En Colombia, muchas personas repudian la situación que viven actualmente nuestros vecinos en Venezuela, quienes han sido torturados, asesinados y desaparecidos por el régimen chavista, todo por ejercer su derecho a la oposición. Varios compatriotas han inundado las redes sociales de mensajes y memes en los que, no solamente manifiestan su apoyo a los manifestantes venezolanos, sino que se burlan del presidente Nicolás Maduro por el “sos”, los “panes” y los “penes” y otras salidas en falso. Eso no está mal, por el contrario, es absolutamente condenable la forma en que el gobierno venezolano ha acabado con la democracia, matando a sus propios civiles con tal de defender su revolución. Sin embargo, los colombianos que se han lanzado en ristre contra el chavismo, deberían tener en cuenta que en nuestro país estamos igual o peor.
Sí, aunque duela aceptarlo, en Colombia tampoco podemos ejercer el derecho a la oposición. El atentado contra Aída Avella el pasado domingo es apenas una pequeña muestra de eso. La candidata presidencial por la Unión Patriótica salió ilesa luego de que su vehículo recibiera 14 impactos de bala cuando viajaba por zona rural de Tame, Arauca.
Vale la pena recordar que este no es el primer atentado en su contra, ya que el 7 de mayo de 1996 tres hombres intentaron asesinarla disparándole con un rocket cuando se iba por la Autopista Norte con Calle 141 en el norte de Bogotá. Avella, que en ese entonces era concejala, tuvo que salir de Colombia y exiliarse durante 17 años. Solo hasta finales del año anterior regresó al país, luego de que el Consejo de Estado le devolviera a la UP su personería jurídica.
Sin embargo, la propia candidata había manifestado que no se sentía segura haciendo política en este momento "con este Ministro de Defensa ni con el Procurador que tenemos. Creo que son dos personajes de la vida nacional que no hacen sentir seguros a quienes estuvimos en la política" dijo Avella. Sergio Guzmán Muñoz, candidato a la Cámara de Representantes por ese partido, señaló el pasado 3 de febrero que su temor radicaba en la existencia de las bandas criminales y las fuerzas oscuras en el Estado que persiguen a la izquierda. Ese mismo día, se dio a conocer un panfleto que supuestamente era de “Los Rastrojos” ofreciendo recompensa por la muerte de Aída Avella y los dirigentes de la UP que estuvieran haciendo campaña para llegar al Congreso.
Todo esto hace pensar que en pleno siglo XXI podría revivir el baño de sangre de los años 80 y 90 en los que, cerca de 3mil militantes de la Unión Patriótica fueron asesinados por grupos paramilitares en una operación encubierta llamada “Baile Rojo”. Quizá los homicidios más recordados son los de Jaime Pardo Leal en octubre de 1987 y Bernardo Jaramillo Ossa en marzo de 1990.
Pero, la UP no es el único partido que ha sido víctima de persecución por el Estado y las bandas criminales. Marcha Patriótica también ha sufrido el mismo flagelo. De hecho, Piedad Córdoba denunció hace unas semanas que 200 personas del movimiento estaban en proceso de judicialización, y otras 29 han sido asesinadas. El propio Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección reconoció que la UP y Marcha Patriótica son los partidos más amenazados del país.
A todo lo anterior, podríamos sumar la situación del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien también pertenece a un partido de izquierda (Progresistas) y que fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos por 15 años, supuestamente por haber generado el caos que vivió la ciudad a causa de la implementación del esquema de recolección de basuras, cuando existen serios indicios que apuntan a que la extrema derecha aliada con algunos medios de comunicación buscan sacar de la arena política a Petro, ya que este ha liderado iniciativas que han reducido las brechas económicas entre ricos y pobres, lo que constituye una amenaza para los intereses de los más poderosos de este país.
Hace algunos días un compañero de clase cuestionaba que muchos colombianos replicábamos en las redes sociales imágenes de las agresiones de la fuerza pública contra los manifestantes en Venezuela, pero en cambio, no difundíamos el maltrato que recibieron los campesinos colombianos en las marchas del año anterior. Personalmente, creo que el problema va más allá de publicar unas fotografías en Facebook o Twitter. Creo que antes de cuestionar la represión que se ejerce en el vecino país, deberíamos repasar la situación que han venido enfrentando desde hace muchos años los compatriotas que han querido cambiar a Colombia desde una barrera diferente a la de la extrema derecha, y que se han encontrado con una democracia cada vez más desgastada que solo ha beneficiado quienes justifican su malvado accionar con caballitos de batalla como la seguridad democrática y el conflicto armado. En otras palabras, para qué criticamos a Venezuela, si en Colombia tampoco dejan hacer oposición.
