Según la RAE, la categoría “Tensión tiene varios significados, entre ellos “Estado de oposición o hostilidad latente entre personas o grupos”. Es así que, desde la familia como célula básica de la sociedad, en el otrora orden social, se presentan tensiones entre los padres, tensiones entre padres e hijos, tensiones entre hermanos, tensiones entre los jóvenes en el ecosistema escolar, hasta llegar a la superestructura de la sociedad, el Estado. Colombia es un país complejo, donde las tensiones sociales, políticas y económicas han moldeado y continúan influyendo su historia y su presente. Las líneas siguientes buscan aportar elementos clave que subyacen en la persistencia de estos conflictos, desde la lucha por la tierra y los recursos, hasta las problemáticas de gobernabilidad y las profundas desigualdades sociales.
- Tensiones históricas: conflicto armado y exclusión social
Uno de los aspectos más destacados en el análisis de las tensiones colombianas es la historia de conflicto armado que ha asolado al país durante décadas. La presencia de guerrillas, como las FARC y el ELN, y de grupos paramilitares, además del narcotráfico, ha dejado cicatrices profundas en el tejido social y ha hecho de Colombia un país circular de violencia que parece difícil de romper. A pesar de la firma de acuerdos de paz, como el alcanzado con las FARC en 2016, el cumplimiento y consolidación de la paz enfrenta retos importantes, entre ellos el asesinato de más de 1200 líderes sociales (Human Rights Watch, 2024), las dificultades en la reintegración de excombatientes y la presencia de nuevos grupos armados. Colombia es un país caracterizado por la alta concentración de la propiedad agraria, el 10% de los mayores propietarios posee el 80.57% del área rural de predios privados (IGAC, 2024), lo cual perpetúa la marginalización de campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes.
- Desigualdad y pobreza: una brecha creciente
Colombia exhibe un elevado nivel de desigualdad, reflejado en el índice de Gini de 54.6% (DANE, 2024) que supera el promedio regional. Esta situación se traduce en una notable disparidad en el acceso a servicios básicos, educación, salud y empleo. Las oportunidades de desarrollo no son equitativas, y las brechas entre el sector urbano y rural agravan las condiciones de vida en el campo, impulsando la migración hacia las ciudades y la búsqueda de alternativas en economías informales. Durante la pandemia de COVID-19, la pobreza y la informalidad se agudizaron. Millones de colombianos cayeron por debajo de la línea de pobreza, ubicándose en 2023, la pobreza monetaria en 33,0% (DNP, 2024) y la informalidad según datos del DANE (2024) entre marzo y mayo, por cada 10 trabajadores, seis se reportaron en condición de un trabajo informal.
- Tensiones políticas: polarización y gobernabilidad
La política colombiana está marcada por una creciente polarización, especialmente visible en los últimos años. Esta polarización es producto de años de divisiones ideológicas, y la fragmentación política, tanto al interior de los partidos tradicionales como a la consolidación de fuerzas progresistas, ha hecho difícil el avance de reformas necesarias para el país como la laboral, la de salud, la política y la de educación que, en el último siglo, ha sido asaltada por el leviatán del neoliberalismo. Las administraciones enfrentan un ambiente de desconfianza y oposición constante, que en muchos casos han generado parálisis legislativa como resultado de la guerra jurídica – lawfare (versión macondiana) -, y han obstaculizado procesos de reforma y obstaculizado la ejecución presupuestal como viene ocurriendo con el actual gobierno progresista.
- Tensiones territoriales y ambientales
Colombia es un país con una enorme riqueza ambiental, especialmente en regiones como la Amazonía, el Chocó y la Orinoquía. Sin embargo, estas áreas también enfrentan grandes tensiones debido a la explotación de recursos naturales y la expansión de actividades como la minería, por parte del gran capital financiero internacional, la ganadería y el cultivo ilícito de coca. La deforestación, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de la soberanía alimentaria y la contaminación son problemas graves que no solo afectan el medio ambiente, sino también las condiciones de vida de las comunidades que habitan estas zonas. Colombia se encuentra en una encrucijada entre su dependencia de las industrias extractivas, como el petróleo y el carbón, y la necesidad de adoptar un modelo económico más sostenible. La matriz de transición energética implica desafíos en términos de empleo y economía, especialmente en las regiones que dependen de estos sectores, lo cual añade nuevas tensiones sociales y económicas al país.
- Protestas sociales y demanda de reformas estructurales.
La juventud, los movimientos estudiantiles, los sindicatos y las comunidades campesinas marginadas han salido a las calles en los últimos años para exigir reformas estructurales que aborden los problemas de desigualdad, corrupción y exclusión social. Las protestas de 2019 y el paro nacional de 2021 evidenciaron el malestar social acumulado y la urgencia de cambios profundos en la estructura política y económica del país entregando un NO rotundo a los tentáculos del neoliberalismo. Estos movimientos han sido reprimidos de manera sistemática por la fuerza pública, lo cual ha suscitado críticas sobre el uso excesivo de la fuerza y la falta de respeto por los derechos humanos. Las demandas de la población no se limitan solo a mejores condiciones económicas, sino que también exigen un nuevo modelo de desarrollo inclusivo y equitativo que responda a las necesidades de todos los sectores de la sociedad, en particular a los ciudadanos de menos recursos, que históricamente, han sido marginado del radar de las élites en el poder desde la colonia.
- Tensiones en el sector educativo. Neoliberalismo y asalto a la educación
Las tensiones en el sector educativo en Colombia son un reflejo de los desafíos estructurales y de las desigualdades que atraviesa la sociedad colombiana y como bien lo plantea Rosa María Cañadell (2018), el Neoliberalismo no es sólo un sistema económico, basado en la acumulación de más capital cada vez en menos manos, con el aumento de la pobreza y la desigualdad que ello conlleva, sino también, como explica Christian Laval: "una remodelación de la subjetividad que «obliga» a cada persona a vivir en un universo de competición generalizada, organizando las relaciones sociales según el modelo del mercado y transformando incluso a la propia persona, que en adelante es llamada a concebirse y a conducirse como una empresa, un emprendedor de sí mismo" (Laval y Dardot, 2013). Y para todo ello es imprescindible la educación. En correlato, no es gratuita la estrategia de formación por competencias que se viene desarrollando, en principio por las instituciones educativas orientadas a la formación para el trabajo, y que, en el marco nacional de cualificaciones, apunta a su generalización en todo el sistema educativo colombiano.
Estas tensiones se ven en aspectos como el acceso a la educación de calidad, la inequidad entre zonas rurales y urbanas, la infraestructura deficiente, la crisis en la formación docente, la falta de financiación, y las tensiones alrededor del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC). Veamos algunas tensiones del sector
Desigualdad en el acceso y calidad educativa. La inequidad en el acceso a una educación de calidad es uno de los mayores problemas del sistema educativo colombiano. Las disparidades entre zonas urbanas y rurales son especialmente notables: en las áreas rurales, los estudiantes tienen menos acceso a infraestructura adecuada, materiales educativos y docentes capacitados. Esto genera que los estudiantes en estas zonas se enfrentan a dificultades adicionales y obtienen peores resultados académicos en comparación con sus pares urbanos, perpetuando un ciclo de pobreza y exclusión.
Financiación insuficiente y privatización de la educación. El sistema educativo en Colombia enfrenta una crisis de financiación. Los recursos asignados al sector educativo, aunque importantes, suelen ser insuficientes para cubrir las necesidades del sistema, especialmente en la educación pública. Esta limitación de recursos ha llevado a que muchas instituciones educativas no cuenten con la infraestructura adecuada, que los salarios de los docentes sean bajos, y que los programas de apoyo para estudiantes vulnerables sean escasos. Esta falta de financiación ha incentivado la privatización de la educación, especialmente en el nivel superior, donde las instituciones privadas han crecido en cantidad y alcance. Esto crea un sistema en el que el acceso a la educación de calidad depende, en muchos casos, de la capacidad de pago de las familias, perpetuando la desigualdad y generando un sistema educativo excluyente.
Infraestructura educativa deficiente. Las condiciones de la infraestructura escolar en Colombia son una preocupación central, especialmente en las zonas rurales y periféricas. Muchas instituciones carecen de aulas adecuadas, acceso a agua potable, baños en buen estado, tecnología y bibliotecas, limitando el desarrollo integral de los estudiantes y afectando su rendimiento académico. La falta de condiciones óptimas también influye en la motivación y en la permanencia de los estudiantes en el sistema, pues los entornos poco seguros y deteriorados desincentivan el aprendizaje y la asistencia regular.
Crisis en la formación y condiciones de los docentes. La situación laboral de los docentes en Colombia es un tema crítico. Los bajos salarios, la falta de estabilidad laboral y las condiciones de trabajo desiguales son tensiones que afectan directamente la calidad educativa. Los docentes en zonas rurales enfrentan retos adicionales, incluyendo la falta de recursos, el aislamiento y, en algunos casos, la presencia de conflictos armados, lo que dificulta su trabajo y afecta su bienestar. La falta de inversión en la formación continua de los docentes también es un problema, ya que limita su capacidad de actualización en métodos pedagógicos y en el uso de nuevas tecnologías. Los sindicatos de docentes han manifestado su descontento ante estas condiciones, y las protestas por mejoras laborales y por una mayor inversión en educación han sido frecuentes en los últimos años.
El Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) y la profesionalización. En los últimos años, el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) ha generado tensiones en el sector educativo y en los gremios docentes. Este sistema, promovido para organizar y estandarizar la cualificación de los trabajadores, ha sido criticado por sindicatos y académicos, quienes consideran que las multinacionales priorizan las necesidades del mercado laboral sobre la formación integral de los estudiantes. El MNC ha enfrentado críticas por parte de los sindicatos, como Sindesena Nacional, que señalan que el modelo educativo puede terminar promoviendo una capacitación técnica superficial que no responde a las necesidades formativas completas de los estudiantes. Argumentan que el MNC se enfoca en la “empleabilidad” de corto plazo, limitando el desarrollo de habilidades críticas y de largo plazo. Esta situación se percibe como una amenaza para la profesionalización del trabajo técnico, y como una posible vía para la precarización laboral en el sector educativo y en los empleos relacionados con la formación técnica
7. Tensiones y construcción de humanismo
La exclusión, la discriminación y la falta de reconocimiento pueden llevar a que ciertos grupos o personas no se sientan parte de la comunidad humana en su totalidad, generando alienación y deshumanización (Nussbaum, 2011). Cuando los individuos experimentan estas tensiones, su sentido de valor y respeto hacia sí mismos se ve comprometido, afectando su capacidad para participar en la sociedad de manera plena y significativa. Por ejemplo, el filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman (2013) argumenta que, en la "modernidad líquida", las estructuras sociales que antes proporcionaban un sentido de identidad y pertenencia se han vuelto inestables, lo cual provoca una serie de tensiones que afectan directamente la construcción de la humanidad.
La construcción de la humanidad, entendida como el proceso mediante el cual los seres humanos desarrollan y consolidan estructuras sociales, culturales y éticas que permiten la convivencia, la cooperación y el desarrollo de valores compartidos, ha sido un tema de interés constante en las ciencias sociales y humanas. Las tensiones que surgen en este proceso, ya sea a nivel individual, social o global, tienen un impacto significativo en la configuración de lo que significa ser humano en diferentes contextos (Bauman, 2013). Estas tensiones pueden manifestarse en conflictos políticos, económicos y culturales, que a su vez afectan la identidad, la dignidad y el sentido de pertenencia de los individuos.
Las diferencias culturales, religiosas y de valores son fuentes comunes de tensiones en la construcción de la humanidad. La globalización ha puesto en contacto a sociedades con sistemas de valores distintos, generando una constante negociación entre la preservación de las identidades culturales y la adopción de valores universales de derechos humanos y justicia (Sen, 2009). Estas tensiones culturales pueden, por un lado, enriquecer la construcción de la humanidad al promover el entendimiento intercultural; pero también pueden generar conflictos que amenacen la cohesión social, en especial cuando un grupo percibe que su identidad o valores están en peligro (Huntington, 1996).
Las tensiones económicas, derivadas de la disparidad en la distribución de recursos, representan un obstáculo fundamental en la construcción de una humanidad justa y equitativa. La economía global, en su configuración actual, tiende a concentrar la riqueza en manos de unos pocos, mientras una gran parte de la población vive en condiciones de pobreza y precariedad (Piketty, 2014).
- A nivel de reflexión: ¿Hacia dónde va Colombia?
El análisis de las tensiones en Colombia evidencia un panorama desafiante. Los problemas de desigualdad, corrupción, conflicto armado, y deterioro ambiental no son problemas aislados, sino que forman un sistema interconectado que requiere soluciones estructurales y un cambio en el modelo de desarrollo económico, social y político a lo cual se oponen los dueños del poder neoliberal a través de la oposición política de la mayoría de los miembros de la rama legislativa y judicial.
En línea con el párrafo anterior, el miércoles 16 de octubre, relata el portal infobae, la Plenaria de la Cámara de Representantes continuó la discusión sobre el polémico proyecto de reforma laboral, durante la cual se eliminaron los artículos 31, 32 y 33, que se referían al contrato agropecuario, al jornal agropecuario y a las condiciones de vivienda para los trabajadores del campo colombiano, decisión que fue celebrada con entusiasmo por varios miembros del Congreso, entre ellos Miguel Polo Polo. ¡Vergüenza planetaria, qué pena con los Alienígenas!
La respuesta del Estado progresista ante estas tensiones y la capacidad de implementar reformas inclusivas serán determinantes para definir el rumbo del país, máxime que ya despegó la campaña presidencial del 2026 para retomar al control del gobierno por parte de los hombres promercado. El camino hacia la estabilidad y el desarrollo sostenible en Colombia exige un pacto social que abarque a todos los sectores y comunidades, especialmente a aquellos que han sido históricamente marginados. Sin embargo, la resistencia a los cambios y la falta de voluntad política pueden seguir siendo obstáculos importantes. La búsqueda de un modelo más equitativo y sustentable para Colombia será, sin duda, una tarea ardua y de largo plazo, no de un solo periodo de cuatro años del primer gobierno progresista en 214 años de independencia, pero es esencial para construir un país en paz y con justicia social.
A pesar de las múltiples tensiones que afectan la construcción de la humanidad, los seres humanos han demostrado una capacidad notable para adaptarse, resistir y encontrar soluciones a los conflictos. La resiliencia social del pueblo colombiano, que permite a los individuos y comunidades sobreponerse a las adversidades y reconstruir el tejido social, es una herramienta fundamental en este proceso (Ungar, 2018). Las instituciones sociales y políticas, junto con los movimientos de la sociedad civil, juegan un rol clave al promover el diálogo y la cooperación, y al establecer normas que fomenten la justicia y el respeto mutuo y alcanzar la Paz Total del gobierno de Gustavo Petro.
@apostolfin
