Pocos conocen tanto la realidad de la guerra y su relación con la política como Eduardo Pizarro. Tiene la experiencia y formación para hablar de ella, de paz y de política tanto desde la academia a la que le ha dedicado casi toda su vida. Sus análisis los convierten con facilidad en textos fáciles de entender que no solo se quedan en los salones de clase sino que llegan convertidos en interesantes libros a las manos de miles de lectores.
Este miércoles a las 5.30 de la tarde en la Librería Lerner de la calle 93 en medio de una conversación con Armando Borrero y Eduardo Herrera, Pizarro Leongómez hará el lanzamiento de su más reciente libro Ni golpes militares ni golpes civiles, en el que expone en medio de la actualidad nacional, porque Colombia se destaca por su sólida tradición civilista, siendo el país de Iberoamérica con menos años bajo gobiernos militares y con escasas rupturas institucionales lideradas por la élite civil.
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Con un detallado análisis histórico, Eduardo Pizarro revela cómo, desde el siglo XIX hasta la actualidad, la civilidad ha prevalecido en Colombia, proporcionando una base firme para una democracia estable y resiliente, incluso en tiempos de crisis.
El nuevo libro de Pizarro, editado y publicado por Penguin Random House, ofrece una interpretación de la institucionalidad que ha definido al país durante siglos. Además, plantea preguntas cruciales sobre cómo proteger y fortalecer la democracia frente a la polarización, el autoritarismo y la desconfianza ciudadana en los tiempos que corren. Una lectura imprescindible para comprender algunas claves de la historia política colombiana.
Sobre el autor:
Eduardo Pizarro Leongómez es profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia. Fue presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) e integró la Junta Directiva del Fondo de Víctimas de la Corte Penal Internacional. También se desempeñó como embajador en Holanda y ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ). Fue relator de la Comisión de Historia del Conflicto y sus Víctimas en las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana.
Fragmento del Capítulo I
Fuerzas Militares: una vocación civilista
Colombia ha sido, a pesar de la violencia persistente que ha sufrido el país en muchos períodos de su historia, percibida en el exterior como uno de los regímenes políticos más estables de América Latina. Paradoja que el profesor Daniel Pécaut en su obra más aplaudida resumió mediante la célebre fórmula “orden y violencia”1 . Otros autores, como Malcolm Deas, hablan del “orden dentro del desorden”2 y, en la misma línea de pensamiento, el informe de la Comisión de Estudios sobre la Violencia convocada en 1987 por el gobierno de Virgilio Barco se tituló Colombia: violencia y democracia. Esta percepción proviene, sin duda y tal como argumentamos en la introducción, desde la disolución de la Gran Colombia y el nacimiento de la República de la Nueva Granada hasta el día de hoy, pues han ejercido la Presidencia de la República un número abrumador de gobiernos electos y ha habido muy escasas rupturas institucionales. Al respecto, Malcolm Deas sostiene que “esta república ha sido escenario de más elecciones, bajo más sistemas, central y federal, directo e indirecto, hegemónico y proporcional, y con mayores consecuencias, que ninguno de los países americanos o europeos que pretendiesen disputarle el título”.
Tras la independencia de España y Portugal, todos los Estados de América Latina adoptaron un régimen republicano —a imagen y semejanza de las instituciones que habían surgido en los Estados Unidos tras su separación de la Gran Bretaña—, con la solo excepción de México y Brasil, que adoptaron un régimen monárquico. El primer Imperio mexicano fue dirigido por Agustín de Iturbide, bajo la denominación de Agustín I de México. Su mandato fue, sin embargo, muy corto (1821-1823) y, años más tarde, el segundo Imperio mexicano, instaurado tras la llamada Segunda Intervención Francesa y bajo el mando del emperador Maximiliano de Habsburgo sería, así mismo, muy breve (1863-1864). En el caso de Brasil, el régimen imperial fue más prolongado, pues, entre Pedro I (1822-1831) y Pedro II (1831-1889) transcurrieron 58 años, hasta la creación de los Estados Unidos de Brasil (1889-1968), denominación que en este último año se cambiaría por la actual República Federativa de Brasil.
En el caso de Colombia, en la tradición civilista y republicana —tal como han argumentado múltiples historiadores— jugaron un papel clave los dos primeros gobernantes que tuvo el país en la naciente República de la Nueva Granada, el general Francisco de Paula Santander (1832-1837) y el abogado José Ignacio de Márquez y Barreto (1837-1841). No solamente fueron electos con base en las normas de la Constitución de 1832 —la primigenia tras la disolución de la Gran Colombia—, sino que eran con otras personalidades de la época, como Vicente Azuero, Florentino González y Francisco Soto, representantes de la tendencia civilista que enfrentó a las fuertes corrientes militaristas heredadas de las guerras de la Independencia e impuso muy temprano un discurso republicano y liberal, fundado en la subordinación y la no deliberación de las fuerzas militares4 . No en vano Santander fue denominado el “hombre de las leyes”. En contraste, en Venezuela, la figura que marcó su tradición política dominada por líderes militares con fuerte liderazgo caudillista fue el héroe de la Independencia y su primer presidente tras la disolución de la Gran Colombia, el general José Antonio Páez, quien en alguna ocasión había afirmado “que a un hombre como él le valían más las armas que las leyes”. Una frase que también hubiese podido pronunciar el primer presidente de Ecuador (1830-1834), el general Juan José Flores, originario de Puerto Cabello en el actual estado de Carabobo en Venezuela.
La tradición civilista se vio reflejada muy temprano, pues, según el historiador Marco Palacios, Colombia fue el primer país en América Latina “que practicó la alternancia, en las elecciones de 1837”6 , cuando el general Francisco de Paula Santander del Partido Progresista, el germen del Partido Liberal (1848), le entregó sin contratiempos el poder a José Ignacio de Márquez del Partido Ministerial, el germen del Partido Conservador (1849), quien había triunfado en las urnas derrotando al candidato que gozaba del apoyo de Santander, José María Obando.
El predominio de gobiernos electos condujo a que Colombia haya sido “el país que ha vivido menos años bajo gobiernos militares” en Iberoamérica7 , incluso superando a Costa Rica, que ha gozado también de una gran estabilidad democrática. Si bien en el siglo XIX tuvo algunos gobiernos de facto, en el siglo XX solo soportó el golpe militar del 27 de enero de 1917 liderado por el entonces secretario de Guerra y Marina, el general Federico Alberto Tinoco quien, tras pocos meses, fue ratificado en las urnas en unas elecciones no exentas de dudas. Y, en todo caso, el Ejército fue disuelto tras la guerra civil que sufrió este país entre marzo y abril de 1948. El 1.º de diciembre la Junta Fundadora de la Segunda República liderada por José Figueres Ferrer anunció la abolición del Ejército Nacional mediante el Decreto 749 del 11 de octubre de 1949, “por considerar suficiente para la seguridad de nuestro país la existencia de un buen cuerpo de policía”.
Al igual que en Costa Rica, otra rara avis, en nuestro país los gobiernos de inspiración militar o cívico-militar se pueden contar con los dedos de la mano. La frase reproducida el 7 de marzo de 1974 en un diario de República Dominicana, El Nacional y atribuida a un oficial comentando la detención temporal del principal candidato de la oposición para las elecciones presidenciales de 1974, “la constitución es una cosa; los militares somos otra”8 tiene, sin duda, altísima probabilidad de ser cierta en muchos países y en muchos momentos de la historia de América Latina, pero no en Colombia. Si nos atenemos a la sofisticada contabilidad que llevó a cabo David Palmer entre 1930 y 1980, en la totalidad de las naciones de América Latina y el Caribe hubo en aquellos años 277 cambios de gobierno, de los cuales 104 (el 37,5 %) se llevaron a cabo mediante golpes militares, ya fuese mediante el derrocamiento de gobiernos civiles, ya fuesen “golpes a los golpistas”, como los denomina el profesor Javier Duque. En efecto, los golpes palaciegos no son exclusivos de los gobiernos civiles. También son posibles en gobiernos de facto. En Argentina, entre 1943 y 1982, se produjeron, además de cinco golpes de Estado contra gobiernos constitucionales, siete derrocamientos de jefes de Estado de facto, realizados por otras camarillas militares10. Por ejemplo, durante el período denominado de la “revolución argentina”, entre 1966 y 1973, se produjeron dos golpes palaciegos sucesivos: el general Juan Carlos Onganía fue sustituido por el general Roberto Levingston y este, a su turno, por el general Alejandro Lanusse. Tal como se puede observar en la tabla 3, la última ola de golpismo militar contemporáneo en América Latina tuvo lugar tras la Revolución cubana y el ingreso de lleno de nuestra región en la Guerra Fría, es decir, entre 1960 y 1983, en donde hubo tanto gobiernos militares altamente autoritarios, como gobiernos militares provistos de un proyecto reformista en naciones tales como Perú, Ecuador y Panamá.
