Desde que aparecieron las redes sociales se vienen escuchando voces, cada vez menos aisladas, sobre la conveniencia de implementar en Colombia un congreso unicameral, es decir, eliminar la Cámara de Representantes o el Senado para rebajar, dramáticamente el número de congresistas, funcionarios desprestigiados que la gente asocia con corrupción, clientelismo, ausentismo, viajes inútiles, venta de votos al ejecutivo, privilegios exagerados, sueldos infames, maromas para favorecer a grupos económicos y multinacionales, y hasta con el crimen.
Hoy les expondré ocho razones por las que Colombia y su constituyente primario, o sea ustedes, que son los Jefes, los que mandan, deberían ir considerando la posibilidad de adoptar para nuestra democracia un sistema legislativo unicameral.
Primero. 117 de 185 naciones con parlamento se rigen bajo el sistema unicameral. En América lo tienen Perú, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Honduras, el Salvador y la mayoría de países centroamericanos con excepción de República Dominicana. Puerto Rico tenía una Asamblea Legislativa bicameral pero mediante un referendo realizado el 10 de julio de 2005, el pueblo votó a favor de un Congreso unicameral. Procesos similares pusieron fin al sistema bicameral en Dinamarca en 1953, en Suecia en 1969, en Grecia en 1975 y en Portugal en 1976. Pero el parlamento unicameral más fuerte, potente y prestigioso del mundo es el inglés. La Cámara de los Comunes en Inglaterra es un buen ejemplo de cómo se puede legislar en un país con respetabilidad y eficiencia. Además de estos países europeos, lugares donde prevalecen los derechos humanos, niveles bajos de violencia y corrupción y un excelente nivel de vida en sus habitantes, se rigen bajo el sistema unicameral buena parte de los países africanos y asiáticos.
Segundo. La existencia de dos cámaras hace lenta la expedición de leyes porque las dos cámaras se dedican a duplicar funciones cuando el problema de la reflexión, estudio y maduración de los proyectos se puede suplir con un doble debate en la misma Cámara. Así se hace en los países que han adoptado este sistema.
Tercero. Aunque este argumento debería ser el menos trascendental, porque con el mismo criterio tendríamos que reducir el número de magistrados y otros funcionarios, les mostraré las cifras de lo que significa el ahorro de dinero para el Estado si llegáramos a adoptar un Congreso unicameral: Según estudios de la Fundación Manos Limpias, cada congresista, entre sueldo, prestaciones, vacaciones, alrededor de cinco primas anuales, carros blindados, gasolina, escoltas con sus salarios y prestaciones, pensión millonaria, sede con internet, luz, agua y teléfono, 600 salarios mínimos al año de libre contratación para sus asesores, dotación de Ipad, computadores e implementos de oficina, cuentas de celular ilimitadas, dos tiquetes aéreos semanales, vivienda, salud, alimentación dentro de las sesiones y plenarias, el precio que les paga la Registraduría por reposición de votos, sin contar el detrimento que le causan al Estado cuando legislan para mafias y grupos económicos, le cuesta al Estado alrededor de mil novecientos cincuenta millones de pesos al año, es decir, 7.800 millones de pesos durante su cuatrienio. Esta cifra, multiplicada por 268 congresistas, nos arroja una cifra astronómica de 2.090.400.000.000 (Dos billones noventa mil cuatrocientos millones de pesos). Un mundo exagerado de dinero para unos personajes que solo trabajan 3 días a la semana, 12 días al mes, 8 meses al año.
Si tuviéramos un Congreso de 72 miembros, el ahorro sería de un 70% de esa cifra, es decir nos costaría 627.120.000.000 y nos ahorraríamos 1.463.280.000.000 (un billón cuatrocientos sesenta y tres mil doscientos ochenta millones). Dinero suficiente para condonar las deudas a los estudiantes pobres que un día tuvieron que ir al Icetex con dos fiadores a que les prestaran dinero con intereses bancarios para poder estudiar. Sobraría para costear la universidad a 100.000 estudiantes, regalar otras 40.000 casas a las víctimas de la violencia o para dignificar la salud durante ese cuatrienio al que se refiere este ahorro. Si el Congreso fuera de 100 miembros, el ahorro sería de 63%, es decir, 1 billón, 316.952 millones
Cuarto. Dado que menos políticos pueden acceder a una curul dentro de un Congreso pequeño, se puede cualificar la nómina exigiendo mayores requisitos a los aspirantes. Es una aberración, por ejemplo, que para ser congresista en Colombia, no se exija ni siquiera el título de bachiller. Junto con el de Guatemala, tenemos el único Congreso de América que no exige título profesional a sus legisladores. Esto redunda, claramente, en la mala calidad de las leyes. A un Congreso pequeño deberían llegar personas muy preparadas y muy capacitadas pues su tarea es, nada más y nada menos, que la de hacer las leyes que afectarán, en nuestro caso a 47 millones de personas. Más del 70% de los actuales 268 congresistas pasan por las cuatro legislaturas sin siquiera presentar una sola ley. Y ya vieron lo que nos cuesta.
Quinto. En nuestra idiosincrasia corrupta y teniendo en cuenta que con un Congreso unicameral no se va a eliminar la corrupción, el Gobierno de turno tendría que entregar menos entidades a los pícaros que le hagan esa exigencia a cambio de sus votos. Ya vimos como en el llamado “Computador de Palacio” figuran varias decenas de parlamentarios a quienes les adjudicaron grandes partidas y entidades oficiales enteras, con licencia para hacer y deshacer (léase, saquear, quitar y poner).
Sexto. Al existir una sola cámara, los ciudadanos podemos ejercer un mejor y más eficiente control social sobre esas pocas cabezas parlamentarias. Podemos obtener mejor información de sus declaraciones de renta, de sus proyectos, de sus ausencias, de sus desmanes. Les puedo nombrar 200 congresistas ya mismo de los que ustedes nunca han escuchado hablar. Sencillamente porque van a cobrar su exorbitante salario, a ver qué negocio jugoso sacan, a ver cómo venden sus votos o los cambian por notarías o empresas del Estado, o en el mejor de los casos, a vegetar.
Séptimo. El voto de las minorías, muchas de ellas con circunscripciones especiales como las negritudes y los indígenas, tendría un valor real mayor del que tiene en el sistema bicameral. Imaginen que en un Congreso de 72 miembros ellos tengan 8 curules. Estaríamos hablando de un 11,5 % de las mismas. Distinto al actual sistema donde no representan ni el 0,5% de los votos.
Octavo. Se le quita poder de chantaje a los partidos políticos. Ya el presidente de turno no deberá lidiar con casi tres centenares de personajes con distintos intereses sino con esos pocos que, ojalá, el pueblo tenga la inteligencia de elegir.
Obviamente, para implementar este sistema, se requiere de un acto legislativo que jamás, ni en sueños, aprobará el Congreso de la República. Por ellos incrementarían esa cifra a 400 legisladores, para que cupieran en ese recinto sagrado sus familiares y testaferros. Significa esto que solo durante un proceso constituyente se podría adoptar este sistema. Si lo llegara a haber, algo muy probable por la crisis institucional por la que pasamos, el proceso de paz de La Habana o una mayoría arrasadora de votos en blanco durante las presentes elecciones, habrá candidatos que adopten este discurso. Está en sus manos apoyarlos o no.
También aparecerán los detractores al sistema unicameral y, desde ya, les digo quienes son: aquellos políticos que han hecho de esta actividad un negocio. Aquellos políticos que no tienen título profesional. Aquellos ambiciosos de poder que saben que se les reducen las posibilidades de llegar al Congreso. Los partidos políticos que verían reducidas sus arcas por cuanto la Registraduría debería pagar menos votos.
Y para los que lleguen a pensar que 72 miembros son muy pocos, les recuerdo que la actual Constitución, que consta de 366 artículos, fue diseñada, discutida y aprobada por 72 Constituyentes en un lapso de 6 meses. Eso sí, bien trabajaditos.
Y si nos ponemos a pensar el Estado, en serio, como el ente que tiene la obligación de generar progreso y bienestar a sus habitantes (léase, educación gratuita y de calidad, salud digna, empleos bien remunerados y seguridad ciudadana, entre otros), en próximas columnas les puedo demostrar que, con el fortalecimiento de los municipios, también sobran todas las gobernaciones y asambleas departamentales con su corrupción ineficiencia y oneroso costo. Dinero con el cual podemos fortalecer esas deficiencias que nos hacen cada vez un país rico para los ricos pero atrasado y sin oportunidades para los pobres.
