grupo de honrar su compromiso con la calidad y continuidad en la prestación del servicio, que es la razón de ser de la empresa.
Afinia inició operaciones en el Caribe a mediados de 2020 y en medio de la esperanza de los usuarios de contar con un servicio de calidad, pero ninguna de las partes, ni empresa ni clientes están satisfechas con el resultado después de que se han invertido 2 billones de pesos.
La reducción en la frecuencia y duración de las interrupciones en la prestación del servicio, que según EPM, pasaron de 123 a 51 veces y 122 a 75 horas año, durante estos tres años de gestión, no ha aliviado la situación y al parecer, es insostenible por las pérdidas acumuladas (27,86 %) en los últimos 12 meses.
A esas pérdidas se suma también la acumulación del saldo de la opción tarifaria que suma 1,5 billones de pesos que debe girar el Gobierno Nacional y la falta de pago por parte de entidades oficiales como colegios y hospitales que suman 290.000 millones de pesos, lo que ha impactado el flujo de caja de la compañía.
En este escenario, el gerente de EPM, John Maya Salazar, está pensando en reorientar las inversiones de 5 billones de pesos que tenían planeadas y que ahora no las podrán hacer por el bajo recaudo, el aumento de las pérdidas y lo que les debe el Gobierno Nacional.
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