Con la aceptación de las dos contrademandas y el concepto favorable pero no vinculante de la CIDH Colombia busca que en La Haya se tengan en cuenta los intereses y derechos de la etnia raizal de San Andrés y Providencia y la protección del medioambiente asociadas a las aguas del archipiélago cedidas a Nicaragua en el fallo del 2012.
Con ello se busca remediar una injusticia con los raizales y con las islas, pero no tendrá efecto alguno sobre las aguas perdidas y los límites entonces fijados, que son definitivos y cosa juzgada. Ya es tarde para eso, pero podría ser relevante para el caso de la plataforma extendida que pide Nicaragua. Es importante por lo tanto no elevar las esperanzas ni crear falsas expectativas.
La estrategia colombiana en La Haya debería tener un efecto interno de mejorar las cuestiones raizales y las islas. Sin embargo, la parálisis del Estatuto Raizal y los gastos multimillonarios que nada parecen solucionar, indican que ello no ocurre y solo se toman medidas cosméticas. Una bonanza millonaria va paralela a la peor crisis en la historia de las islas, con la inseguridad, el hacinamiento y la crónica falta de agua los problemas más apremiantes.
Las islas no mejoran con los planes post-fallo y las precarias relaciones con Nicaragua pueden empeorar el panorama para las islas. ¿Por qué entonces no ser prácticos, acatar el fallo y tratar de llegar a un acuerdo con Nicaragua en relación a varios frentes claves y urgentes como derechos raizales y protección ambiental? ¿No estamos hastiados ya de tantas tensiones e incertidumbre?
Hay necesidad de construir puentes con una Nicaragua, algo hostil en parte por el desacato, pero nada es imposible y tenemos que vivir con el enemigo de al lado nos guste o no porque hay asuntos muy importantes que lo dictan.
Con aceptar el fallo las islas podrían ganar en seguridad ambiental con la posibilidad de monitorear o controlar posibles exploraciones petroleras nicaragüenses y manejar conjuntamente la Seaflower que hay que hacer en todo caso porque ahora queda en los dos países. Podemos ganar con mejores relaciones y manejo de asuntos bilaterales como hacen otros sitios fronterizos.
En el fallo del caso de desacato lo único positivo que se espera es que se invite a los dos países a llegar a un acuerdo para respetar derechos étnicos y el medio ambiente y manejar conjuntamente la transnacional Reserva Seaflower (Coralina, la corporación ambiental regional, ya ha tenido acercamientos con los raizales nicaragüenses para discutir el tema).
Colombia corre el riesgo de ser criticada y tener que pagar compensación a Nicaragua, abriendo la puerta para que el Consejo de Seguridad de la ONU tome cartas en el asunto y en el peor (pero muy remoto) de los casos se impongan sanciones al país para acatar dicho fallo.
Nada de lo que se haga nos devolverá las aguas que creíamos nuestras pero legalmente no las eran. Peor aún, Colombia vuelve muy débil a La Haya: no acata un fallo los jueces ven justa y equitativa con el argumento de que no tuvieron en cuenta derechos étnicos y asuntos medioambientales que Colombia misma ignoró mencionar entre el 2001 y el 2012.
Colombia también expone contradicciones e inconsistencias en ambos argumentos: son sus puntos fuertes pero también fuente de sus puntos débiles que seguramente Nicaragua no dejará pasar desapercibidos: sus políticas de explotación petrolera en el Caribe auguran posibles daños ambientales y su trato a la población étnica raizal deja mucho que desear.
¿Tiempo de reconsiderar muchas cosas?
Una es la negativa de informar e involucrar más a las islas en la toma de decisiones y poner a un raizal en una posición de relevancia para que la comunidad a través de esa persona pueda explicarle directamente a los jueces los efectos del fallo sobre el grupo étnico que representa.
Colombia buscará controlar esto porque no quiere que se ventile la difícil relación que tiene con la comunidad raizal por sus problemas de daño cultural derivadas de políticas nacionales de soberanía como el uso de la migración que ha hecho que el raizal sea minoría y en situación de desventaja económica en su propio territorio étnico ancestral. Esto le resultará incómodo explicar.
Involucrarnos más es algo justo porque nuestros derechos serán aspecto central en los argumentos legales. Y podría tener un impacto. Esperamos que con el nuevo gobierno esta irregularidad se rectifique. Nicaragua tenía hasta un viceministro raizal en La Haya.
Nuestra máxima esperanza es que digan algo sobre la obligación del Estado colombiano y de Nicaragua de salvaguardar los derechos humanos de sus poblaciones étnicas raizales e indígenas en el área y de instar a los dos preservar el medio ambiente.
Frente a ese panorama poco alentador, tenemos dos opciones:
1. Seguir ignorando el fallo y otros dos que vienen y seguir con la tensión con Nicaragua al que hemos sido sujetos desde los ochentas, lo cual no nos devolverán las aguas.
2. Aceptar el fallo y tratar de negociar el manejo del área con Nicaragua con especial atención en cooperación entre raizales a ambos lados de la frontera, medio ambiente y derechos de pesca. Al fin y al cabo tenemos experiencia similar con Jamaica y el Área de Régimen Común de usufructo y explotación mutua.
Al respecto valga la pena señalar algo de extrema importancia: si el fallo del 2012 dejó enclavados a Quitasueño y Serrana en aguas nicaragüenses, de alguna manera se ciñe a un modelo de manejo común de aguas con Jamaica aceptada por Colombia donde un cayo y dos bancos colombianos están enclavados en aguas de soberanía compartida. ¿Podría ser que los jueces se inspiraron en este modelo de distribución y manejo de aguas que Colombia misma aceptó y les otorgó en bandeja de plata?
Con todo eso de trasfondo, sabemos con certeza que los intereses de las islas y de los raizales se pueden defender sin estar ligadas a la posesión sobre las aguas del fallo del 2012 y este caso de manejo bilateral con Jamaica apunta a una solución. El Cayo Serranilla y los Bajos Alicia y Nuevo con sus 12 millas alrededor son colombianas pero el agua circundante es de los dos países. Y nunca ha habido un problema diplomático.
Tiene mucho sentido no seguir peleando una batalla que no podemos ganar y sería mejor aceptar la realidad, mejorar las relaciones y sacar el mejor provecho posible de una situación difícil y complicada para los intereses raizales y de las islas.
Seguir con tensiones con Nicaragua, que ahora se arma con ayuda rusa, no es algo que conviene a las islas y hay un interés en bajar las tensiones. La continuación del desacato podría crear problemas de seguridad regional y las islas e isleños sufriríamos más.
Menos énfasis en soberanía y más en derechos y protección
Por eso ya la preocupación principal no debería estar centrada en unas fronteras y aguas que tienen estatus definido y definitivo, sino cómo asegurar la protección de las aguas alrededor del archipiélago, y con esto la integridad ecológica del mismo y hacer respetar y avanzar los derechos étnicos raizales tanto en las islas mismas como en relación a Nicaragua, donde podríamos ganar mucho en términos culturales y comerciales.
Es importante por lo tanto desasociar la posesión de las aguas de los derechos raizales y de la necesidad de proteger al medio ambiente: deben ser aseguradas sin importar la situación legal de las aguas. La integridad y protección de la transnacional Seaflower es independiente de la decisión de fronteras del fallo del 2012 y nada evita que se maneje de manera conjunta, como hacemos con Jamaica.
Es imperativo poner la cuestión de soberanía nacional en un segundo plano y enfocarse en sacar el mayor provecho de una situación poco ideal. Por eso es tiempo de obsesionarse menos en intereses territoriales nacionales y más en el espacio raizal e isleño que aunque parte es ahora de Nicaragua, nunca dejará de ser parte de nuestro mundo (al igual que el área que compartimos con Jamaica), que podríamos compartir más con nuestros hermanos raizales nicaragüenses porque con el diferendo en el pasado, se pueden dar muchos acercamientos en muchos frentes.
El tema de fronteras y a quien pertenecen las aguas se vuelve irrelevante frente a las ventajas y necesidades de cooperación y acercamiento cultural, algo que Colombia incentiva en sus otras fronteras pero desafortunadamente no con la que hay con Nicaragua. Existen mecanismos fronterizos que pueden tanto la Gobernación como el Gobierno Nacional desarrollar en relación a las islas y los raizales nicaragüenses, con quienes tenemos incluso más afinidad cultural e histórica que con la misma Colombia.
Nuestra fijación como raizales en las aguas es algo asociado a dominio y soberanía derivados de un concepto nacional y no regional. Por lo tanto, nuestro uso histórico de las mismas son de una dimensión y conexión cultural y socioeconómico regional que Nicaragua prometió a los jueces en La Haya respetar.
Para todo eso es necesario que los líderes raizales adopten una posición más activa en relación al tema para ejercer presión e influenciar cambios desde la base. El interés nacional en relación al fallo no es la misma que el interés local y raizal, de manera que deberían ser más activos como lo fueron hace poco con visitas a Managua, abriendo un canal que la diplomacia tradicional colombiana conoce bien pero no ha querido utilizar.
Hacer más se lo deben a las islas. Al final todos tenemos algo de responsabilidad en el desastre del fallo y por lo tanto es imperativo que también busquemos una solución. Debimos haber hecho más, no hicimos las preguntas adecuadas y no presionamos.
Como trasfondo hay dos hechos muy importantes que facilitarían las cosas porque muestran que Colombia estaría dispuesta a una salida negociada:
1. Colombia nunca aseguró legalmente las aguas. Nunca hubo un título legal señalando lo que nos pertenecía y hace muchos años aceptó que el Meridiano 82 no tenía validez jurídica internacional como la frontera (según actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores). Esto ayudaría a adoptar una posición más pragmática y menos militarista y soberanista.
2. Ya hubo un acercamiento con fines de llegar a un acuerdo donde Colombia iba a aceptar el fallo y Nicaragua no procedería con las dos demandas actuales.
Porque no tenemos alternativas adecuadas y porque las islas deben tener más iniciativa en el manejo de los asuntos con Nicaragua, el momento está maduro para debatir seriamente si se debe o no aceptar el fallo del 2012. Pero Colombia debería involucrar a las islas de manera substancial en cualquier decisión que se tome y en las negociaciones que se lleven a cabo con Nicaragua.
Puntos débiles
La búsqueda de una salida negociada también tiene que ver con serios puntos débiles de Colombia. Las credenciales ambientales y de protección de derechos étnicos de Colombia dejan pues muchísimo que desear y mucha atención atraen las debilidades colombianas:
1. Colombia no convence como protector ambiental: otorgó licencias de exploración petrolera en la reserva mundial que ahora alega que debe proteger (por fortuna paradas) y no cesa de expedirlas en el resto de su porción del Mar Caribe. Con el concepto de la CIDH buscaba hacerse la campeona de defensa ambiental del Caribe pero tiene rabo de paja. Y de manera escandaloso rechazó la avanzada estrategia de la UNESCO de blindar dicha reserva con la declaratoria de Patrimonio Natural de la Humanidad, el máximo nivel de protección.
2. Colombia limita, ignora o vulnera derechos étnicos raizales en las islas a través de varias políticas actuales y pasadas. Líderes raizales e instituciones internacionales hicieron saber esto a la CIDH y lo más probable es que Nicaragua lo señale en La Haya: un pueblo étnico en peligro de extinción por culpa de políticas de un estado centralista que pone la soberanía nacional por encima de la supervivencia étnica.
