Después de que la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU publicara el último informe sobre Colombia, un malestar se generó en el gobierno nacional. Y es que el informe no deja bien para al país según la documentación que hizo la oficina durante el 2019. Alberto Brunori, representante de la oficina en Colombia, aseguró que todavía falta mucho por hace a pesar de resaltar el compromiso del gobierno Duque. Ante el informe, el gobierno salió a desmentirlo, principalmente en tres puntos relacionados con la implementación del acuerdo de paz. El consejero para la Estabilización, Emilio Archila, aseguró que no es verdad que el gobierno no haya avanzado nada en los programas PDET, en la protección de los excombatientes y en la vinculación de los PDET con los planes de reparación colectiva a las víctimas.
Alberto Brunori defiende el informe de su oficina e insiste en las recomendaciones presentadas no solo en este informe sino en los anteriores.
¿Cuál es el trabajo de campo que hacen desde la ONU que da como resultado el informe que presentaron en las últimas horas?
La oficina tiene alrededor de 10 oficinas distribuidas en el territorio nacional y, evidentemente, tenemos un trabajo de verificación de la situación de derechos humanos y de acompañamiento a las autoridades nacionales y locales, digamos, de asistencia técnica para hacer frente a mejorar la performance del Estado colombiano en materia de derechos humanos, es un poco nuestra función.
¿Cuál es la principal conclusión del informe que ustedes se entregaron en las últimas horas?
Yo creo que la alta comisionada hace una revisión, un poco, del proceso del acuerdo de paz, reconoce la importante reintegración de los excombatientes y, digamos, reconoce y llama, felicita al ejemplo colombiano por ser un ejemplo importante y, obviamente, señala algunos de los retos del acuerdo de paz, como por ejemplo el tema de la implementación de la reforma rural u otros temas de derechos humanos, algunos de los cuales también están en el acuerdo, por ejemplo manifiesta la preocupación sobre la muerte, el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, entre otros temas.
Sobre ese punto, que tiene mucho que ver con la implementación del acuerdo de paz, la ONU habla de que esta es una tendencia que viene en aumento desde el año 2016. Pero me llama la atención algo y es que la cifra de la ONU no coincide con la cifra del Gobierno, ustedes hablan de más de 100 asesinatos y el gobierno habla de 84 asesinatos, ¿por qué se diferencia de criterios?, ¿cómo llegan ustedes a esa cifra?
Yo creo que, no sé cómo llega el Gobierno, pero en realidad la cifra que utiliza el gobierno normalmente es la nuestra, digamos, hay un tema a veces de corte de fechas y nosotros trabajamos muy de cerca con la Fiscalía General de la Nación.
Entonces, digamos las cifras coinciden y normalmente nosotros, nuestros casos que son 108 en 2019, hemos podido detectar más de un 50% de casos que hacen avance en la investigación o inclusive en los juzgados.
Entonces, digamos que creo que a veces hay confusión con las cifras y yo siempre digo que insistir en la cifra es arriesgado porque el tema fundamental es que un número de 100, que sean 110 o que sea 90, es un número de preocupación y eso es que hay que tomar las medidas necesarias para que eso no suceda, más allá del debate sobre la cifra, obviamente, porque la Defensoría del Pueblo también tiene otra cita y son altamente respetables y tenemos que trabajar sobre las causas estructurales, ese es el mensaje de la alta comisionada.
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En el informe que presentaron también hablaron del Esmad y en particular me llamó la atención que mencionaban que algunos oficiales de la policía perpetraban actos contra los manifestantes de las protestas que podría implicar tortura y tratos crueles, como desnudez forzada, amenazas de muerte con matices racistas y golpizas. ¿Ustedes tienen documentados estos casos?, ¿tienen pruebas de que estás, además del caso de Dylan Cruz que es bastante conocido, tienen documentados cuántos otros casos?
Sí miré, digamos, el informe no habla sobre eso, el informe enfoca el tema de la protesta social diciendo que las protestas en su mayoría fueron pacíficas y que hubo grupos o individuos que hostigaron tanto a los policías como a los manifestantes y destruyeron infraestructura privada y pública y eso es de condenar, no hay más, sin peros ni más.
El tema es que la reacción de la Policía en ciertos casos sí se ha extralimitado, nosotros tenemos, evidentemente cuando hablamos nosotros desplegamos en varias ciudades del país el equipo de observación y hemos ido a ver experiencias, etc, y documentamos algunos casos que dan, por ejemplo ahí citamos de una mujer, pero también hemos visto casos en que han sido desnudados los jóvenes y en esos casos, evidentemente nosotros no tenemos, digamos no tenemos prueba judicial que no nos corresponde, nosotros no entramos en el tema judicial, no somos tribunal ni somos jueces, pero sí alertamos al Estado cuando verificamos qué algunos casos pudieron haber sido y eso tiene que ser investigado y ese es el llamado que hace la oficina.
Ustedes hacen un llamado a una profunda transformación del Esmad, ¿a qué se refieren exactamente?, ¿qué deberían hacer desde el Ministerio de Defensa para modificar los protocolos del Esmad?, ¿qué está fallando según Naciones Unidas?
Yo creo que un buen ejemplo ha sido el protocolo que se ha implementado aquí en Bogotá, en el sentido que, para empezar ahí escalonamiento de tipo de intervención, que el Esmad debería estar retirado, por ejemplo, esas son cuestiones que ya existen y hay protocolos aquí en Colombia, inclusive que se basan en estándares internacionales, tanto en el sistema de Naciones Unidas como del sistema interamericano.
Entonces, no hay nada que reinventar, se trata sólo de aplicar los controles que sean necesarios para evitar que se puede usar el uso excesivo de la fuerza, el uso de las armas largas en materia de seguridad pública, en materia de marchas y protestas no debería de darse.
Entonces, hay una serie de medidas que se pueden tomar para disminuir los riesgos, eso es lo que dice el informe.
¿Cómo transformar o reformar el Esmad teniendo en cuenta que, según la propia Alcalde de Bogotá, detrás del vandalismo de las protestas estaban las disidencias de las FARC y posiblemente también el ELN?, ¿qué hacer en ese caso?
Bueno, pero es que, si hay, por eso decía los grupos criminales se condenan siempre y donde sea, o sea si hay grupos ilegales, criminales, etc, eso hay que investigarlo, aislarlo e identificarlos.
Pero no quiere decir que todos los marchantes no puedan, el derecho a la protesta pacífica es un derecho, entonces se tiene que garantizar el derecho de la marcha y, por supuesto, tener la Policía que haga su trabajo, pero no quiere decir que pueda haber excesos en el uso de la fuerza.
Es decir, son dos cosas separadas, en la oficina en ningún momento defiende que haya grupos criminales y más bien hay que dar duramente con los responsables, eso sin duda.
En el informe ustedes dicen que ven con preocupación el recurrente uso del traslado por protección, que es una medida que está en el código de Policía, que es un artículo del código de Policía, ¿ustedes están sugiriendo eliminar esa figura del ordenamiento normativo colombiano?
Pues había que darle una revisión porque sí, efectivamente, para nosotros no corresponde a estándares de certeza jurídica, entonces habría que afinarlo porque responde, como dice el informe, da niveles de arbitrariedad, posible arbitrariedad que, obviamente, son peligrosos porque pueden crear, justo lo dice la palabra, arbitrariedad y eso no es conveniente.
El Gobierno Nacional ha dicho reiteradamente, incluso ayer el Ministro de Defensa, seguramente usted lo vio, respondió al informe de Naciones Unidas señalando que el Esmad cumple con todos los protocolos internacionales, incluso los que pide Naciones Unidas y qué es un cuerpo de contención como existe en más de 100 países del mundo. De alguna manera el Gobierno colombiano dice que no hay razón para esas modificaciones de los protocolos, ¿qué opina usted?
Bueno, digamos estamos dispuestos a conversar con toda la seguridad y eso es lo que hacemos normalmente, o sea, no son temas nuevos ni en Colombia ni en ningún lado, no es (…) de la alta comisionada sirve como un instrumento para mejorar la performance y evitar problemas, debe ser tomado en ese sentido.
Nosotros hemos llegado a esa conclusión y pensamos que una transformación evitaría posibles violaciones a derechos humanos y sobre esa base discutiremos y esas son recomendaciones que no se dan solo a Colombia, sino que se dan en varios de los países de la región que últimamente han tenido protesta social.
Sí uno lee los informes de la alta comisionada, revisa las recomendaciones en todo el continente, entonces, creo que es un punto de partida importante para la discusión y espero que así sea con las autoridades del Estado colombiano.
¿Qué tanta interlocución tiene usted con las autoridades colombianas?
Ah no, tengo muy buena interlocución y es más, señaló en la presentación del informe la apertura que ha habido tanto por parte del Ministerio de Defensa como por parte del Ministerio del Interior a discutir estos temas que, evidentemente, son muy complicados, son difíciles, pero yo he encontrado una apertura absoluta del Gobierno colombiano y así también la renovación de la presencia de la oficina señala que cuando un estado pide a una oficina de la alta comisionada de estar presente en el territorio, eso es de valorar y reconocer, que quiere decir que hay apertura para discutir los temas de derechos humanos, inclusive los más difíciles.
La primera tendencia a esta hora en redes sociales en Twitter en Colombia es #FueraONUDeColombia, ¿qué opinión le merece usted que haya un sector de la población que considera que tal vez lo que hace la ONU en Colombia es excesivo o que se está entrometiendo en asuntos internos o que considera que no debería opinar sobre temas como estos?
Bueno, se respeta la libertad de opinión, por supuesto, faltaba más.
Mire, nosotros estamos aquí a invitación del Estado colombiano, el Presidente Duque ha renovado el acuerdo, yo vuelvo a decir, reconozco y valoró muchísimo, la alta comisionada valora y lo acaba de presentar en el informe en Ginebra al Consejo de Derechos Humanos y dijo textual que valoraba la iniciativa del Presidente Duque de renovar el mandato.
Es decir, cuando un Estado pide, estamos aquí invitados y nosotros reconocemos esa presencia, no somos ni fuente de oposición ni mucho menos, nosotros estamos aquí para ayudar al Estado colombiano y la sociedad colombiana.
A veces tenemos que decir las cosas difíciles y eso es nuestra función.
