Si bien la definición de salud abarca mucho más que lo relacionado con la atención de la enfermedad y en se valora el enfoque del sistema del cuidado que tiene el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) presentado por la alcaldesa Claudia López al Concejo de la Ciudad, es necesario realizar un análisis a profundidad de la importancia que tiene la organización de un sistema de salud y la necesidad de dar este debate con la rigurosidad y altura que la ciudad en el marco del sistema actual y la pandemia le han puesto.
El POT presentado incluye la salud dentro del sistema de cuidado, pero este se encuentra limitado o priorizado para la población que tiene a cargo el cuidado de otros o quienes son sujetos de este cuidado, sin embargo, la salud al ser un derecho universal en nuestro país, no se puede limitar o restringir a una población en particular. Diferente es el caso de las manzanas de cuidado, definidas en el mismo plan.
El Artículo 94 del POT habla de los servicios relacionados con atención en salud, promoción y prevención que al ser localizados dentro del sistema de cuidado excluyen al resto de la población general, a su vez este artículo dentro de los servicios de cuidado en su numeral tercero, habla de la atención en salud en concordancia con planes de beneficio vigentes, lo cual no debería existir y va en contra de una norma de jerarquía superior, es decir, de la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015, donde se consagra la salud como un derecho fundamental cuyos servicios no deben ser limitados, salvo en las 5 excepciones allí estipuladas pero que no corresponden nunca a un plan de beneficios.
Adicionalmente el Artículo 97, que habla de uso de equipamientos por contingencia, tiene la oportunidad de proteger o destinar desarrollo de equipamientos para la organización y atención de desastres en la ciudad con un fundamento técnico, pero se limita a referenciar al sistema de atención de desastres de la ciudad y a permitir el uso del espacio público para hospitales de campaña, lo cual no requiere un POT para su ejecución.
Llama la atención que en los parágrafos del artículo se indica que Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER- y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP- realizarán estudios para definir lugares para inhumación y culto en caso de emergencias. Pero nunca una infraestructura, corredores ni áreas de expansión para la atención de quienes sobrevivan a un desastre en la capital.
Finalmente, cuando se habla de equipamientos destinados específicamente a la atención del estado de salud de la población en el Artículo 568 menciona la construcción de 24 hospitales y 41 centros de salud bajo nuevos de acuerdo con un análisis prospectivo de estudio de oferta y demanda en las nuevas Unidades de Planeación Local (UPL). Lo que deja a mi juicio diferentes preguntas, ¿Si aún no se ha realizado el estudio, de donde sale el número de hospitales y centros de salud planteados?, ¿qué carácter tendrá esta nueva infraestructura, pública, privada, mixta, serán alianzas público privadas?, ¿cómo vamos a garantizar que esta infraestructura que aparenta ser pública, pueda atender a la población en el marco de un sistema de salud donde la población no es atendida por su derecho a la atención, o por proximidad, sino por el contrato que tenga su EPS? ¿Con que recursos se van a realizar estas inversiones?
La salud es un tema ignorado históricamente pero de vital importancia y que un POT debería plantear con mayor rigurosidad, lamentablemente no es la primera vez que vemos en el Concejo de la ciudad proyectos que llegan sin tener en cuenta este sector, el más reciente, el Plan de Rescate Social y Económico, donde la administración reconoció su error y logró incluir la propuesta que hice ante el cabildo y destinar recursos a las subredes que se encontraban en riesgo financiero, y que ponía en juego la atención en salud de la población. Esperamos en esta oportunidad ser escuchados de nuevo y construir quizá, con más tiempo, estudio y aportes de la comunidad, un POT que satisfaga las necesidades de los ciudadanos de Bogotá.
