La disputa entre centralismo y federalismo empezó antes de la Independencia, cuando después del 20 de julio de 1810 se enfrentaron los primeros en cabeza de Nariño y los federalistas liderados por Camilo Torres y otros dirigentes que, sin distinción de banderas, fueron derrotados y muchos fusilados durante la reconquista española encabezada por Morillo.
La Constitución de Rionegro de 1863 fue lo más cerca que estuvieron “Los Estados Unidos de Colombia”, de ser descentralizados y federales al estilo de los actuales Estados Unidos.
La autonomía que tuvieron los Estados y disparidad de criterios en temas como relaciones con la Iglesia, educación laica o católica, la libertad de prensa y de imprenta, el divorcio, autonomía administrativa y presupuestal, incluyendo la facultad de emitir dinero, crear impuestos, independencia electoral, al poder organizar y escrutar sus propias elecciones, etc. y otros puntos álgidos originaron varias guerras civiles, en las que dirigentes federales, como el general caucano Tomás Cipriano de Mosquera jugaron papel protagónico, movilizando sus propios ejércitos para enfrentarse al gobierno central.
Los excesos libertarios de la Constitución de Rionegro llevaron a que varios dirigentes liberales, como Núñez, se “voltearan” uniéndose a conservadores radicales que añoraban la colonia española y religión católica cavernaria promovida por Pio IX, enemigo acérrimo de la ciencia, educación laica y del liberalismo al que consideraba pecado.
Con la Constitución centralista y católica de 1886 borraron de un plumazo lo positivo que en autonomía y democracia práctica consagraba la de 1863, en relación con el poder de decisión de los Estados y Provincias en los temas esbozados en el párrafo anterior.
Con la Constitución de 1886 se fortaleció el presidencialismo y centralismo bogotano; a partir de 1905, los antiguos estados federales fueron desmembrados en departamentos, intendencias y comisarías, y las capitales de las nuevas entidades territoriales, con menos autonomía y recursos con relación a los municipios bajo su jurisdicción, replicaron el centralismo “rolo”.
Reformas constitucionales del siglo XX, como las de 1910, 1936 y 1968 tímidamente intentaron darles autonomía a departamentos y municipios; pero la oleada de paros cívicos que desde finales de los 60, 70 y 80 se desencadenaron en todo el país protestando por el abandono estatal y la carencia de servicios públicos elementales, llevaron a que la dirigencia de los partidos tradicionales, ensayaran algunas reformas descentralizadoras, que en el gobierno de Barco, en 1988, desembocaron en la elección popular de alcaldes.
En debate previo a la Constitución del 91, sobre cómo debería darse la descentralización, entre tantos puntos, el sociólogo Orlando Falls Borda proponía el reordenamiento territorial del país, creando nuevos departamentos como el del Magdalena Medio, con capital Barrancabermeja, cercenando territorios de Santander, Antioquia, sur de Bolívar y Boyacá; revivir las provincias, integrando municipios de uno o más departamentos y las regiones, uniendo departamentos vecinos para adelantar macroproyectos de interés regional. El general Valencia Tobar, al departamento del Cauca, prácticamente proponía desmembrarlo y repartirlo entre departamentos vecinos, reduciéndolo a un pequeño territorio alrededor de Popayán.
Ante las implicaciones político-administrativas y electorales que tendría la creación de nuevos departamentos, provincias y regiones, el tema del Ordenamiento Territorial sólo quedó esbozado y planteado para el desarrollo y profundización por parte del Congreso que lo minimizó. En la Constitución del 91 también sentaron bases al reconocimiento de territorios indígenas y de comunidades afros y el mayor aporte del presupuesto nacional a los departamentos y municipios, por concepto del Sistema General de Participaciones y las regalías, rubros que después volvieron a centralizar.
En 2011, en el gobierno de Santos y con Vargas Lleras en el ministerio del Interior, fue expedida la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que tiene por objeto: “dictar las normas orgánicas para la organización político-administrativa del territorio colombiano; enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa en materia de normas y disposiciones de carácter orgánico relativas a la organización político-administrativa del Estado en el territorio; establecer los principios rectores del ordenamiento; definir el marco institucional e instrumentos para el desarrollo territorial; definir competencias en materia de ordenamiento territorial entre la Nación, las entidades territoriales y las áreas metropolitanas y establecer las normas generales para la organización territorial.”
Los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal surgieron como necesarios necesidad para planificar el desarrollo local teniendo en cuenta factores ambientales, socioculturales, de expansión urbana, cobertura de servicios públicos, vías, sectores de vocación agropecuaria, industrial, comercial, residencial, etc. La mayoría de POT vigentes son de 2003 y están desactualizados.
En el Cauca, comunidades indígenas y del sur del Cauca, y más recientemente Consejos Comunitarios de afrodescendientes son quienes mejor han conocido y aprovechado las posibilidades descentralizadoras de la Constitución del 91.
Los indígenas al lograr que el gobierno nacional les permita administrar proyectos y recursos destinados a la educación, salud, programas productivos, justicia propia.
Las asociaciones del municipio tienen mucho potencial en el Cauca para entre todos los entes territoriales emprender macroproyectos conjuntos que los beneficien. Asopatía, la asociación de 8 municipios del sur del Cauca y 13 del norte de Nariño, con 26 años de trabajo, es un positivo ejemplo descentralizador replicado en el norte del Cauca, por amunorca R.P.G. agrupando 13 municipios y fundada en 2003, y las recientemente constituidas Más Cauca, que asocia a 7 municipios del centro y Amcop, a 4 municipios del centro y oriente caucano.
Solo 30 de los 42 municipios caucanos están integrados en asociaciones de municipios y es preocupante que Popayán, la capital, no tenga relación institucional y orgánica para emprender obras y proyectos con los municipios que lo rodean y sus habitantes confluyen en la ciudad en actividades administrativas, comerciales y búsqueda de servicios educativos, de salud, financieros, etc., lo que la caracteriza como Ciudad Región desperdiciada.
El proceso descentralizador aún está en pañales y requiere mayor participación de las comunidades, municipios, departamentos y mayor compromiso de los congresistas aferrados al centralismo de la Constitución de 1886.
