Entre 2015 y 2017 el gobierno nacional aportó cerca de $75.000 millones en la cofinanciación de proyectos regionales para el mejoramiento de la seguridad vial que gracias al trabajo conjunto y sincronizado de alcaldes y gobernadores con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) consiguió en 2017, con tan solo 6.718 decesos, una de las metas más importantes para la consolidación de una política pública soportada en la descentralización como herramienta efectiva para romper la creciente de muertos viales que en 2014 contó 6.352 víctimas fatales, 6.831 en 2015 y 7.158 en 2016.
La ANSV administra cuantiosos recursos provenientes del 3% del recaudo de todo SOAT vendido en el país, además del 1,5% de los recursos que se recaudan cuando se realizan exámenes médicos para obtener o refrendar la licencia de conducir, la revisión técnicomecánica de vehículos, y cursos para aprender a conducir o para obtener descuentos en el valor de las multas de tránsito.
En 2018 la ANSV modificó su estrategia hacia la centralización de los recursos de la seguridad vial concentrando su acción territorial en un convenio directo con la financiera estatal Findeter que se llevó $35.000 millones que bien podrían haberse dirigido a la sostenibilidad de los proyectos regionales a fin de mantener los resultados obtenidos en materia de reducción de la mortalidad vial hasta el año anterior. Este convenio destinado para desarrollar "pequeñas grandes obras", al que le fueran presentadas observaciones desde la procuraduría, no resolvió la problemática propia a la reducción de la muerte en las vías del país en el año que terminó, y en la actualidad presenta un panorama complejo por cuenta de la no ejecución plena de los recursos.
La realidad hoy de la seguridad vial nacional demuestra que mientras los recursos administrados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial no irriguen al país completo en sus regiones, no se lograrán resultados aceptables y sostenibles en las cifras de mortalidad vial. Un país en donde el 70% de los municipios no tiene cómo generar recursos económicos para atender su seguridad vial local, ofrece un panorama sombrío para los actores viales que, por cuenta de la carencia presupuestal que se padece en muchas regiones para financiar los programas tendientes a salvaguardar la vida en las vías, como la fiscalización electrónica, señalización, semaforización, fortalecimiento de las autoridades de tránsito para el ejercicio del control al cumplimiento de las normas de tránsito y ejecución de programas de formación focalizados a los actores generadores de riesgo como motociclistas y peatones. Es tiempo de comprender que sin contar con herramientas institucionales de control vial en todos los municipios del país no se le ganará la pelea a la muerte en las carreteras.
Las causas de la mortalidad vial se asocian primordialmente al comportamiento de los actores viales conductores, motociclistas, ciclistas, peatones y pasajeros, a quienes se impacta permanentemente con campañas de sensibilización, que en virtud de la estadística parecen no consiguen formar hábitos en el marco de una sana ciudadanía vial. Son dos los paradigmas que deben modificarse para sumar vida a los indicadores de la seguridad vial nacional en función al comportamiento humano: el "síndrome de la no consecuencia" y el sentir de la "ilegalidad aceptable"; mientras la publicidad y el mercadeo sean las herramientas estatales para afianzar la seguridad vial por encima de la educación y el pleno control en todo el territorio, será inevitable continuar sumando víctimas año a año.
